De maricas y vivos con la prensa

Por Gabriel Monteagudo

Una cosa es que use el espacio del diario y  lo escriba así, sin más:  “vos sos marica”. La utilización de una palabra de alto contenido peyorativo como forma de estigmatizar una elección sexual es altamente discriminadora, y forma parte de un conjunto de derechos que los seres humanos hemos ganado como consecuencia de una larga lucha contra la señalización negativa de quienes creen que la condición sexual es una diferencia.

Hace unos años decirle a alguien “vos sos marica” significaba que uno de los dos iba a volver a su casa con un moretón en un ojo o un diente menos. La palabra, calificada como insulto por la Real Academia Española, publicada en un medio de comunicación  contra alguien,  lo hace pasible de un reclamo judicial por discriminación. Hemos avanzado y eso es bueno.

Ahora, si como ciudadano con pleno derecho a opinar sobre las cuestiones sociales y especialmente sobre el funcionamiento del Estado, digo públicamente que el Jefe Operativo de Tránsito es responsable por el cajoneo, o si se quiere, mal archivo de infracciones de tránsito realizados por el personal a su cargo, lo que digo es que el Jefe Operativo de Tránsito es responsable por la situación que ocurre en esa oficina. Y punto.

Sean una, trescientos, cincuenta como reconoció la funcionaria que declaró en la segunda audiencia en el juzgado de Carmelo, o quinientas, como fue la información inicial que dio el periodista Daniel Roselli, no cambia el fundamento de la información. No estoy diciendo “vos sos marica”, estoy señalando públicamente tal cual  lo amerita mi tarea como periodista, que no estás haciendo bien las cosas en el cargo que ocupas en representación del Estado.

Esa es información dirigida a un público que no solamente es usuario, sino que además paga el servicio que le presta el Estado, en este caso a través de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia.

No es ni más que menos que eso, y no hay nada en el mundo capaz de probar que dicha información es un intento malicioso de dejar mal parado al responsable de esa oficina.

Si la Justicia se tomara el trabajo de leer el muro de Facebook en EL ECO,  vería el comentario de al menos una persona con nombre y apellido que luego de publicar la información comentó que allí perdida, entre las que señaló EL ECO, debía estar la infracción de Tránsito que desde hace meses reclama en la Junta Local.

Una infracción que no aparece alcanza para justificar problemas de funcionamiento en esta oficina de la que es responsable el Jefe Operativo de Tránsito, y convalida por sí misma la información publicada en EL ECO.

Una boleta alcanza como alcanza una bala en un cadáver para acusar a alguien de homicidio.

Pero volvamos  al Jefe Operativo de Tránsito: argumentar y sostener que esa información fue publicada con malicia para perjudicarlo como persona, de la misma forma que antes se le decía a alguien “vos sos marica” para descalificarlo, es tan insostenible que no resiste el menor análisis.

 

Zimmer le rasca el lomo

Dicen quienes estuvieron en la reunión del insólito balance de período y medio que realizó el intendente en Colonia antes de tomarse licencia, que allí ante varios colegas,  Zimmer sostuvo que él no había encomendado a Sánchez iniciar juicio a EL ECO y que se enteró después que el jerarca se presentó en el juzgado.

Señor intendente: si Sánchez es un funcionario designado por usted, es decir que ingresó a la plantilla municipal cobrando un salario pagado por el pueblo de Colonia, por decisión suya,  y con los méritos que sólo usted entendió adecuados para ese cargo, está claro entonces que una vez enterado debió llamar a Sánchez y ordenarle, efectivamente como lo leyó, ordenarle, que volviera al juzgado y levantara la demanda.

Porque somos todos diferentes y reaccionamos de diferente forma, Sánchez pudo levantarse el sábado 5 de octubre y tras leer la nota enojarse de tal manera,  que decidió en ese momento que a primera hora del lunes presentaría una demanda contra EL ECO por sentirse injuriado. Tiene todo el derecho a hacerlo y la ventaja, además, de tener una compañera abogada que le evita los costos y la inevitable espera en la antesala de un estudio jurídico. Cuenta, además, con la certeza de que EL ECO le ofrece públicamente el espacio necesario para explicarle a la gente su opinión sobre la noticia publicada.

Ahora, si tras enterarse del hecho, usted, señor intendente, no lo conminó a abandonar la demanda, usted es responsable y cómplice de la acción tomada por su jerarca contra este medio de prensa.

Usted aprovecha la decisión de Sánchez para poner una mordaza sobre el único medio que en Colonia investiga y critica su gestión. El único medio que no se deja comprar por el sistema de captación de la voluntad de muchos colegas, acción que realiza mediante el pago de cuantiosas sumas de dinero con la fachada de publicidad, una modalidad que usted viene instrumentando tras ver el terrible estado de precarización al que someten las empresas de comunicación del departamento a sus periodistas.

Usted, señor intendente, es cómplice del accionar judicial de Sánchez contra EL ECO y esto lo dije ante periodistas de todo el país en el primer encuentro de Periodismo de Investigación que se realizó en Flores, se lo digo ahora por este medio y lo sostengo frente a frente cuando usted lo disponga.

Como cómplice de una clara actitud de intento de mordaza a la prensa, debería ser amonestado por la Justicia, esa misma a la que Sánchez presentó las quejas que usted apañó.

 La Justicia que mira y no ve.

El capítulo de la Justicia de Carmelo en este tema deja mucho que desear. Cabe recordar que en 2009, Uruguay aprobó la Ley Nº18.515 que despenalizó los delitos de comunicación. La reforma estableció que no tiene responsabilidad aquella persona que difunda información de interés público, sobre funcionarios públicos, sin mediar real malicia.

El argumento, que conocen de sobra los jueces, puede leerse en la página de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) que publicó su preocupación sobre este caso que mantiene a un periodista de EL ECO con una causa judicial abierta por el funcionario Sánchez por injurias desde el pasado 7 de octubre.

Allí se puede ver también el rechazo de la APU a la increíble decisión del juez Santiago Lorenzo, de Durazno, poniendo un decreto de censura previa a la periodista Estela Apollonio para recibir denuncias sobre la Policía, Policlínica y Juzgado de Villa del Carmen “so pena de incurrir en el delito de coautoría de difamación e injurias”.

En estos días y con buen criterio, la Suprema Corte de Justicia inició un sumario al juez. “En Montevideo no pasa esto, en el interior algunos jueces se hacen los vivos”, dijo uno de los connotados panelistas en el seminario, y coincido plenamente con esas afirmaciones.

La causa contra el periodista de EL ECO es por difamación e injurias, y como tal, es un trámite de rápida resolución. De hecho fue rápida la decisión de la jueza actuante que apenas 48 horas después de presentada la denuncia por Sánchez convocó a audiencia.

Sin embargo, desde entonces aquí estamos, esperando en Pampa y la vía. La causa pende como espada de Damocles sobre el ejercicio del periodismo, no ya sobre el colega, ni sobre el medio, porque al mantener la causa abierta, hay una clara señal de decirle a la prensa “ojo, no critiquen a ningún jerarca porque terminan ante nosotros en Tribunales”.

Para dilatar una causa indilatable per se, la fiscal pidió que la Intendencia le remita las trescientas treinta boletas mal archivadas según declaró la funcionaria de la Dirección, las que la fiscal dijo quería ver “una por una”.

Un disparate de forma, ya que si la fiscal quiere investigar desde la Justicia lo que ocurre en la Dirección de Tránsito, debería abrir una causa aparte y sacar a la prensa de este estado de “apriete virtual” al que está siendo sometido el libre ejercicio del periodismo desde la segunda audiencia, donde debió haber finalizado este proceso.

Al igual que el resto de la administración pública, la Justicia también está llena de mediocres y como bien dijo el representante de Unesco días atrás, el periodismo uruguayo se debe una profunda investigación sobre la Justicia y los jueces que la ejercen en nuestro país. “Se investiga mucho al poder ejecutivo y al poder legislativo, pero muy poco a la Justicia” dijo Guilherme Canela, consejero de Comunicación e Información para el Mercosur, Chile y países andinos en nombre de Unesco.

Mirado desde afuera, en pocos días se viene la feria judicial mayor y por lo tanto el periodista de EL ECO pasará al menos hasta febrero para conocer que fue cerrada la causa que se le imputa. No puede haber otra decisión, si no hay otro interés en la Justicia de Carmelo que por el momento desconocemos.

La libertad de informar a la población sobre los hechos de los funcionarios que afectan directamente la vida cotidiana de la gente no puede ser cercenada, porque sería ir contra la escencia misma de la República y contra el mismísimo Estado de Derecho que la Justicia debe proteger. No hay otro fallo posible que el archivo de la causa.

Demorarlo o continuar postergándolo, no es otra cosa que reconocer explícitamente lo que el colega señaló en el foro: en el interior, los jueces se hacen los vivos con la prensa.