Gabriel Monteagudo.

En realidad son dos, uno mayor y otro más pequeño, pero no menos importante.

El más grande es que, si sale electo intendente, necesitará la ayuda económica para Colonia del gobierno al que fustigó durante diez años desde su banca en la Cámara Alta. Como senador, Moreira fue uno de los principales cuestionadores del gobierno de Tabaré Vázquez primero, y de Mujica luego. Entre otras cosas, Moreira señaló durante varios meses la responsabilidad del ahora Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, en el caso Pluna. La justicia luego desecharía esa acusación, pero durante meses, se lo vio a Moreira fustigándolo a Rossi en  los principales medios nacionales.

Y Moreira, que es muy hábil, se ve venir que será difícil que el gobierno central le envíe ayuda económica porque, seguramente, le pasará la factura por su dura oposición.

El senador hoy candidato a intendente, señaló a los medios de comunicación una y diez veces que las indagatorias judiciales “deben continuar” ya que a su entender “hay otras responsabilidades” y señaló puntualmente al entonces vicepresidente y hoy Ministro de Economía Danilo Astori, y al ex ministro del MTOP Víctor Rossi, hoy nuevamente en esa cartera, como los responsables del caso Pluna.

La rueda giró, y ahora Astori es quién maneja el dinero, y Rossi el que maneja las obras del gobierno.

En términos sencillos, creer que Astori y Rossi se olvidarán de aquellas declaraciones, es más difícil que lograr que un chancho chifle. Por eso ahora no puede pegarle mucho al gobierno nacional.

Moreira sabe que si gana, no tendrá la misma plata que le enviaba Mujica a Zimmer, y por eso el pasado viernes, en el lanzamiento de la candidata a alcalde Alicia Espindola se apresuró a aclarar  “yo fui muy duro con el gobierno nacional, pero era porque quería que se hicieran las cosas bien” minimizó “ahora quiero hacer las cosas bien en Colonia y voy a convencer a esta gente que yo soy el que mejor las puede hacer y que tengo el mejor equipo”.

Parece complejo, teniendo en cuenta que, amparado en sus fueros de senador, trató poco menos que de corruptos a Astori y Rossi.

Moreira ve que el ciudadano común se da cuenta que votarlo a él no es tan bueno como parecía, y que mejor podría resultar votar directamente al Frente Amplio en Colonia, porque los colonienses tendrían más beneficios del gobierno nacional. Beneficios que si gana él, podrían no tener.

Porque ve difícil la victoria en el departamento, -y ganar en Carmelo podría definir la elección- es que pedía esta semana que El Cerro pueda votar alcalde, algo que no prosperó esa semana en el parlamento.

Pero además, Moreira tiene otro problema, menor, pero no menos importante, y es que tampoco puede ser muy duro con el gobierno departamental porque, durante diez años, sus ediles apoyaron y votaron todo lo que propuso Zimmer.

Y además, por si fuera poco, directores de Moreira participaron y participan activamente en el gobierno de Zimmer.

Esta situación se apreció claramente en su discurso del viernes “vamos a hacer obras desde el primer día, de ninguna manera vamos a esperar seis o siete meses antes de la elección para hacer obras por doquier” dijo, sin hacer ninguna otra mención que lo diferencie del gobierno de Zimmer. Algo distinto a lo que dicen más abajo sus dirigentes, que incluso señalan enfáticamente que no tienen nada que ver con el gobierno de Zimmer. Un argumento que no es real,  y que el propio Moreira no puede confirmar con sus palabras.

Estos dos puntos, que son consideraciones importantes a tener en cuenta por el elector de cara al mes de mayo,  dan otro tono a la campaña electoral en el departamento, y   tiñen de nubarrones el cielo electoral, de quién aparece como uno de los favoritos para llegar a la intendencia.

El mundillo del periodismo es generalmente un rincón de vanidades y miradas de costado, pero en casos especiales, se vuelve una marea de solidaridad.

A nivel nacional EL ECO tiene un prestigio ganado que hace que sea respetado y que, ante atropellos como del que fuimos víctimas por el responsable de la inexistente  Cámara Antipiratería, con la complicidad de la Jueza Alexandra Facal, y la fiscal Alicia Ghione,  las muestras de solidaridad sean enormes.

La Diaria entre los diarios nacionales, y el Semanario Brecha se solidarizaron inmediatamente con nosotros. Desde las radios Rompekbzas con Daniel Figares, Pablo Alfano y Carlos Peláez, y De8a10 con Gustavo Villa, Luis Custodio y Lourdes Vitabar,  le dieron a EL ECO la posibilidad de explicar esta situación que aún padecemos, que es la expropiacion y despojo de los equipos de trabajo. El trabajo de los colegas en APU y CAinfo merece un monumento, así como la declaración de OPI.

A nivel internacional, la voz del Relator para la Libertad de Expresión Dr. Edison Lanza es un apoyo para todos los periodistas que trabajan en  medios que sufren cualquier tipo de atropello en el ejercicio de su profesión.

Una situación injusta y desmesurada que ocurre   por no aceptar pagar un suma de dinero adicional al valor de las licencias en infracción, por concepto de «Honorarios Personales» a un abogado que encontró un agujero legal en una ley con la que amenaza, denuncia, allana e incauta. Justicia y Ministerio de educación y Cultura, al que responden los fiscales y que deberían proteger el patrimonio intelectual de 20 años de ejercicio del periodismo antes que el de las multinacionales a las que dice representar este , bien, gracias.

Pueblo chico, infierno grande, dice el refrán, así que imagínense lo que es el mundillo peridístico en el departamento.

Algunos colegas, de visión cortita, se apuraron a poner al aire durante horas y horas la versión del Dr. Couto y nunca llamaron a nadie de EL ECO para preguntarle.

Sin embargo, muchos tuvieron una mirada más elevada y se pusieron de palabra o en los hechos, acompañando a EL ECO.

Entre los medios, los semanarios Realidad y Noticias hicieron una cobertura desde una mirada de protección del derecho de informar y del libre ejercicio de la libertad de expresión.

Pretender explicar esta injusticia solo desde el lado comercial del derecho de las multinacionales, es, tan errado como malintencionado.

Una forma elegante de decirte “me alegra que estén jodidos”.

Pero eso no nos importan. Particularmente prefiero saludar a los otros.

Estos son los colegas Raúl Saret y Norberto Costabel por Periódico Realidad y Noticias respectivamente, que se comunicaron con nosotros, al igual que el colega radial Willy Artús de Claridad FM y Juan Prandi de FM Amanecer y Claudia de los Santos de Impacto FM. También Eduardo Ferreira que tiene su programa ahora en Radio Cono Sur.

En Carmelo se pusieron a la orden Rodolfo Jorajuría, Elio García y Miguel Guaraglia. Hay muchos más que llamaron a Nueva Palmira. A todos agradeceremos desde la edición impresa, pero mientras tanto, en el camino de la lucha, vamos saludando a lo que tenemos más cerca, y nos hacen sentir acompañados en el mismo camino de informar con independencia.

A ellos, muchas gracias.

 NdeR: según la audiencia judicial del pasado 4 de junio, se nos pide aclarar que no existía una «complicidad» entre el Dr. Fernando Couto, la jueza María Alexandra Facal y la Fiscal Alicia Ghione.

Al respecto digo:

1) Parece presuntamente malintencionado asegurar que el texto alude a una «asociación para delinquir» entre estas partes. No es necesario reafirmar nuestra confianza en la justicia. En este caso, la «complicidad» a la que aludimos es a permitir la dirección del denunciante en el procedimiento y a las irregularidades que, a nuestro juicio, se realizaron en el proceso. Es más, la Dra. Facal ha argumentado a favor de que fue un procedimiento correcto, punto en el cual, evidentemente, no estamos de acuerdo, y que ha sido motivo de planteo,  precisamente, en Sede Judicial.

2) El abogado del Dr. Couto plantea la existencia de la Cámara Antipiratería. Podríamos acordar que en realidad apareció hace muy poquito para el Uruguay, cuando ya en este país y en el mundo el software propietario caminaba hacía décadas. Podemos coincidir entoncs en que ahora la Asociación Antipiratería de la que es Presidente existe, desde hace pocos meses, pero existe, pero también es cierto, que al escribir este artículo la página de internet de esta asociacion estaba bloqueada, y que en Sede Judicial, en la primera audiencia, Couto no recordó en el expediente cuales eran sus integrantes.

Censura de la justicia a un medio de comunicación y extorsión a la prensa.

En los hechos, lo que le ocurrió a más de una docena de publicaciones e imprentas del interior del país es lo más parecido a una presunta extorsión, es decir, según la propia definición de la palabra, “Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido” que no parece otro que el sentido del dinero “Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho” señala la definición clásica.

Después de que EL ECO diera a luz este sábado, un recibo por honorarios profesionales que el Dr. Fernando Couto le cobró al dueño de una imprenta para levantar una querella civil y penal para que luego éste, comprara el software licenciado que Couto personalmente inspecciona, la palabra presunta extorsión utilizada como presión indebida para obtener dinero, parece ser la indicada para definir el procedimiento de este presidente de una cámara anti piratería cuasi inexistente.

Otro recibo similar publicó el Semanario Brecha, lo que en conjunto con el caso presentado este sábado por EL ECO , es prueba de una metodología de uso habitual por parte de Couto, y coincide con el testimonio que recogimos en periódicos e imprentas de todo el país.

Porque sino es una extorsión, ¿para que un comerciante que no conoce a Couto, le va a pagar honorarios personales a un abogado que no lo defiende, sino todo lo contrario?. Couto intima, luego denuncia, dirige el allanamiento y la incautación de las máquinas. Los que evitan llegar a esta última instancia, obtienen un recibo de “Honorarios Personales” por parte del estudio jurídico de Couto, firmado por Couto, por el pago de una suma de dinero en dólares, que clausura las acciones judiciales y compromete al presunto infractor luego, a comprar el software licenciado al que representa.

Este descubrimiento periodístico da una vuelta total a un procedimiento de por si irregular ordenado por la justicia contra EL ECO y otros varios medios de comunicación.

Para que se entienda: cualquier ciudadano en problemas legales le paga honorarios personales al profesional que lo atiende y que es de su confianza, no a un abogado que no conoce, que lo ataca, lo denuncia, lo allana y lo amenaza con incautarlo.

En este marco, el papel de la justicia queda verdaderamente deslucido, ante una incautación que acertadamente ha calificado como “desproporcionada” el Relator de la OEA para la Libertad de Expresión Dr. Edison Lanza y en la que coincidieron la Asociación de la Prensa del Uruguay, la Organización de la Prensa del Interior y el Centro de Acceso a la Información Pública. Desde este mismo espacio señalé que dicha medida era un verdadero acto de despojo que evidencia un claro intento de cerrar un medio de prensa.

Los 25 años de archivos, los materiales de la edición incautada y los programas contables, realizados especialmente para EL ECO por desarrolladores locales y adaptados para una plataforma de software libre, que se pueden encontrar en las máquinas, agravan aún más la decisión judicial.

Me gustaría saber si en estos días, aunque sea en estos días después del despojo ordenado por la justicia, la jueza Alexandra Facal se puso a averiguar la diferencia entre software propietario, software libre, el proceso de migración de uno a otro que cortó por la mitad, las dificultades que estábamos superando para compatibilizar la diagramación del semanario en software libre, y el derecho a la propiedad intelectual de 25 años de trabajo que mandó tirar arriba de la caja de una camioneta policial, sin precinto, sin acta de escribano y sin garantía alguna para EL ECO, como si fueran un cajón de zapallitos de feria.

La «Convención Americana sobre Derechos Humanos» o «Pacto de San José de Costa Rica» de 1969, en el punto 3 del Articulo 13 señala “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

¿Que más se puede agregar a ésto?.

La celeridad en la incautación es destacada por el abogado defensor de EL ECO, Dr. Enrique Erramouspe,  cuando en su escrito ante el juzgado ante el acto de despojo, señala claramente que “por lo tanto, si el propio denunciante no lo solicitó y nada se constató en la Sede de El Eco de Carmelo mal el Oficio pudo sin justificativo alguno a nuestro juicio disponer la incautación de los equipos informáticos de El Eco de Nueva Palmira. En primer lugar porque nadie se lo solicitó ( sin perjuicio de la potestades que le asiste ), en segundo término porque al no constatarse irregularidades en la Sede de Carmelo nada motivaba un allanamiento nuevamente en la sede de Palmira para incautar la maquinaria, equipos informáticos éstos que son y forman parte medular del trabajo de todo semanario o prensa escrita, con lo cual de hecho se está cercenando una fuente laboral, derecho inalienable de todo trabajador y que conforma los más elementales derechos del ser humano”.

Como ciudadano y periodista que observa los hechos, puedo asegurar que el procedimiento de la Dra. Facal incumple y avasalla las garantías del debido proceso que merece EL ECO. En la acción dejó explicitada su clara intención de cercenar la posibilidad de salida de EL ECO, lo que en los hechos es un claro episodio de censura de un medio de comunicación.

En lo personal me da la impresión que la Dra. María Alexandra Facal decidió tomar el mismo camino de ataque frontal a EL ECO que ya conocimos durante el pasaje del ex Juez Carlos Colmenero.

Colmenero se juntó con el más rancio empresariado extrajero de la zona, para desacreditarnos. Facal complace hasta en lo que no pide,  a un abogado que obliga a pagar honorarios profesionales a quienes denuncia.

Si la doctora Facal eligió ese camino de cercenamiento de los derechos y de presión a la prensa, allá ello, pero que sepa que de nada le servirán las opacidades legales para coartar la larga lucha por la libertad de expresión que realizó y realiza EL ECO como medio de comunicación que es un claro puntal de referencia para la información de la gente. Lo que es seguro es que desde nuestro lugar de trabajo, estaremos, una vez más, en la vereda de enfrente. Con la gente a la que nos comprometimos informar cada día a pesar de los Colmenero de entonces y las Facal de ahora.

El camino de Colmenero no es un camino recomendable para la justicia. No al menos para la justicia que necesita la ciudadanía, ni la prensa libre en un país democrático.