La intendencia de Colonia pagó la irrisoria suma de mil ochocientos cuarenta y seis pesos por la importación de la camioneta Toyota, que luego utilzaría el ex intendente Walter Zimmer. A la comuna, la camioneta le costó 54.890 dólares.

Sin embargo, si un ciudadano común y corriente quiere tener una camioneta similar, deberá ir a la concesionaria con un fajo de billetes un poco más grande, ya que para pagar los gravámenes aduaneros, deberá gastar un ciento diez por ciento (110%) más del valor real del vehículo.

Comience en 54.890 dólares y saque la cuenta cuanto le costaría a usted la camioneta que maneja Walter Zimmer.

Así pudo conocer EL ECO esta semana, luego de constatar el valor de mercado de una camioneta similar a la que era propiedad de la intendencia, y que Walter Zimmer terminó reallizando una extraña triangulación con otra persona para comprarla por 63.900 dólares.

Según la página http://www.autoblog.com.uy/ publicada en noviembre de 2013, que apareció anunciando el lanzamiento en Uruguay de la Toyota Land Cruiser Prado 4.0 V6 VX 4WD A/T modelo 2014, el valor de mercado esa camioneta era de U$S 129.900.

Incluso el blog, señala su precio como un elemento en contra “El precio deja al Land Cruiser en el territorio de las marcas premium alemanas. Aunque tiene todos los elementos para darles pelea, no es lo mismo una marca generalista que una premium, a la hora de desembolsar casi U$S 130.000” señala este blog especializado.

En noviembre de 1991 -pleno gobierno de Luis Alberto Lacalle- se aprobó la Ley Nº 16.226 que era la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Prespuestal de su primer año de gobierno.

En esa ley, en el Artículo 463 y en solo tres renglones, quedó establecido como importarían los vehículos y maquinarias los organismos del Estado “Declárase que el Estado, los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución y los Gobiernos Departamentales, gozan de inmunidad impositiva, tanto nacional como departamental, por sus bienes y actividades no comerciales ni industriales”.

Inmunidad impositiva, dice la ley. Eso significa, entre otras cosas, la exoneración de un 22% de IVA más un 10 adicional impuesto para desestimular la importación, más un 34% de Imesi, más Irae, etc. etc. los que terminan sumando un 110 por ciento de gravámens sobre el valor de la importación.

Por eso, en este caso, una camioneta que le costó 54.890 dólares a la intendencia, le cuesta 130.000 dólares a un particular, cuando va a la concesionaria.

El Documento

De acuerdo a la lectura del expediente que hicimos en EL ECO, el cual fue enviado por la intendencia a los ediles que llevaron este tema a la justicia, figura el DUA (Documento Unico Aduanero) que permite establecer los impuestos y/o exoneraciones que tiene un producto de importación (Ver documento en esta misma página).

Allí se establece el Número de Documento: 001-2013-210669 y señala que el valor adicional en gravámenes pagados por el importador de la camioneta es de mil ochocientos cuarenta y seis pesos.

El secreto de porque solo una.

La gran pregunta que nos hacíamos por estos días, era porqué solo la importadora Ayax S.A, se había presentado al llamado a licitación realizado por la intendencia.

En apariencia, la intendencia realizó todo en forma correcta y siguiendo los procedimientos. Como forma de asegurarse de que se enterara la mayor cantidad de vendedores posibles de que la intendencia quería comprar una camioneta 4×4 y las características que debía tener, envió el llamado de licitación a todas las empresas conocidas en el rubro automotor.

Así, el expediente muestra que se envió la licitación por fax a las empresas más conocidas. Además de Ayax S.A, obviamente, se enviaron faxes a Motor Haus, Omar Kleist, La Radial Automotores, Bor S.A, Honda Uruguay, Zenex Kia Motors, Hyundai Fidocar S.A, Videsol S.A, Julio Cesar Lestido S.A, Santa Rosa Automotores S.A, Autolider Uruguay S.A y Multimotor S.A. Además de publicarse el llamado en la web de la intendencia, en www.comprasestatales.gub.uy y otras publicaciones especializadas en venta de autos.

Entonces ¿porqué solo Ayax S.A se presentó a la licitación?.

Todo parece indicar que el secreto está en el pliego mismo de la licitación. Allí, parece quedar claro que el intendente no quería comprar cualquier camioneta 4×4, salvo “esa” que finalmente compró. Por lo tanto, no le interesaban otras ofertas, y en esta línea, había que redactar un llamado a licitación, que solo pudiera servir para que se presentara la concesionaria o importadora de vehículos que tenía “esa” camioneta que quería el intendente. La empresa que reunía las condiciones de importación para “esa” camioneta, se llamaba Ayax S.A, y la marca de “esa” camioneta debía ser la Toyota modelo Land Cruiser Prado.

El secreto aparece en el punto 3 del llamado a Licitación que se titula “Características que deben poseer los vehículos que se licitan”. Allí se señalan las características normales de muchas camionetas de alta gama, como por ejemplo que sea a nafta, que tenga una gran cilindrada, especificamente 3.100 c.c, una potencia mínima de 240 HP, trasmisión automática, cinco velocidades, freno ABS. En fin, hasta ahí había muchas camionetas en plaza con esas características.

Ahora viene el gran detalle que aparece en el sexto item de características que debe poseer la camioneta que, teóricamente, necesitaba la intendencia, y, la cual según el pliego, debía tener una “tercera fila de asientos con control eléctrico de plegado”.

Para que otra cosa, que no fuera satisfacer un antojo del intendente Walter Zimmer, la intendencia de Colonia iba a necesitar una camioneta que sería de uso exclusivo del intendente. De otra forma no se explica incorporar como exigencia una característica que solo “esa” camioneta Toyota Land Cruiser, cumplía, y que era tener una “tercera fila de asientos con control eléctrico de plegado”.

¿Porqué exigir en la licitación una característica tan exclusiva?. Según varios vendedores que consultamos, resulta evidente que la única camioneta con esa característica en ese momento en plaza era la Toyota Land Cruiser y que, con ello, se aseguraban que sólo la empresa Ayax S.A podría presentarse a la licitación (ver documento de la licitación).

Ahora, habrá que ver que dice la justicia sobre estos aspectos, donde un intendente, compra para la intendencia una camioneta libre de impuestos,  y luego la termina comprando por mucho menos, casi la mitad del valor que tiene esa camioneta en el mercado para un ciudadano común y corriente.

Por Gabriel Monteagudo

Socialistas de Colonia llevan negocio de Zimmer a la Justicia

A nombre de la intendencia, el ex intendente Walter Zimmer cambió tres veces la camioneta con la que se movilizó entre 2011 y 2014. La última que le dejó a Carlos Moreira apenas tenía unos pocos kilómetros. Veinte días después de dejar el mando, compró la segunda camioneta en poco más de sesenta y tres mil dólares. Un mes después del negocio, el dinero no había entrado a la intendencia, y, aunque teóricamente habría entrado en Ayax, Zimmer no podía comprar un bien municipal sino que el mismo se debió rematar y con el producido sí, comprar la tercera camioneta.

En los hechos, Zimmer debió rematar la unidad, no venderla y menos comprarla él mismo pocos día después de dejar el sillón municipal. Los ediles del Partido Socialista de Colonia José Luis Pittamiglio, Michel Skafar y Juan Manuel Arenas presentaron en la tarde del viernes 3 una denuncia penal en el Juzgado de Colonia para que la Justicia investigue la compra por parte del ex intendente Walter Zimmer de una de las tres camionetas 4 x 4 que la intendencia terminó comprando en su segunda gestión. De ellas solo una está hoy en poder de la intendencia.
EL ECO accedió en forma exclusiva a la denuncia que los ediles presentaban a las 17 horas de ayer viernes ante el juzgado, y allí se relata la historia de las famosas camionetas de Zimmer.

La historia

El escrito señala que para movilizarse, el entonces intendente Walter Zimmer decidió que un auto no le era suficiente, así que decidió comprar una camioneta 4×4.

En el año 2011 la intendencia de Colonia procedió a la realización de una Licitación Abreviada /03/2011) a efectos de adquirir una “camioneta todo terreno 4×4 y tracción en las cuatro ruedas” estableciendo los respectivos pliegos de condiciones generales y particulares para la mencionada contratación.

En ese momento, el contador delegado del Tribunal de Cuentas Cr. Jorge Ingold le informó al intendente que no había rubros prespuestales (dinero) destinado para una operación de ese tipo, pese a lo cual Zimmer, que nunca fue muy apegado a las cuestiones de un correcto manejo administrativo, decidió seguir adelante con su compra.
En febrero de 2012 Zimmer decide entonces adjudicar la compra a un único oferente, la empresa Ayax S.A, por un monto total de U$S 54.900 quién además se obliga, en virtud del parámetro del pliego, al recambio automático, sin costo adicional, por otra unidad de las mismas características al cumplirse tres años de uso o 100.000 km.
Ni empresas como Fiat, Chevrolet, ni Peugeot, ni Ford se presentaron a la licitación, solo se presentaron los representantes de Toyota.

Fue así que Zimmer se hizo con una camioneta Toyota modelo Land Cruiser Prado VX V6.
Zimmer utiliza desde entonces esta camioneta y un año después, el 15 de mayo de 2013, la empresa Ayax S.A le envía una carta informado que estaba dispuesta a realizar el recambio de la camioneta por una unidad 0km tal como se había acordado «no habían transcurrido 3 años desde la adquisición y no se acredita en ningún lugar que la camioneta hubiera llegado a recorrerlos 100.000 km que establecían los pliegos para el recambio.

Con apenas dos años de uso, el 21 de junio de ese año, el intendente Walter Zimmer resuelve aceptar la propuesta formulada por la empresa a efectos de proceder al recambio de la unidad adquirida en 2011, lo que efectivamente se concretó.
Es decir que a mediados de 2013, la intendencia volvía a tener una camioneta cero kilómetro y allí terminaba entonces el acuerdo con Ayax S.A, es decir, que a partir de que esa segunda camioneta se desgastara por el uso o se decidiera cambiar, la intendencia debería llamar a licitación nuevamente para la compra de otra unidad.

No fue así

No fue así, y aquí empiezan a sumarse una serie de hechos que hacen que los ediles pidan una investigación de la Justicia. “Todo esto nos resulta muy raro y lo correcto que, ante la duda, sea la justicia la que investigue. Nosotros como ediles tenemos la obligación de denunciar cuando se presentan este tipo de hechos”, señaló a EL ECO el edil José Luis Pittamiglio, uno de los tres denunciantes..
Es bueno anotar, que toda esta documentación fue aportada como respuesta a un pedido de informes que realizó la bancada del Frente Amplio y que respondió el actual intendente Carlos Moreira. Es mas, en los detalles, uno de los abogados que están aún auditando contratados por Moreira, recomiendan al actual intendente realizar una investigación administrativa.
Ante esto, los ediles decidieron dar un paso más y tras estudiar el material enviado por el actual intendente, entendieron, como lo especifican en su presentación a la justicia, “denunciar hechos con presunta apariencia delictiva”.

La historia

El 18 de noviembre de 2014, a pocos meses de dejar la intendencia, en forma sorpresiva, la empresa Ayax S.A envía una nueva carta a la intendencia, informando que estaba dispuesta a realizar un nuevo recambio de la camioneta adquirida por la intendencia en 2013 por una nueva unidad 0 km.
Según explican los ediles en su denuncia “esta circunstancia nunca fue prevista en la licitación inicial y sin procederse a realizar una nueva (o por lo menos no surge acreditado de las actuaciones que tenemos a nuestro alcance) ni someterse a los procesos que el Tocaf establece para la realización de cualquier gasto o contratación, el intendente Walter Zimmer resolvió aceptar la propuesta de la empresa y proceder a un nuevo recambio”.
Cual fue el origen de la iniciativa de Ayax y porque Zimmer decidió cambiar una camioneta que tenía poco mas de un año, es una pregunta que deberá investigar la justicia.

Cosas extrañas

Pero ocurrieron cosas más extrañas en este tercer recambio no acordado comercialmente.

Más adelante, el ex intendente de Colonia conjuntamente con el ex secretario general Pablo Manitto, extendieron una carta-poder en la que autorizan a dos personas que no son funcionarios municipales de iniciales M.A.F.J. y/o RN.P.R. a “empadronar, asegurar, enajenar, solicitar duplicado de libreta, realizar transferencia de titularidad, recibir el precio, otorgar recibo” sobre la camioneta adquirida por la permuta del año 2013 que en realizada debió haberse entregada a Ayax S.A en virtud de la adquisición de la nueva camioneta modelo 2015.

Si bien esta camioneta era de la intendencia, estaba empadronada con la matrícula LIM 1919, no se entiende por qué el Poder Ejecutivo municipal Zimmer – Manitto, le hacen un poder a dos particulares, que no son funcionarios de la comuna, para que dispongan a piacere de un bien municipal que meses mas tarde, le terminarán vendiendo al propio Zimmer.

Las firmas de las mencionadas carta-poder a nombre de ajenos a la intendencia, fueron certificadas por la escribana municipal el 28 de mayo de 2015, días después de las elecciones departamentales y 45 días antes de la asunción de Moreira.

Con fecha 16 de junio de 2015 se desafecta la matrícula LIM 1919 y se matricula el vehículo con la chapa LAC 3381, a nombre de la Intendencia de Colonia.

Pero hay más: el 29 de julio de 2015, 20 días después de haber dejado el poder municipal, Walter Zimmer compra a dos particulares -a los que el propio Zimmer dio el poder de manejar un bien municipal como era la camioneta Toyota Cruiser LMI 1919 – compra decimos, esa misma camioneta que la intendencia había adquirido en 2013 a través de la permuta prevista en la licitación abreviada efectuada en 2011.

El precio de esa compraventa (ver documentos en EL ECO) se estableció en U$S 63.900.

El día 3 de agosto de 2015 se transfiere el vehículo a nombre de Walter Zimmer.

Sin embargo, según el informe del Cr. Jorge Ingold del 21 de agosto de 2015 ese dinero nunca ingresó a la Intendencia además de afirmar que Zimmer no estaba habilitado a realizar negocios con la intendencia de Colonia según lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 487 de la Ley 15903.

También el Tocaf le prohíbe al intendente realizar un negocio después de dejar el cargo con bienes que él administró y negocios que él hizo mientras era intendente.

Hoy la camioneta que era LIM 1919 luce la matrícula LAC 3381.

Preguntas

¿Por qué solo Ayax se presentó a un llamado a licitación?

¿Por qué Ayax le ofrece un tercer cambio que estaba por fuera del acuerdo firmado en la licitación de 2011?

¿Por qué se enajena la segunda camioneta a nombre de terceras personas que no pertenecen a la intendencia sin establecer si son o no responsables de Ayax?

Conclusiones

El contador Jorge Ingold, en nombre del Departamento de Hacienda de la Intendencia arribó a varias conclusiones administrativas.

1) Faltó imputar el gasto por la adquisición de la Unidad Toyota Land Cruiser Prado VX U6.

2) Deuda que se canceló con la baja de la Unidad modelo 2013, que no se contabilizó.

3) E día 16 de junio de 2015 se realizó el cambio de matrícula, otorgándose la chapa LAC 3381 Acto en el que no se realizó la transferencia a nombre de Ayax S.A

4) No hubo ingresos, como ya dijimos, a la intendencia por U$S 63.900 (sesenta y tres mil novecientos dólares americanos), lo que se justifica ya que no hubo ningún pago en efectivo por la unidad 2015; el pago fue con la unidad modelo 2013 que originó el contrato de compraventa automotor.

5. El Sr. Walter Zimmer no estaba habilitado a contratar con la intendencia de colonia según lo dispuesto en el numeral 4 del Art. 487 de la ley 15.903.

Esta columna la escribí en los días siguientes a la indagatoria que me hizo el juez Carlos Colmenero por la denuncia de Cantón, el 10 de agosto de 2001. Hace 15 días la policía, que no tenía detalles de la denuncia porque Cantón la hizo directamente en sede judicial, encontró a unos marineros de la prefectura uruguaya de Carmelo que se confesaron autores del robo a Cantón. Los encontraron de casualidad investigando otro delito que nada tenía que ver con el asunto. Hoy estoy esperando que el juez, con el que como verás líneas más abajo estamos enfrentados, se decida a archivar la denuncia de Cantón en mi contra.

Del manejo del poder y la justicia.

La connivencia del juez y el empresario para callar un periodista.

Maleantes de poca monta, ladrones, rapiñeros con frondoso prontuario policial son indagados en estos días por el juez carmelitano Carlos Colmeneros buscando frenéticamente un indicio que revele un vínculo imposible: vincular mi nombre con el robo de información que sufrió el empresario argentino Eduardo Cantón en la primera mitad del año.

A dos meses de la indagatoria, un juez cuestionado periodísticamente y un empresario sospechado de lavado de dinero con el que almorzó luego de la denuncia, forman una combinación explosiva en la que la libertad de expresión, el derecho de informar con independencia y el silenciamiento de quienes se opongan a sus intereses aparecen más amenazados que este periodista.

Cómo si fuera poco, en un reportaje a un cable de Nueva Palmira, el empresario Eduardo Pacha Cantón aseguró sin tapujos en estos días que este escriba del interior era quién había enviado gente a robarle documentos para que la diputada argentina Elisa Carió lo vincule en su denuncia por lavado de dinero. Un verdadero disparate.

La arremetida judicial deja al descubierto una modalidad nueva en el interior del país pero conocida ya por otros colegas en el mundo: los sospechosos de ilícitos que recurren a la justicia para, revirtiendo la carga de la prueba, lanzar acusaciones falsas contra periodistas “molestos” para impedir que trabajen e informen con libertad. Y la permeabilidad de la justicia cuando estos periodistas también critican el accionar de los jueces que la administran.

La historia de Cantón parece redonda: un periodista no complaciente contrata varios malvivientes para que roben documentos del hipervigilado Club de Campo El Faro, en los primeros meses de este año. Los documentos supuestamente comprometedores son enviados a la diputada argentina que en agosto denuncia a Cantón y a sus socios árabes como integrantes del circuito que en esta parte del cono sur permitió al grupo Pharaón lavar varios millones de dólares.

Así contada podría ser una buena historia salvo porque faltan algunos detalles: este periodista nunca supo que Cantón había sido víctima de un robo, nunca tuvo ningún contacto con quienes pergreñaron el supuesto robo y por si fuera poco, no tengo ni tuve ningún contacto con la diputada argentina Elisa Carrió.

La única aproximación que viví con esta historia es la visita de un misterioso personaje que me contactó en varias oportunidades los primeros días de junio ofreciéndome “información de Cantón” que finalmente no acepté por considerar sospechoso al personaje.

En los primeros días de agosto, Cantón hizo una denuncia en el juzgado local acusandome de supuesta coautoría del hurto de información. Su testigo es, casualmente, el misterioso informante que me contactó y que grabó con micrófonos ocultos y sofisticada tecnología fuera de su alcance, parte de los diálogos mantenidos.

Cualquier juez hubiera comprendido inmediatamente que la denuncia no era más que una cortina de humo, una estrategia armada “para la gilada” ante la difusión del informe Carrió “Pacha Cantón y Ghaith Pharaón lavan dinero en Carmelo – Uruguay” dijo la diputada frente a los canales de televisión cuando leyó el informe elaborado en base a la información proporcionada por el senado norteamericano y después de dos años de trabajo (Azul Televisión transmitió en directo esta parte del discurso de la Carrió)

Por esta denuncia de Cantón el juez me interrogó durante dos horas el pasado 10 de agosto y desde entonces me mantiene en calidad de indagado.

Tal como lo hizo Dionisio, el tirano de Siracusa, cuando colgó una espada sobre la cabeza de Damocles pendiendo de una fina crin, Cantón y el juez sostienen una acusación falsa que oficia de espada de Damocles sobre la cabeza del periodista para mostrarle el peligro permanente que se yergue sobre su trabajo informativo.

El contexto de la historia.

Cantón está, desde hace varios años, muy enojado con este periodista. Como corresponsal de La República y periodista de El Eco de Carmelo, fui uno de los primeros que por estos lares comenzó a transitar el camino del periodismo independiente, en dos medios, uno local y otro nacional, que hicieron culto de esta forma de periodismo, en un país en el que la prensa siempre estuvo y está sometida a los poderes políticos de turno. Mientras el resto de las empresas locales (periódicos atados a la publicidad de la intendencia, radios sometidas siempre a la versión oficial del gobierno y canales de cable otorgados por Lacalle durante la década del 90) se mostraban deslumbrados con el carisma del inversor, me preguntaba como sobrevivía un country pensado para construir 300 casas en las que en 9 años sólo se levantaban 30, reproducía las sospechas que sobre el empresario publicaban los medios argentinos y mostraba al público local, en los que aparecía como un “simpático empresario” las sospechas que se erguían sobre los socios árabes que trajo para construir el hotel cinco estrellas Madison Rsort & Spa.

Preguntar públicamente como sobrevivían estos emprendimientos me acarreó la ira del empresario que nunca optó por concederme una nota para rebatir la información publicada.

La obsecuencia informativa local dio finalmente sus frutos: hoy todos los medios de Carmelo y Nueva Palmira, excepto claro está en los que trabaja este periodista, lucen enormes avisos tanto del Club de Campo el Faro como del Club de Golf, avisos que no se justifican por el hecho de su utilidad para captar clientes locales que nunca podrían invertir aquí pero que sirven claramente para evitar preguntas molestas al empresario.

“Las grandes obras las sueñas los locos visionarios, las ejecutan los luchadores natos, las aprovechan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos” lucen sendos avisos de media página en los medios locales.

La obsesión del juez.

Dicen fuentes que conocen bien el tema que el juez Colmeneros “tiene una obsesión” con este periodista que “lo tiene harto” cuestionando su actuación como magistrado. Pese a que sabe que no va a conseguir una prueba en algo que no ocurrió, dicen estas mismas fuentes que el juez “está juntando datos” para llevar adelante un procesamiento.

Ambos proclives a recorrer los lugares nocturnos de moda, la misma noche del 10 de agosto en que Colmeneros me interrogó, el juez Colmeneros y el empresario Cantón coincidieron en un pub de la noche carmelitana. Días después almorzaron juntos en El Faro, en una reunión íntima entre el denunciante y el juez que debe administrar justicia en la causa en la que aparezco como indagado.

Colmeneros, se enojó con este periodista al difundir su pretención de soltar a los 20 días al hijo de un poderoso caudillo político blanco autor de una estafa en el Casino local. En varios casos he criticado la actuación del juez y fui presionado por él en el juzgado para revelar una fuente en un caso que antes de publicar había puesto en conocimiento del juzgado.

Sus declaraciones a la prensa motivaron en setiembre un mini escándalo en la embajada norteamericana cuando Colmeneros aseguró en la emisora local que él junto a personal de esta embajada investigaba en Uruguay una red de contrabando en Colonia. Cuando las declaraciones del juez fueron difundidas por LA REPUBLICA el magistrado recibió un llamado desde la embajada y tuvo que salir al otro día a aclarar a la radio local que en realidad vinieron “a consultarlo” por la circulación ilegal de cigarrillos Marlboro.

Con la ductilidad de un equilibrista, Colmeneros cambió de un día para otro su rimbombante declaración a la radio local, ante la trascendencia nacional de sus declaraciones, reproducidas en forma textual por LA REPUBLICA.

¿Cómo seguir haciendo periodismo libre de ataduras ante un panorama semejante?, ¿Cómo evitar los procesos internos de autocensura en la cobertura informativa?, ¿cómo lograr la información que cada día el poder de turno le quiere escamotear al público si la justicia se convierte en aliado de quienes debería investigar y pone bajo la lupa a los periodistas?.

Mi hijo de 10 años me preguntaba desde su inocencia porqué estaba tan precupado “si los malos son los otros papá”.

Ayer, por primera vez, no supe que contestarle.

Al contrario de lo que su partido estuvo pregonando en la campaña electoral a nivel nacional, por estas horas, el intendente de Colonia debe estar lamentando no tener mayorías propias en la Junta Departamental que le permitan llevar adelante con soltura su propio proyecto de gobierno. Desde la Junta se asegura que los votos zimmeristas son factor de negociación para que Moreira no profundice mucho en la gestión del ex intendente.

Por un lado, el Frente Amplio lo llama a Sala y le pide que detecte responsabilidades en el déficit de 25 millones de dólares encontrados por la auditoría y pase las irregularidades a la justicia. La izquierda coloniense quiere ver documentos sobre lo ocurrido en Cooperación Internacional, quiere ver las últimas compras del ex intendente Walter Zimmer,  y quiere ver que es eso del cambio de camioneta que se conoció por EL ECO.

Moreira tiene claro que, con los datos exiguos surgidos en la conferencia de prensa sobre el grueso de los números municipales, el Frente Amplio no le votará el crédito de quince millones de dólares a pagar más allá de su período de gobierno. Por lo tanto deberá conformarse con mucho menos, que es lo que puede obtener y pagar en sus cinco años de gobierno.

Por otro lado, Moreira tampoco cuenta con votos propios,  y necesitará que los cinco ediles de Zimmer en la Junta departamental levanten la mano. Es cierto que el Espacio 19 es un grupo político en extinción,  y que Moreira tuvo la habilidad de arreglar con cada una de las cabezas de las cinco listas que iban con el Espacio 19, dejando o colocando jerarcas directos de esos dirigentes en su gobierno.

Sin embargo, la influencia de Walter Zimmer en la interna nacionalista aún no se esfumó completamente, y Moreira podría ver comprometidos esos votos, que además necesita para votar el presupuesto quinquenal, es decir el documento donde definirá las obras y políticas, que señalarán su gestión.

Pero además, el devenir de los sucesos le cuelga aún más dudas sobre su gestión que prometió “de transparencia y corrección administrativa” en la asunción del 10 de julio.

En Tránsito, los trabajadores cuestionan que les quitaron las horas extras que componían gran parte de su ingreso, se sostiene que en esa repartición hay demasiados caciques, está el Director actual, el Asesor que venía del periodo anterior Walter Lorenzi que continúa en eses cargo,  y ahora se suma el Ing. Lucas Facello a quién se le adjudica un salario bastante superior a los cien mil pesos.

Fuentes de esta repartición,  nos dicen que se ordenó no utilizar más el radar, y que en la noche de la Nostalgia hubo una orden verbal de hacer inspecciones entre las seis de la tarde del 24 y la una de mañana del 25, noticia que seguramente de confirmarse pondría los pelos de punta al Director de la Unasev Gerardo Barrios porque señala que, al menos en Colonia,  no hubo espirometrías hechas en el horario de mayor peligrosidad en el uso de alcohol a la hora de conducir. La escasa presencia de inspectores en lugares y horas conflictivas pudo apreciarse notoriamente en los últimos meses.

Las órdenes verbales, que los funcionarios reciben pero no quedan documentadas, fue un clásico durante las anteriores gestiones de Moreira y ya empezamos a recibir datos que comenzaron a utilizarse nuevamente.

Ordenes verbales, sistemas de gestión obsoletos, laxitud en los controles y conductas erráticas,  como la utilización del dinero del gobierno nacional del municipio de Carmelo para destinos que no son la realización de obras, son signos preocupantes para una administración que recién empieza.

Por ello, la interpelación del miércoles puede ser una buena oportunidad para el intendente Carlos Moreira, quién la puede aprovechar para dejar un mojón en el legislativo departamental, sobre cual será el rumbo que tendrá su gestión en los próximos cinco años, remarcando aquello sobre lo que hizo énfasis en el discurso de asunción: transparencia administrativa, austeridad y aceptación del contralor por parte de la Junta Departamental.

Sin mayorías propias, ser consecuente con lo prometido, puede ser el único camino posible.

Entre este Moreira y aquel

Gabriel Monteagudo

Cuando Moreira asumió la intendencia de Colonia por primera vez en 1995, recibió cuatro millones de dólares en la caja que le dejó el doctor Mario Gayol, sucesor del trágicamente fallecido Juan Carlos Curbelo.

En ese momento, Moreira anunció que iba a hacer una auditoría para ver “cuál es el estado de salud financiero” de la comuna,  y agregó que con esa auditoría pretende “detectar todos los fenómenos de omisión, de negligencia y muy especialmente la aparición de conductas con apartamiento de la ley. Seremos inflexibles, se trate de quien se trate”, prometió.

Con otras palabras hace unos días desde el Hotel El Mirador, pero con el mismo sentido, estamos ante lo que es la versión 2015 de Carlos Moreira.

Días antes de asumir en 1995, Moreira hizo un acuerdo con el Partido Colorado y por ende los colorados pondrian a Napoleón Gardiol como Director de Turismo, de la misma forma que ahora, ya blanco, Gardiol vuelve a ser importante en el gabinete 2015 de Moreira.

En aquel entonces Moreira hizo un acuerdo programático con los colorados para asegurarse gobernabilidad, igual que antes de la última elección hizo un acuerdo con el colorado Daniel Bianchi para asegurarse la intendencia 2015.

Del acuerdo, quedó excluido el entonces Encuentro Progresista.

Aquel Moreira anunció auditoría al ingresar a la intendencia en 1995 y el nuevo Moreira vuelve a anunciar auditoría veinte años después.

Moreira se afirmó en dos carmelitanos en su gabinete 1995: Gualberto Ercoli que fue su Director de Hacienda y el Prof. Hugo Dupré que fue su Director de Cultura. En su versión 2015, Moreira optó por el carmelitano Guillermo Rodríguez como su hombre fuerte y anunció el posible ingreso del también carmelitano  Miguel Asqueta como el único sobreviviente político del zimmerismo en la estructura municipal.

Igual que lo fue en 1995, su Director de Higiene es el Ing. Luis Garat y también igual que en 1995, en su versión 2015, Moreira no conformó la totalidad del gabinete.

Como nota diferente, surgen los números: Gayol le dejó 4.206.000 dólares en caja, Zimmer un déficit acumulado de 493 millones de pesos. Gayol dejó un 19% de gastos de funcionamiento y un 34% de obras. Zimmer un 61% de los ingresos en pago de salarios y menos de un 30% de obras.

Otros nombres retoman rueda en el paisaje municipal. El Palmirense Néstor Bermúdez asumió el 15 de febrero de 1995 como edil departamental. Hoy asume como Director de Electrotécnia.

En aquel 1995 Moreira anunció que los vecinos de Colonia “se van a aburrir de verme recorriendo el departamento, porque es necesario escuchar con nuestro propios oídos y ver con nuestro propios ojos las necesidades de los vecinos”, dijo en aquel discurso, algo parecido a lo que el pasado viernes dijo al presentar su gabinete en el Hotel El Mirador.

Mirando el archivo de EL ECO de 1995, queda claro que la de Moreira no parece una nueva intendencia,  sino una palingenesia de aquel gobierno, donde los mismos discursos se reeditan para el mismo cargo donde asume este nuevo intendente, que no es más que una versión reencarnada de aquel.

La intendencia de Colonia se reencuentra con caras y discursos que ya pasearon y se escucharon en sus pasillos. Nada nuevo aunque aparenta nuevo. Por eso, se parece mucho al lugar donde los sueños “se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables” (fragmento de Bienvenido Bob, de Juan Carlos Onetti).

El olvido del zimmerismo

Si para los blancos de Colonia el intendente Moreira es el sueño hecho realidad,  en el mismo acto, para esos blancos Zimmer pasó a ser la distopía de un gobierno que ya todos olvidaron.

Cansados de dos gobiernos consecutivos de Moreira, los blancos y colorados -ya votando juntos- eligieron la promesa utopista de aquel médico barbado que habló de un gobierno totalmente distinto al que esas mismas huestes habían votado en dos oportunidades.

Diez años después, son esos mismos electores los que le dieron la espalda a Zimmer y el voto nuevamente a aquel que ya había cumplido sus dos mandatos. Los números electorales muestran que son los mismos que pusieron entonces sus esperanzas en este Zimmer que se va hoy, con un bajo nivel de aprobación de gestión y un espacio político prácticamente desaparecido.

Para los ciudadanos de Colonia que lo votaron, Zimmer no fue lo que quisieron que fuera. La Avenida Italia de Carmelo, la Avenida Rodó que no se hará, el asfalto amontonado en las calles como capas geológicas muy por encima del nivel de las veredas en todas las ciudades del departamento, la corrupción dentro de la intendencia, su procesamiento con prisión, los negocios con la patente y los oscuros manejos de Cooperación Internacional forman parte de los pedazos que quedaron de aquel sueño de 2005.

Pero como la desmemoria de los pueblos es una constante histórica, Zimmer probablemente no se fue, sino que está ahí, a la vuelta de la esquina electoral, esperando al igual que lo hizo Moreira, su tiempo de palingenesia y utopía.

* Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma

* * Renacimiento o regeneración de un ser vivo después de la muerte real o aparente.

Del mismo modo que todas las emociones, el asco es algo más que una simple sensación. Las emociones son sentimientos ligados al modo en que se habla acerca de ellos , a paradigmas sociales y culturales que les dan sentido. Así, las emociones, incluidas las más viscerales, son fenómenos sociales, culturales y lingüísticos muy ricos.

El asco es un sentimiento acerca de algo, y que se produce como respuesta a algo, por lo que no se trata simplemente de un sentimiento puro e independiente.

El asco implica necesariamente determinados pensamientos muy molestos y difíciles de desentrañar, sobre la repugnancia y el objeto que la provoca. El asco tiene que presentarse unido a ideas de una clase especial de peligro: el peligro inherente a la contaminación y el contagio, el peligro a ser mancillado o como respuesta hacia un hecho que repelemos.

Los periodistas que trabajamos sólo de periodistas y que dedicamos la vida a servir a la comunidad a través de un medio de comunicación, tenemos umbrales muy bajos de tolerancia respecto a la injusticia, y nos asquea principalmente cuando se comete contra los que menos tienen, contra los que no pueden defenderse, o contra quienes no tienen otra voz para expresarse, que la de los medios que se dedican a escucharlos.

El asco hacia la injusticia es un sentimiento natural que nos provoca el mismo regurgito que le provoca a un ser humano ver excremento ajeno. En ese plano periodístico, la extorsión constatada como un acto asqueroso, no es más que la expresión de un sentimiento, como el que provoca la visión de un moco en la barba de un interlocutor, o una mosca en la sopa.

No puede tener y no la tiene, otro sentido que este que acabo de mencionar, para un comunicador.

Es cierto, la palabra extorsión se encuentra tipificada en el Artículo 345 del Código Penal, y por lo tanto, mencionarla como una acción significa, en la cuadratura de la ley, adjudicarle a la persona de la que se habla la comisión de un delito.

Ni el ECO quiso hacer lo que debe hacer la ley, ni nuestro compañero Daniel Roselli quiso criminalizar las crónicas sobre lo ocurrido en la redacción de EL ECO y con varios colegas a lo largo y ancho de todo el país.

Los reparos sobre este tema, están planteados en causas debidamente presentadas en la justicia.

Los hechos narrados por EL ECO, desde el punto de vista periodístico, son inobjetables. Si una persona hace una denuncia penal, tasa en 20 mil dólares la infracción, pero pide 3.000, 1800 o hasta 600 dólares como ocurrió en algunos casos que hemos recogido en nuestra investigación periodística, y cuando recibe el dinero va corriendo a levantar la denuncia en el juzgado, ¿que nombre le pone el periodista a eso, para que lo entienda ciudadano común?

Expolio, usurpación, expropiación, saqueo, despojo, robo, trastorno, perjuicio, menoscabo, daño, boicot, coacción, amenaza, timo, daño, perjuicio, y hasta chantaje aparecen como sinónimos de extorsión.

Son palabras que quieren decir lo mismo, pero como en periodismo nos enseñan con insistencia a ser claros, concisos y utilizar la palabra que describa mejor un hecho, extorsión es la que seguramente comprenderá la gente a la hora de entender que fue lo que ocurrió como consecuencia del allanamiento en EL ECO.

Para salvaguardar suspicacias, la convención pide que se le coloque la palabra “presunta” antes del calificativo.

Soy de los que cree que si no hubiera verbo, si no existiera el lenguaje, la ley sería cuestión del más fuerte, y por lo tanto, si no hubiera lengua castellana, no habría Código Penal.

Por otra parte, la palabra extorsión vinculada al sentimiento que produce asco, como consecuencia de la denuncia ante una injusticia, queda desvirtuada si se le coloca el adjetivo presunta delante. Nadie tiene un presunto vómito ante lo asqueroso: en todo caso tendrá una arcada que le producirá un vómito, pero la arcada tampoco es presunta ya que presunto es un supuesto, y la arcada una constatación palpable en la realidad.

Por eso a nuestro humilde juicio, la justicia no puede evaluar la palabra en un contexto estrictamente penal, sin considerar el aspecto del sentimiento asqueroso que tiene la palabra extorsión.

¿Que otra cosa que asco, humillación e impotencia puede sentir alguien que ve como se llevan 25 años de su trabajo tirados como fardos arriba de la caja de una camioneta policial?

¿Que otra cosa que asco, puede sentir un periodista cuando encuentra que lo llaman insistentemente para arreglar por dinero, el levantamiento de una denuncia judicial?

¿Que más que asco puede sentirse cuando se constata que situaciones similares vienen ocurriendo en el resto del país y que, mientras los damnificados ante el desconocimiento en temas informáticos, pensaban que pagaban una multa, ven con pavor que terminan obteniendo un recibo por Honorarios Profesionales, de un abogado al que no conocía ni contrató jamás?

El procedimiento estuvo mal hecho.
La leyes las escriben los legisladores y la aplican los jueces, pero en su instrumentación, los jueces deben tratar de tener claro cual es el espíritu que el legislador intentó poner en esa ley. La realidad cambiante, muestra que esas interpretaciones deben expresar matices en la aplicación de la ley a medida que pasan los años. No se interpreta de la misma manera una ley aprobada en 2003 al año siguiente, que en 2015. Y menos vinculada a tecnología.

La jueza del juzgado de Carmelo, que tuvo la gentileza de pasar horas charlando luego de anunciar su retiro de la causa, y de crear un clima muy distendido para intentar una negociación, durante la audiencia del pasado jueves, expresó una opinión en la que humildemente creo que se equivoca.

Facal dijo que el procedimiento realizado en EL ECO estuvo acorde a los que se realizan habitualmente, que no era necesaria la presencia de un representante del juzgado en el allanamiento a EL ECO y que habitualmente -usted lo sabe bien doctor, le dijo mirando a nuestro abogado-, se hace de esta manera.

Sin embargo, como el único procedimiento de este estilo realizado en la órbita del juzgado ha sido el nuestro, al menos por ahora, debo inferir que se refiere a la habitualidad de los allanamientos que por distintos delitos ordena diariamente esta Sede, y no a los vinculados a la ley 17.616 aprobada en enero de 2003.

Eran periodistas, no eran narcos.

En este sentido, debo señalar claramente entonces que, quienes estaban en la redacción de EL ECO el pasado miércoles 18 de febrero no era un grupo de narcotraficantes aprontando las dosis de cocaína para distribuir al día siguiente. Allí había periodistas, trabajando en los temas sobre los que iban a informar a la población el sábado siguiente.

Parece claro que hay una diferencia.

En la redacción de las calles Argentina y Uruguay de Nueva Palmira, no había un montón de motos desguazadas, de origen dudoso que estaban siendo desarmadas para venderlas por partes en talleres clandestinos. Había computadoras con los textos que se preparaban para enviar a la imprenta.

Que el denunciante de El ECO fuera autorizado por el juzgado a dirigir en persona el procedimiento y señalar a los oficiales cual computadora se llevaban y cual no, no parece algo que la justicia permita en otros actos similares.

Que no se respeten los protocolos de incautación de material informático, haciendo copias de los discos duros en presunta infracción, llevándose mouses y teclados, carcazas viejas y monitores es a las claras un exceso que personalmente he calificado de saqueo. Un abuso que permite suponer -periodísticamente, claro- que el fin último era hacer el mayor daño posible, afectando de muerte la salida del semanario a 24 horas del cierre para mandar a la imprenta.

Que no se lacren las computadoras y que se tiren dentro de la caja de una camioneta policial no da ninguna garantía de que las mismas no hayan sido modificadas. Las fotos tomadas en la redacción pudieron ser alteradas, y a las computadoras les pudieron instalar y o borrar cualquier cosa, lo cual no deja otro camino que invalidar absolutamente el procedimiento.

Si el denunciante dice hoy que las computadoras de EL ECO tenían guardados planes de Al Qaeda para tirar abajo la Torre de las comunicaciones de Antel, solo por poner un ejemplo disparatado, la justicia no tendría formas de corroborar que estos archivos no estaban en las computadoras cuando salieron de la redacción de EL ECO.

En definitiva, y dicho esto con el sentido de la más respetuosa discrepancia, está claro que el procedimiento se puede calificar como un diáfano mamarracho más cercano a las carnestolendas que se vivían en esa semana de febrero que al fin de justicia. Ajustado al manual si, pero mamarracho al fin.

Cuando la gente comienza a descreer de los sistemas, no ocurre generalmente que la gente se equivoca. Cuando descree de los sistemas, la sociedad le da la espalada a políticos y a los gobiernos con su voto, se moviliza contra acciones del poder que la lesionan, y se queja cuando se siente abusada en la tienda o el supermercado.

Pero cuando la gente sale de un juzgado y no percibe que haya obtenido justicia, el asco es un sentimiento justificado. Aunque un día aparezca tipificado en el Código Penal.

*La puntualización sobre lo asqueroso, pertenece al libro Anatomía del Asco del periodista William Ian Miller.

Pertenecemos a una generación a la que les vendieron las computadoras con Windows y Word adentro, y, en el mejor de los casos, el técnico del comercio nos preguntaba que Windows queríamos instalar: Windows 3.1, 3.11, 95, después 98 o luego el novedoso y ya masivo Windows XP.

No nos explicaron que “eso” que la computadora traía adentro debía pagarse aparte. Nos enseñaban a bajar los programas de Internet, o venía el técnico del mismo comercio que nos vendió la máquina, con un sobre lleno de cds, y buscaba el “crack” correspondiente del programa para que el programa que había quedado congelado en la pantalla volviera a la vida.

¿Quién no se pasó horas buscando en la web o llamando al técnico amigo para que le instalara el bendito driver que le faltaba para que anduvieran los parlantes externos, la impresora, la disquetera o la compactera más tarde?. ¿A quién de más de 40 años no le pasó algo parecido?.

¿Quién no se pasó horas y horas frente a la computadora reinstalando Windows porque se le había colgado, o lo reiniciaba mil veces a ver si volvía a la vida?.

¿Quién no buscó con un amigo un “disquete de arranque” para reinstalar el bendito Windows en su computadora, o pidió una copia del último antivirus porque la máquina empezaba a sonar con un pitido insoportable, señal que había sido infestado?.

Pertenecemos a esa generación, y aprendimos lo básico de la tecnología para manejarnos con ella. Navegamos en Internet, enviamos y recibimos mails, escribimos cartas en World, imprimimos alguna cosa y usamos el Facebook. Algunos más osados hasta chatean o conversan por Skype. Pero no mucho más que eso.

Todavía hay muchos comercios que venden computadoras con Windows sin licencias, pero el comercio va cambiando a la velocidad de la tecnología y ahora la mayoría ya venden la computadora con el último Windows instalado. Ahora las empresas fabricantes de hardware acordaron con Microsoft y entonces ya vienen con el Windows en el disco duro.

Como nadie en el comercio sabe realmente mucho del tema, la evolución va llegando de a poco, y desde hace dos o tres años, también hay comercios que ofrecen las computadoras con un cartel que dice “Free dos”, una señal para que los entendidos sepan que pueden instalarle otro sistema operativo.

El Estado, a través de la justicia, pretende procesar a un periodista de EL ECO y permite verdaderos saqueos y actitudes intimidatorias a periodistas en redacciones de medios pequeños en todo el país, por una ley aprobada en 2003 que comenzó a apuntar hacia la prensa el Dr. Couto con una Asociación creada en 2014.

Cuando el Estado uruguayo aprobó esa ley, ya hacía dos años que Windows XP estaba en el mercado, y hacía años que muchos gráficos ya trabajábamos con Pagemaker, padre del Indesign de hoy, en Windows 3.1 primero y Windows 95 después. Eran doce disquetes que se necesitaban para instalar el sistema operativo en la computadora.

Pero además, en 2003, las computadoras se importaban y se vendían en los comercios con el software incluido. Los avisos de la época promocionaban la novedad del Windows XP. La ley ya estaba aprobada, pero a nadie se le ocurría entonces reclamar en el comercio la licencia del software que venía con la máquina,  porque para el usuario lo importante era tener la PC y para el comercio lo importante era vender muchas computadoras.

A esa generación, muchos de los cuales tienen pequeños periódicos, semanarios o publicaciones en el interior del país, un día les aparece un señor de corbata, con una delegación de varios policías y otros que no se sabe quienes son porque no se identifican, que les dice, como dijo en EL ECO, que representa a empresas de software, que lo que tienen en sus computadoras para trabajar es ilegal y que les cotiza en 40 mil dólares la infracción, como le hizo al colega de Libertad, o que le podía cobrar 200 mil dólares como le dijo a EL ECO.

Solo las cifras decretan por si solas el inmediato cierre de la casi totalidad de los medios gráficos del interior del país. Inmediatamente y sin ninguna otra consideración.

Entonces aparece alguien y les dice ¿si no quieren pagar porque no usan software libre?

La mayor parte de la gente de esta generación que hoy anda entre los 40 y 60 años, aún no tiene la más mínima idea de que significa el término software libre, ni menos linux. Por lo tanto arrancamos en desventaja.

Hoy ya hay formadas varias generaciones educadas en el software libre gracias al Plan Ceibal, pero para nosotros que ya estamos grandes, la palabra Linux bien puede ser un buen sinónimo de chino.

El proceso de cambio no puede ser compulsivo.

El proceso de cambio no es fácil, y en esto puedo contar mi propia experiencia.

El último Windows que tuve fue un CD original de Windows XP que venía con la computadora que te vendía Antel. Así que en las computadoras de la redacción de EL ECO teníamos “software legal” gracias a un amigo que seguía aferrado al Windows 98 y que me regaló el CD*.

Cansado de los cuelgues, que nunca tenías memoria suficiente para que funcionara como debía, que el disco duro nunca era el del tamaño que precisaba el sistema operativo, y otros etcéteras más, fue que comencé, hace más de diez años a buscar otras opciones y me choqué con linux.

Horas de mi vida pasé leyendo códigos, programas, particiones de disco, sectores de arranque, y otros detalles sobre aquel sistema que no tenía virus, que no precisaba el último modelo de computadora para funcionar, ni gran cantidad de memoria RAM para que no se colgara.

Ahí aprendí de versiones de linux, Red Hat, Mandrake luego Mandriva, Fedora, Suse, Debian, Turbolinux y muchas otras, ahí aprendí de Gnome o KDE, Openoffice en lugar de Word, de Gimp en lugar de Photoshop, de Kwrite o Gedit en lugar del bloc de notas, de Gwenview en lugar del Photo Image, y de cientos de programas muchos más rápidos y eficientes que los que existían en el mundo Windows.

Años pasé con la computadora con doble booteo, esto es con los dos sistemas operativos instalados, linux y Windows, coexistiendo.

Pero lo tenía claro por el uso: linux era por lejos mejor que Windows 98, el XP, el Vista, y todos los que siguieron sumados.

Sin embargo, cada periférico, como la impresora, la cámara web, el escaner, y todos los demás, venían con su CD con los famosos “drivers” solo para Windows, entonces conseguir que esos periféricos funcionaran en linux era una tarea de búsqueda y consultas de muchas horas.

Linux está hecho por una comunidad de desarrolladores y entonces linux es gratuito, y no requiere licencias. Pero mientras las grandes empresas tenían acuerdo con Windows, cada aparato nuevo que surgía para conectar a la PC, necesitaba de un programador independiente que decidiera hacer ese mismo driver para que el aparato conectado a la computadora también funcionara en linux.

En resumen, recién pude migrar definitivamente a linux y borrar el Windows de todas mis máquinas hace pocos años, cuando linux pudo reconocer la grabadora digital como si fuera un pendrive, y así poder sacar el audio para escuchar las notas.

El proceso de aprendizaje, de ensayo y error me llevó varios años de esfuerzo voluntario, tiempo dedicado y trabajo intelectual.

El caso de EL ECO.

Por eso puedo decir que esta generación a la que pertenece gran parte de los editores de medios gráficos de todo el país, está siendo víctima de abuso por el Dr. Fernando Couto, por la ley que lo ampara y por la justicia que permite estos atropellos.

Porque el proceso de migración y de re aprendizaje para quienes fuimos criados informáticos en la cuadratura de Windows, es lento, tiene ritmos distintos y lleva tiempo.

Y no se lo puede forzar ni poner plazos perentorios como se hizo en el caso de EL ECO.

Hacer el cambio en la redacción de Carmelo fue más fácil porque allí no usan programas de diseño gráfico, el navegador es el mismo que se usa en Windows en su versión para linux, el Libreoffice u Openoffice son casi idénticos o mejores que Word, y los programas de correo funcionan igual que en Windows.

El problema es en la redacción de Nueva Palmira, donde se hace el diseño. La redacción de EL ECO de Palmira se encontraba en un proceso de migración a linux que llevaba el ritmo que ellos podían darle, con el tiempo que podían dedicarle y con el esfuerzo intelectual que podían ponerle al cambio por “eso nuevo” que es línux, y me consta que es algo en lo que venían trabajando luego del cambio en la redacción de Carmelo.

El programa de contabilidad está creado por un docente carmelitano que hace años tiene una academia que funciona solo con software libre, y por lo tanto este programa estaba diseñado pensando en esa migración.

Ya se estaban probando los programas que reemplazarían al Word y a los de diseño gráfico. Para migrar totalmente a software libre, a la redacción de Palmira les está pasando algo parecido a lo que me ocurría a mi cuando no conseguía el driver para que linux reconociera mi grabadora: les falta quién les enseñe como migrar las plantillas del diario desde Indesign, -programa privativo que necesita licencias y que es hijo del viejo Pagemaker que uno bajaba de Internet sin problemas-, hacia Scribus, versión del mismo programa pero en software libre.

Se puede decir que han aprendido demasiado rápido para la complejidad del cambio, pero aún dependen del software privativo. La justicia y el Dr. Couto cortaron abruptamente ese proceso con la incautación irregular de las máquinas.

Por eso el cambio de un sistema a otro no depende del tiempo que imponga el Dr. Couto ni del tiempo que determine la justicia, ya sea juez o fiscal, desde su escritorio.

Somos hijos de la generación Windows, nos metieron en la cabeza que hacer todo lo que se hacía en Windows estaba bien y ahora, de un día para otro, nos vienen a decir que eso es ilegal y nos quieren cobrar fortunas, o que aprendamos en diez minutos lo que puede llevar hasta años desaprender y reaprender.

Couto se aprovecha de esa falla del sistema, hace su negocio y como la gente se asusta porque no entiende, paga, y después se pregunta porqué le dieron un recibo de Honorarios Profesionales en lugar del recibo de multa.

Personalmente no me parece mal que Couto y su asociación antipiratería lleven adelante una cruzada para informar a la gente que usa Windows, que es ilegal no tener las licencias del sistema operativo y de los programas que tiene instalados.

Pero esa cruzada no puede ser compulsiva, coaccionada, con la vidriosidad que emana de los procedimientos, y en los tiempos que Couto decida con la anuencia de la justicia. Por eso digo que la justicia termina siendo cómplice del acoso a una generación, que no hace otra cosa que lo que durante décadas le permitió el Estado y enseñó la misma industria informática.

Avalar legalmente las acciones de Couto y su asociación, no solo es condenar a muerte a gran parte de la prensa gráfica nacional por costos de licencias que le son imposibles de pagar, no sólo es dejar sin trabajo a cientos de editores y periodistas que muchas veces trabajan por el puro placer de realizar una tarea de compromiso social como es la de un periódico del interior, sino que es quitarles la posibilidad de coincidir en conocimientos con la generación Ceibal que ya viene con el software libre en la sangre.

En los hechos, el Estado conforma una complicidad, que conspira contra la misma libertad informática que el Estado le dio al ciudadano.

Y eso no tiene nada de justicia.

La doctrina del árbol envenenado es una metáfora usada en el ambiente judicial para explicar la imposibilidad del uso de pruebas obtenidas de manera ilícita. La misma dice que si el árbol está envenenado, sus frutos son inválidos porque también estarán envenenados.

Pasando raya: la justicia no puede considerar como válidos, las pruebas obtenidas mediante un acto ilícito.

Es lo que ocurrió en el caso del allanamiento e incautación de las máquinas de las oficinas de Semanario EL ECO de Nueva Palmira.

Primera manzana envenenada: el allanamiento fue ordenado por la jueza de Carmelo, pero ella nunca estuvo presente en el mismo, como tampoco algún funcionario de esa sede. La Dra. Maria Alexandra Facal le dio el poder para dirigir y decidir qué se llevaban de EL ECO, y que cosas se quedaban, al Dr. Fernando Couto. Fernando Couto era el abogado que nos denunciaba.

La incautación de una máquina particular, como la de la co directora Nancy Banchero, nos exime de mayores comentarios sobre las garantías que tuvo EL ECO.

Segunda manzana envenenada: lo ocurrido ese día de febrero en la redacción de EL ECO fue un verdadero saqueo. Llevarse teclados, mouses, carcasas de viejas pcs, monitores, etc, no tenía nada que ver ni aportaba nada para preservar la prueba del presunto ilícito que, de existir, estaba en el disco duro de las seis computadoras.

Tercera manzana envenenada. Apilaron las computadoras arriba de una camioneta policial, sin precintar, sin establecer un acta que dejara constancia sobre lo que se llevaban, sin un detalle documental y fotográfico y sin ningún tipo de cuidado en la preservación de la propiedad de EL ECO.

Como sabemos ahora que las fotografías que utilizaron como prueba son las fotografías que tomaron, que no fotografiaron varias pcs, similares y nos “endosaron” algún software más. Buena pregunta, porque además, nos impidieron sacar fotos del acto y obligaron a la colega a borrar una fotografía de los integrantes del “comando”.

¿Como sabemos que no borraron documentación valiosa para el trabajo periodístico, que no rompieron los elementos electrónicos, que están bien preservadas del agua y la humedad? Y que no las alteraron, e incluso si son las mismas que nos llevaron. Nunca le dieron a nuestro abogado la posibilidad de salvaguardar el material incautado o garantías sobre el mismo.

Agravantes.

Evidentemente no pueden salir frutos sanos de este árbol envenenado. Pero además, la causa tiene varios agravantes.

Agravante uno: por el momento que se hizo el allanamiento, el procedimiento judicial golpeó de muerte la continuidad en la salida de EL ECO, actuando como un claro ataque a la libertad de expresion y violatoria de cualquiera de los derechos que preservan al ciudadano de su posibilidad de recibir información. Fue un ataque despiadado a un medio de prensa con una premisa clara, que surge de los hechos y del momento en que se hizo, de impedir su salida.

De esto tendrá que hacerse cargo la justicia.

Agravante dos: la medida fue claramente desproporcionada. Suponga el lector que un funcionario de OSE  va a la justicia y le dice a la jueza que el agua está siendo envenenada con cianuro por el funcionario encargado de la planta. Es lógico que la jueza corte inmediatamente el suministro de agua a la población, hasta que se esclarezca la situación, aunque pasen varios días.

Ahora, supongamos que el mismo funcionario va a la misma jueza para decirle que se está produciendo una estafa millonaria en esa misma oficina y que el jefe se lleva millones de dólares para su casa. ¿Justifica esta denuncia que la jueza ordene durante varios dias el corte del suministro de agua a toda la población?

Facal ordenó una medida extrema que no tiene otra conclusión y efecto inmediato, que impedir la salida de Semanario EL ECO. Probablemente no fue su intención,  pero fue la consecuencia de su acto porque además, debe ser de los pocos medios de prensa del interior, donde sus dueños y sus periodistas trabajan unicamente de periodistas.

Fue la solidaridad de los vecinos, y solo eso, que impidió que la consecuencia de esa medida resultara exitosa. El procedimiento judicial no dio garantía ninguna durante el proceso a EL ECO, y además, lo afectó profundamente.

Agravante tres: No hablemos de que alguien entre como perico por su casa a un juzgado con una versión moderna del cuento del tío, y sea recibido como un duque, y utilice sus encantos para “hipnotizar” a jueza y fiscal, porque nos puede suceder a cualquiera, como seres altamente sugestionable que somos. Pero lo que sí es un agravante, es que la justicia despojara del derecho de EL ECO a que sea preservado el material intelectual, inédito e irreproducible, que contenían las máquinas extraídas irregularmente de la oficina de Palmira de EL ECO. Muchos años de trabajo que están tirados, y vaya a saber en qué manos.

Porque además, no hubo una comunicación sobre el destino que tuvieron las máquinas.

Agravante cuatro: la presentación de Couto de recibos por “honorarios personales” a cambio de un pago de dinero,  para no hacer la demanda judicial,  encuadraría presuntamente en varias figuras del Código Penal. Eso no se puede obviar,  porque se trata de la simple prueba del nueve: nadie contrata un abogado para que lo denuncie, sino para que lo defienda. Entonces ¿como aceptar un recibo por Honorarios Personales de un abogado que te quiere llevar a los estrados judiciales?.

Eso, y la constatación posterior a través del comunicado de Adobe International, desmintiendo cualquiera conexión entre esa empresa y Couto, por la razón del artillero, desarticula y le quita validez a cualquier iniciativa impulsada en ese sentido.

Agravante cinco: La justicia no dio ninguna posibilidad de realizar los descargos a los que habilita la ley para atenuar la posible infracción, esto es,  la compra del software legal. Eso sin mencionar que  cortó el proceso de negociación previo,  y se negó rotundamente a considerar los atenuantes planteados por el abogado de EL ECO. Sencillamente no lo quiso atender.

Agravante seis: Desde EL ECO hemos establecido diversas líneas de investigación vinculadas a la intendencia de Colonia que, casualmente, nos había realizado un juicio payasesco a través de su director de Transito, en el que la justicia de Carmelo nos tuvo un año y medio para darnos una razón que surgió a la semana de iniciada la instancia. Ahora surge que uno de los denunciantes tendría fuertes vínculos con el ex policía y ahora jerarca municipal que no denunció en nombre de la comuna,  y ademas, es de la misma ciudad del intendente. Por otra parte,  un jerarca de la intendencia, de primer nivel, es intimo amigo de los dos integrantes del estudio que dirige Couto, los denunciantes de EL ECO, a los que se puede ver juntos  paseando por el mundo en las páginas de Facebook.

Esta claro, porque la jueza Facal también participó en esa instancia, que hubo un claro operativo judicial contra EL ECO impulsado desde la intendencia municipal con el fin de golpear a esta publicación.

¿Investigará la justicia si en verdad no hubo un complot de tinte político contra EL ECO, la relación de Couto con este jerarca y la «puntería» para definir el objetivo al que hostigar?

Hay una clara actitud de parcialidad en cada una de las instancias decididas por la justicia de Carmelo, claramente contraria a EL ECO.

Personalmente, no tengo dudas, que el caso de EL ECO se estudiará en los foros de Derecho en los próximos años.

La denuncia, los alegatos, la resolución de la jueza, la argumentación de la fiscal, los oficios disparatados que se libran esta semana y los que se hicieron antes por parte de la Fiscalía, serán en el futuro material de consulta, sobre como actuar indirectamente desde la justicia para  cercenar los derechos de la prensa.

En un país que se jacta de la calidad de su democracia, los medios de comunicación no escapamos a las exigencias sobre la rigurosidad de nuestro trabajo.

El Poder Judicial tampoco debería ser impune.

Gabriel Monteagudo.

Si el próximo domingo se da lo que dicen las encuestas, los colonienses habremos decidido continuar teniendo por cinco años más, un gobierno blanco en el departamento.

Más de lo mismo no es malo ni bueno en si mismo, sino un dato de la realidad.

Así como en lo nacional se dice que el Frente Amplio hizo las cosas bien y por eso el pueblo le renovó su confianza, será justo decir que en Colonia los blancos han hecho buenos gobiernos y por eso aquí también, el pueblo les renueva la confianza.

Será también una demostración de que la izquierda coloniense no llegó todavía al verdadero corazón del pueblo en este territorio y por lo tanto, deberá esforzarse más para que ese proceso acumulativo que viene realizando desde 1971 logre el fruto en las urnas también en este departamento.

En el medio, después del domingo podrán hacerse mil análisis.

Que los gobiernos de Moreira antes y de Zimmer ahora tuvieron importantes procesos de corrupción que terminaron en la justicia, que hubo gente presa, que existe un engranaje nacionalista que ha generado una histórica dependencia del aparato municipal y que ese aparato, llegada la elección, termina reclamando y consiguiendo el voto del ciudadano al que le hizo el favor.

Podrá decirse que en el ejercicio del poder durante tantos años, se ha formado “una comunidad de intereses fraudulentos” como bien citó una amiga, afirmación que suscribo porque no es abarcativa de todo el gobierno ni de todos los jerarcas blancos, sino una definición tras la observación de un grupúsculo que ha logrado utilizar la política para beneficio propio.

Podrá decirse, y es también una realidad, que pasamos cuatro años saltando entre los pozos y que en un par de semanas antes de la elección apareció el asfalto, el bitumen y la maquinaria.

Podrá decirse que sus dirigentes se pasan peleando, que Zimmer es igual que Moreira y que Moreira quiere ser intendente para acomodar a su barra de amigos.

Podrán decirse miles de cosas, pero hay una que sin duda será irrebatible: los blancos ganan desde hace sesenta años de forma ininterrumpida en Colonia porque el pueblo los vota.

Y por lo tanto, en un trazo grueso pero evidente, ese pueblo que es mayoría, está conforme con el estilo y con la gestión de gobierno.

Por el otro lado, la oposición no pudo hacer las cosas mejor y hay muy poco que reprocharle en el trayecto de la campaña hasta acá. Ha mostrado los mejores hombres que ha logrado conseguir,  y las mejores ideas que estampó en propuestas para la gente a lo largo de la campaña.

Si el domingo el Frente Amplio gana, estaremos ante un pueblo que quiere probar hacer las cosas diferentes y con otra gente. Si pierde, los frenteamplistas deberán saludar al ganador y proponerse trabajar intensamente los próximos cuatro años para llegar realmente al corazón esquivo del pueblo coloniense.

La diferencia ideológica entre derecha e izquierda, entre dos visiones diferentes de la sociedad, ha quedado claramente expuesta en este departamento a lo largo de estos meses, y seguramente se acentuará en los próximos años. La ideología, claramente definida, será el impulso o el freno de las corrientes de pensamiento que alinearán las ideas y decisiones del futuro cercano en nuestro territorio. Veremos ideología pura en el próximo intendente y en la decisiones que tome cada alcalde electo.

Desde estas líneas aplaudo calurosamente a los militantes de todos los partidos que desde hace un año y medio que comenzó el proceso electoral, se vienen quemando las pestañas, dejando tiempo con la familia y esforzándose detrás del sueño de un departamento mejor, sin esperar nada a cambio.

Aplaudo a los que han logrado sobrevivir a las redes sociales manteniendo siempre una actitud de discusión sin levantar la voz, sin escribir en mayúsculas, exponiendo y contraponiendo sus ideas políticas, con respeto por la opinión del otro.

Repudio desde lo más profundo de mi corazón a los que han utilizado los espacios públicos solo para insultar, a aquellos que trabajan en política para conseguir un cargo, para acomodar su situación familiar, para reclamar un puestito, o venderse al mejor postor.

Repudio a los ciudadanos que se aprovechan de la política, repudio a los que dicen “yo soy apolítico” o afirman “la política es sucia, yo no me meto” porque son los peores, unos hipócritas que en realidad tienen miedo o especulan a la hora de exponer sus opiniones, y repudio aún más a los presuntos colegas que usan su lugar de privilegio en los medios de comunicación para acceder a puestos de poder en el gobierno de turno.

Junto con muchos colegas a lo largo del país, soy de los que prefiere no ser invitado a los lugares que sirven caviar, pero me siento orgulloso de ser bien recibido y poder sentarme en cualquier mesa a compartir un guiso.

Como periodista, gane quien gane trataré de seguir siendo implacable y exigirme mayor rigurosidad a la hora de informar desde los medios que me brindan su espacio, y lo más claro posible al exponer las fallas del poder de turno.

Sobre todo cuando esas fallas, terminan perjudicando a los más humildes, a los perdedores de siempre, esos que nunca ganan luego de una elección.

FIN