Por Gabriel Monteagudo

Tener un déjà vu es tener la sensación de que algo que estás viviendo en este momento y que parece un hecho novedoso, es algo que ya viviste tiempo atrás.

Lo que ocurre en este caso con el combustible y la intendencia de Colonia es parte de ese hecho noticioso que parece nuevo pero que en esta comuna coloniense, es tan común como el agujero del mate para los uruguayos.

Esta semana, exactamente el 25 de noviembre de 2015 se conoció públicamente la detención de siete funcionarios municipales y otros tanto que fueron a declarar al juzgado de rosario pro un presunto hurto de combustible.

Exactamente el 25 de noviembre de 2005, el entonces recién entrante intendente Dr. Walter Zimmer comparece ante la Junta Departamental de Colonia porque había denunciado luego de ingresar, que constató la existencia de un mercado de combustible dentro de la intendencia de Colonia, donde se sabía que había comercialización de gasoil entre 7 y 9 pesos el litro, exceso de gasto de lubricantes, de valvulina y líquidos de frenos

¿Casualidad? Pareciera que no. Quién dejaba en ese momento la intendencia luego de diez años de gobierno era Carlos Moreira y Walter Zimmer comenzó por lo que parece uno de los talones de Aquiles de la intendencia, y es la fuga indiscriminada de combustible.

Ahora, la gestión de Moreira comienza por el mismo lugar por el que Zimmer comenzó investigando su gestión entonces. Más que casualidad parece que Moreira fue anotando y ahora, ítem por ítem, está recorriendo el mismo camino de vendeta política que le aplicó diez años atrás el barbado intendente.

En noviembre de 2005, Zimmer concurrió a la Junta para explicar como detectó que un funcionario municipal era responsable del hurto de combustible “Por supuesto que comprometimos que esta gestión, nuestra administración, iba a poner entre otros puntos, hincapié sobre el combate a la corrupción” dijo Zimmer a los ediles, “esta situación llevó a tomar mecanismos de control tales que, en un momento determinado, se pudo tomar un funcionario municipal y el comprador del combustible, por lo cual ambos han sido procesados y por supuesto que el funcionario infiel -que consideramos que son una minoría, porque la mayoría de los funcionarios municipales son excelentes funcionarios- que pertenece a esa minoría que está haciendo un daño terrible. Este funcionario seguirá el trámite administrativo correspondiente a los efectos de que esta Corporación, cuando se le envíe el mensaje, tome la decisión”.

Qué dijo Moreira este miércoles a EL ECO: “se trata de algo que sucedía en la administración anterior y vamos a sumariar y separar del cargo a los funcionarios porque entendemos que hay elementos suficientes”.

Similitud de discurso y similitud de procedimientos sobre un mismo tema, al que dedican sus primeros meses de gestión.

Indudablemente que es algo que hay que hacer porque la administración municipal debe perseguir la corrupción dentro de la intendencia. Sin embargo, cuando se producen este tipo de casos, siempre es porque alguien, en un cargo más arriba, no hizo lo que debía hacer o tuvo una actitud muy laxa ante los mecanismos de contralor de los que era responsable. Esos, son los que no caen, los que siempre están y los que siempre permanecen gobierno tras gobierno.

Decía Zimmer ante los ediles el 25 de noviembre de 2005. “nosotros tenemos la sana intención de no andar persiguiendo ladrones de combustible y de lubricantes, sino que queremos que no haya ya este tipo de situación. Es decir: prevenir es ta acción delictiva y hacerlo con mecanismos persuasivos y de contralor, que es el mejor mecanismo que existe, porque de no tomar esas medidas, vamos a estar siempre corriendo atrás del que roba y siempre van a seguir robando”.

Obviamente Zimmer hablaba de lo que había sido la gestión dejada por Carlos Moreira. “En la progresión que nosotros estamos en este momento, aproximadamente tenemos un 10 % de ahorro de combustible en la proporción que tenemos, que tendría que ser más todavía, pero evidentemente en base a que hay sustracciones, hay robos, no logramos llegar a las cifras correctas, pero se han ahorrado con mecanismos de contralor unos cuántos miles de litros de combustible, que significa una cifra importantísimo en pesos”.

En conclusión: cuando Zimmer tomó el gobierno después de 10 años que le dejó Moreira, lo primero que hizo fue denunciar el hurto de combustible y la falta de controles del gobierno anterior. Ahora, cuando asume Carlos Moreira, lo primero que hace es denunciar el hurto de combustible y la falta de controles del gobierno de 10 años que le dejó Zimmer.

Todo parece indicar que las situaciones, incluso calcadas en el día y mes ocurridas con diez años de diferencia, no parecen ser pura casualidad y en ante esto, la cuestión fundamental no es que se hagan un pase de factura calcado con diez años de diferencia, sino que se efectivicen controles para que estas situaciones no sigan ocurriendo a lo largo de sus respectivos períodos.

La intendencia de Colonia pagó la irrisoria suma de mil ochocientos cuarenta y seis pesos por la importación de la camioneta Toyota, que luego utilzaría el ex intendente Walter Zimmer. A la comuna, la camioneta le costó 54.890 dólares.

Sin embargo, si un ciudadano común y corriente quiere tener una camioneta similar, deberá ir a la concesionaria con un fajo de billetes un poco más grande, ya que para pagar los gravámenes aduaneros, deberá gastar un ciento diez por ciento (110%) más del valor real del vehículo.

Comience en 54.890 dólares y saque la cuenta cuanto le costaría a usted la camioneta que maneja Walter Zimmer.

Así pudo conocer EL ECO esta semana, luego de constatar el valor de mercado de una camioneta similar a la que era propiedad de la intendencia, y que Walter Zimmer terminó reallizando una extraña triangulación con otra persona para comprarla por 63.900 dólares.

Según la página http://www.autoblog.com.uy/ publicada en noviembre de 2013, que apareció anunciando el lanzamiento en Uruguay de la Toyota Land Cruiser Prado 4.0 V6 VX 4WD A/T modelo 2014, el valor de mercado esa camioneta era de U$S 129.900.

Incluso el blog, señala su precio como un elemento en contra “El precio deja al Land Cruiser en el territorio de las marcas premium alemanas. Aunque tiene todos los elementos para darles pelea, no es lo mismo una marca generalista que una premium, a la hora de desembolsar casi U$S 130.000” señala este blog especializado.

En noviembre de 1991 -pleno gobierno de Luis Alberto Lacalle- se aprobó la Ley Nº 16.226 que era la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Prespuestal de su primer año de gobierno.

En esa ley, en el Artículo 463 y en solo tres renglones, quedó establecido como importarían los vehículos y maquinarias los organismos del Estado “Declárase que el Estado, los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución y los Gobiernos Departamentales, gozan de inmunidad impositiva, tanto nacional como departamental, por sus bienes y actividades no comerciales ni industriales”.

Inmunidad impositiva, dice la ley. Eso significa, entre otras cosas, la exoneración de un 22% de IVA más un 10 adicional impuesto para desestimular la importación, más un 34% de Imesi, más Irae, etc. etc. los que terminan sumando un 110 por ciento de gravámens sobre el valor de la importación.

Por eso, en este caso, una camioneta que le costó 54.890 dólares a la intendencia, le cuesta 130.000 dólares a un particular, cuando va a la concesionaria.

El Documento

De acuerdo a la lectura del expediente que hicimos en EL ECO, el cual fue enviado por la intendencia a los ediles que llevaron este tema a la justicia, figura el DUA (Documento Unico Aduanero) que permite establecer los impuestos y/o exoneraciones que tiene un producto de importación (Ver documento en esta misma página).

Allí se establece el Número de Documento: 001-2013-210669 y señala que el valor adicional en gravámenes pagados por el importador de la camioneta es de mil ochocientos cuarenta y seis pesos.

El secreto de porque solo una.

La gran pregunta que nos hacíamos por estos días, era porqué solo la importadora Ayax S.A, se había presentado al llamado a licitación realizado por la intendencia.

En apariencia, la intendencia realizó todo en forma correcta y siguiendo los procedimientos. Como forma de asegurarse de que se enterara la mayor cantidad de vendedores posibles de que la intendencia quería comprar una camioneta 4×4 y las características que debía tener, envió el llamado de licitación a todas las empresas conocidas en el rubro automotor.

Así, el expediente muestra que se envió la licitación por fax a las empresas más conocidas. Además de Ayax S.A, obviamente, se enviaron faxes a Motor Haus, Omar Kleist, La Radial Automotores, Bor S.A, Honda Uruguay, Zenex Kia Motors, Hyundai Fidocar S.A, Videsol S.A, Julio Cesar Lestido S.A, Santa Rosa Automotores S.A, Autolider Uruguay S.A y Multimotor S.A. Además de publicarse el llamado en la web de la intendencia, en www.comprasestatales.gub.uy y otras publicaciones especializadas en venta de autos.

Entonces ¿porqué solo Ayax S.A se presentó a la licitación?.

Todo parece indicar que el secreto está en el pliego mismo de la licitación. Allí, parece quedar claro que el intendente no quería comprar cualquier camioneta 4×4, salvo “esa” que finalmente compró. Por lo tanto, no le interesaban otras ofertas, y en esta línea, había que redactar un llamado a licitación, que solo pudiera servir para que se presentara la concesionaria o importadora de vehículos que tenía “esa” camioneta que quería el intendente. La empresa que reunía las condiciones de importación para “esa” camioneta, se llamaba Ayax S.A, y la marca de “esa” camioneta debía ser la Toyota modelo Land Cruiser Prado.

El secreto aparece en el punto 3 del llamado a Licitación que se titula “Características que deben poseer los vehículos que se licitan”. Allí se señalan las características normales de muchas camionetas de alta gama, como por ejemplo que sea a nafta, que tenga una gran cilindrada, especificamente 3.100 c.c, una potencia mínima de 240 HP, trasmisión automática, cinco velocidades, freno ABS. En fin, hasta ahí había muchas camionetas en plaza con esas características.

Ahora viene el gran detalle que aparece en el sexto item de características que debe poseer la camioneta que, teóricamente, necesitaba la intendencia, y, la cual según el pliego, debía tener una “tercera fila de asientos con control eléctrico de plegado”.

Para que otra cosa, que no fuera satisfacer un antojo del intendente Walter Zimmer, la intendencia de Colonia iba a necesitar una camioneta que sería de uso exclusivo del intendente. De otra forma no se explica incorporar como exigencia una característica que solo “esa” camioneta Toyota Land Cruiser, cumplía, y que era tener una “tercera fila de asientos con control eléctrico de plegado”.

¿Porqué exigir en la licitación una característica tan exclusiva?. Según varios vendedores que consultamos, resulta evidente que la única camioneta con esa característica en ese momento en plaza era la Toyota Land Cruiser y que, con ello, se aseguraban que sólo la empresa Ayax S.A podría presentarse a la licitación (ver documento de la licitación).

Ahora, habrá que ver que dice la justicia sobre estos aspectos, donde un intendente, compra para la intendencia una camioneta libre de impuestos,  y luego la termina comprando por mucho menos, casi la mitad del valor que tiene esa camioneta en el mercado para un ciudadano común y corriente.

Por Gabriel Monteagudo

Socialistas de Colonia llevan negocio de Zimmer a la Justicia

A nombre de la intendencia, el ex intendente Walter Zimmer cambió tres veces la camioneta con la que se movilizó entre 2011 y 2014. La última que le dejó a Carlos Moreira apenas tenía unos pocos kilómetros. Veinte días después de dejar el mando, compró la segunda camioneta en poco más de sesenta y tres mil dólares. Un mes después del negocio, el dinero no había entrado a la intendencia, y, aunque teóricamente habría entrado en Ayax, Zimmer no podía comprar un bien municipal sino que el mismo se debió rematar y con el producido sí, comprar la tercera camioneta.

En los hechos, Zimmer debió rematar la unidad, no venderla y menos comprarla él mismo pocos día después de dejar el sillón municipal. Los ediles del Partido Socialista de Colonia José Luis Pittamiglio, Michel Skafar y Juan Manuel Arenas presentaron en la tarde del viernes 3 una denuncia penal en el Juzgado de Colonia para que la Justicia investigue la compra por parte del ex intendente Walter Zimmer de una de las tres camionetas 4 x 4 que la intendencia terminó comprando en su segunda gestión. De ellas solo una está hoy en poder de la intendencia.
EL ECO accedió en forma exclusiva a la denuncia que los ediles presentaban a las 17 horas de ayer viernes ante el juzgado, y allí se relata la historia de las famosas camionetas de Zimmer.

La historia

El escrito señala que para movilizarse, el entonces intendente Walter Zimmer decidió que un auto no le era suficiente, así que decidió comprar una camioneta 4×4.

En el año 2011 la intendencia de Colonia procedió a la realización de una Licitación Abreviada /03/2011) a efectos de adquirir una “camioneta todo terreno 4×4 y tracción en las cuatro ruedas” estableciendo los respectivos pliegos de condiciones generales y particulares para la mencionada contratación.

En ese momento, el contador delegado del Tribunal de Cuentas Cr. Jorge Ingold le informó al intendente que no había rubros prespuestales (dinero) destinado para una operación de ese tipo, pese a lo cual Zimmer, que nunca fue muy apegado a las cuestiones de un correcto manejo administrativo, decidió seguir adelante con su compra.
En febrero de 2012 Zimmer decide entonces adjudicar la compra a un único oferente, la empresa Ayax S.A, por un monto total de U$S 54.900 quién además se obliga, en virtud del parámetro del pliego, al recambio automático, sin costo adicional, por otra unidad de las mismas características al cumplirse tres años de uso o 100.000 km.
Ni empresas como Fiat, Chevrolet, ni Peugeot, ni Ford se presentaron a la licitación, solo se presentaron los representantes de Toyota.

Fue así que Zimmer se hizo con una camioneta Toyota modelo Land Cruiser Prado VX V6.
Zimmer utiliza desde entonces esta camioneta y un año después, el 15 de mayo de 2013, la empresa Ayax S.A le envía una carta informado que estaba dispuesta a realizar el recambio de la camioneta por una unidad 0km tal como se había acordado «no habían transcurrido 3 años desde la adquisición y no se acredita en ningún lugar que la camioneta hubiera llegado a recorrerlos 100.000 km que establecían los pliegos para el recambio.

Con apenas dos años de uso, el 21 de junio de ese año, el intendente Walter Zimmer resuelve aceptar la propuesta formulada por la empresa a efectos de proceder al recambio de la unidad adquirida en 2011, lo que efectivamente se concretó.
Es decir que a mediados de 2013, la intendencia volvía a tener una camioneta cero kilómetro y allí terminaba entonces el acuerdo con Ayax S.A, es decir, que a partir de que esa segunda camioneta se desgastara por el uso o se decidiera cambiar, la intendencia debería llamar a licitación nuevamente para la compra de otra unidad.

No fue así

No fue así, y aquí empiezan a sumarse una serie de hechos que hacen que los ediles pidan una investigación de la Justicia. “Todo esto nos resulta muy raro y lo correcto que, ante la duda, sea la justicia la que investigue. Nosotros como ediles tenemos la obligación de denunciar cuando se presentan este tipo de hechos”, señaló a EL ECO el edil José Luis Pittamiglio, uno de los tres denunciantes..
Es bueno anotar, que toda esta documentación fue aportada como respuesta a un pedido de informes que realizó la bancada del Frente Amplio y que respondió el actual intendente Carlos Moreira. Es mas, en los detalles, uno de los abogados que están aún auditando contratados por Moreira, recomiendan al actual intendente realizar una investigación administrativa.
Ante esto, los ediles decidieron dar un paso más y tras estudiar el material enviado por el actual intendente, entendieron, como lo especifican en su presentación a la justicia, “denunciar hechos con presunta apariencia delictiva”.

La historia

El 18 de noviembre de 2014, a pocos meses de dejar la intendencia, en forma sorpresiva, la empresa Ayax S.A envía una nueva carta a la intendencia, informando que estaba dispuesta a realizar un nuevo recambio de la camioneta adquirida por la intendencia en 2013 por una nueva unidad 0 km.
Según explican los ediles en su denuncia “esta circunstancia nunca fue prevista en la licitación inicial y sin procederse a realizar una nueva (o por lo menos no surge acreditado de las actuaciones que tenemos a nuestro alcance) ni someterse a los procesos que el Tocaf establece para la realización de cualquier gasto o contratación, el intendente Walter Zimmer resolvió aceptar la propuesta de la empresa y proceder a un nuevo recambio”.
Cual fue el origen de la iniciativa de Ayax y porque Zimmer decidió cambiar una camioneta que tenía poco mas de un año, es una pregunta que deberá investigar la justicia.

Cosas extrañas

Pero ocurrieron cosas más extrañas en este tercer recambio no acordado comercialmente.

Más adelante, el ex intendente de Colonia conjuntamente con el ex secretario general Pablo Manitto, extendieron una carta-poder en la que autorizan a dos personas que no son funcionarios municipales de iniciales M.A.F.J. y/o RN.P.R. a “empadronar, asegurar, enajenar, solicitar duplicado de libreta, realizar transferencia de titularidad, recibir el precio, otorgar recibo” sobre la camioneta adquirida por la permuta del año 2013 que en realizada debió haberse entregada a Ayax S.A en virtud de la adquisición de la nueva camioneta modelo 2015.

Si bien esta camioneta era de la intendencia, estaba empadronada con la matrícula LIM 1919, no se entiende por qué el Poder Ejecutivo municipal Zimmer – Manitto, le hacen un poder a dos particulares, que no son funcionarios de la comuna, para que dispongan a piacere de un bien municipal que meses mas tarde, le terminarán vendiendo al propio Zimmer.

Las firmas de las mencionadas carta-poder a nombre de ajenos a la intendencia, fueron certificadas por la escribana municipal el 28 de mayo de 2015, días después de las elecciones departamentales y 45 días antes de la asunción de Moreira.

Con fecha 16 de junio de 2015 se desafecta la matrícula LIM 1919 y se matricula el vehículo con la chapa LAC 3381, a nombre de la Intendencia de Colonia.

Pero hay más: el 29 de julio de 2015, 20 días después de haber dejado el poder municipal, Walter Zimmer compra a dos particulares -a los que el propio Zimmer dio el poder de manejar un bien municipal como era la camioneta Toyota Cruiser LMI 1919 – compra decimos, esa misma camioneta que la intendencia había adquirido en 2013 a través de la permuta prevista en la licitación abreviada efectuada en 2011.

El precio de esa compraventa (ver documentos en EL ECO) se estableció en U$S 63.900.

El día 3 de agosto de 2015 se transfiere el vehículo a nombre de Walter Zimmer.

Sin embargo, según el informe del Cr. Jorge Ingold del 21 de agosto de 2015 ese dinero nunca ingresó a la Intendencia además de afirmar que Zimmer no estaba habilitado a realizar negocios con la intendencia de Colonia según lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 487 de la Ley 15903.

También el Tocaf le prohíbe al intendente realizar un negocio después de dejar el cargo con bienes que él administró y negocios que él hizo mientras era intendente.

Hoy la camioneta que era LIM 1919 luce la matrícula LAC 3381.

Preguntas

¿Por qué solo Ayax se presentó a un llamado a licitación?

¿Por qué Ayax le ofrece un tercer cambio que estaba por fuera del acuerdo firmado en la licitación de 2011?

¿Por qué se enajena la segunda camioneta a nombre de terceras personas que no pertenecen a la intendencia sin establecer si son o no responsables de Ayax?

Conclusiones

El contador Jorge Ingold, en nombre del Departamento de Hacienda de la Intendencia arribó a varias conclusiones administrativas.

1) Faltó imputar el gasto por la adquisición de la Unidad Toyota Land Cruiser Prado VX U6.

2) Deuda que se canceló con la baja de la Unidad modelo 2013, que no se contabilizó.

3) E día 16 de junio de 2015 se realizó el cambio de matrícula, otorgándose la chapa LAC 3381 Acto en el que no se realizó la transferencia a nombre de Ayax S.A

4) No hubo ingresos, como ya dijimos, a la intendencia por U$S 63.900 (sesenta y tres mil novecientos dólares americanos), lo que se justifica ya que no hubo ningún pago en efectivo por la unidad 2015; el pago fue con la unidad modelo 2013 que originó el contrato de compraventa automotor.

5. El Sr. Walter Zimmer no estaba habilitado a contratar con la intendencia de colonia según lo dispuesto en el numeral 4 del Art. 487 de la ley 15.903.

Esta columna la escribí en los días siguientes a la indagatoria que me hizo el juez Carlos Colmenero por la denuncia de Cantón, el 10 de agosto de 2001. Hace 15 días la policía, que no tenía detalles de la denuncia porque Cantón la hizo directamente en sede judicial, encontró a unos marineros de la prefectura uruguaya de Carmelo que se confesaron autores del robo a Cantón. Los encontraron de casualidad investigando otro delito que nada tenía que ver con el asunto. Hoy estoy esperando que el juez, con el que como verás líneas más abajo estamos enfrentados, se decida a archivar la denuncia de Cantón en mi contra.

Del manejo del poder y la justicia.

La connivencia del juez y el empresario para callar un periodista.

Maleantes de poca monta, ladrones, rapiñeros con frondoso prontuario policial son indagados en estos días por el juez carmelitano Carlos Colmeneros buscando frenéticamente un indicio que revele un vínculo imposible: vincular mi nombre con el robo de información que sufrió el empresario argentino Eduardo Cantón en la primera mitad del año.

A dos meses de la indagatoria, un juez cuestionado periodísticamente y un empresario sospechado de lavado de dinero con el que almorzó luego de la denuncia, forman una combinación explosiva en la que la libertad de expresión, el derecho de informar con independencia y el silenciamiento de quienes se opongan a sus intereses aparecen más amenazados que este periodista.

Cómo si fuera poco, en un reportaje a un cable de Nueva Palmira, el empresario Eduardo Pacha Cantón aseguró sin tapujos en estos días que este escriba del interior era quién había enviado gente a robarle documentos para que la diputada argentina Elisa Carió lo vincule en su denuncia por lavado de dinero. Un verdadero disparate.

La arremetida judicial deja al descubierto una modalidad nueva en el interior del país pero conocida ya por otros colegas en el mundo: los sospechosos de ilícitos que recurren a la justicia para, revirtiendo la carga de la prueba, lanzar acusaciones falsas contra periodistas “molestos” para impedir que trabajen e informen con libertad. Y la permeabilidad de la justicia cuando estos periodistas también critican el accionar de los jueces que la administran.

La historia de Cantón parece redonda: un periodista no complaciente contrata varios malvivientes para que roben documentos del hipervigilado Club de Campo El Faro, en los primeros meses de este año. Los documentos supuestamente comprometedores son enviados a la diputada argentina que en agosto denuncia a Cantón y a sus socios árabes como integrantes del circuito que en esta parte del cono sur permitió al grupo Pharaón lavar varios millones de dólares.

Así contada podría ser una buena historia salvo porque faltan algunos detalles: este periodista nunca supo que Cantón había sido víctima de un robo, nunca tuvo ningún contacto con quienes pergreñaron el supuesto robo y por si fuera poco, no tengo ni tuve ningún contacto con la diputada argentina Elisa Carrió.

La única aproximación que viví con esta historia es la visita de un misterioso personaje que me contactó en varias oportunidades los primeros días de junio ofreciéndome “información de Cantón” que finalmente no acepté por considerar sospechoso al personaje.

En los primeros días de agosto, Cantón hizo una denuncia en el juzgado local acusandome de supuesta coautoría del hurto de información. Su testigo es, casualmente, el misterioso informante que me contactó y que grabó con micrófonos ocultos y sofisticada tecnología fuera de su alcance, parte de los diálogos mantenidos.

Cualquier juez hubiera comprendido inmediatamente que la denuncia no era más que una cortina de humo, una estrategia armada “para la gilada” ante la difusión del informe Carrió “Pacha Cantón y Ghaith Pharaón lavan dinero en Carmelo – Uruguay” dijo la diputada frente a los canales de televisión cuando leyó el informe elaborado en base a la información proporcionada por el senado norteamericano y después de dos años de trabajo (Azul Televisión transmitió en directo esta parte del discurso de la Carrió)

Por esta denuncia de Cantón el juez me interrogó durante dos horas el pasado 10 de agosto y desde entonces me mantiene en calidad de indagado.

Tal como lo hizo Dionisio, el tirano de Siracusa, cuando colgó una espada sobre la cabeza de Damocles pendiendo de una fina crin, Cantón y el juez sostienen una acusación falsa que oficia de espada de Damocles sobre la cabeza del periodista para mostrarle el peligro permanente que se yergue sobre su trabajo informativo.

El contexto de la historia.

Cantón está, desde hace varios años, muy enojado con este periodista. Como corresponsal de La República y periodista de El Eco de Carmelo, fui uno de los primeros que por estos lares comenzó a transitar el camino del periodismo independiente, en dos medios, uno local y otro nacional, que hicieron culto de esta forma de periodismo, en un país en el que la prensa siempre estuvo y está sometida a los poderes políticos de turno. Mientras el resto de las empresas locales (periódicos atados a la publicidad de la intendencia, radios sometidas siempre a la versión oficial del gobierno y canales de cable otorgados por Lacalle durante la década del 90) se mostraban deslumbrados con el carisma del inversor, me preguntaba como sobrevivía un country pensado para construir 300 casas en las que en 9 años sólo se levantaban 30, reproducía las sospechas que sobre el empresario publicaban los medios argentinos y mostraba al público local, en los que aparecía como un “simpático empresario” las sospechas que se erguían sobre los socios árabes que trajo para construir el hotel cinco estrellas Madison Rsort & Spa.

Preguntar públicamente como sobrevivían estos emprendimientos me acarreó la ira del empresario que nunca optó por concederme una nota para rebatir la información publicada.

La obsecuencia informativa local dio finalmente sus frutos: hoy todos los medios de Carmelo y Nueva Palmira, excepto claro está en los que trabaja este periodista, lucen enormes avisos tanto del Club de Campo el Faro como del Club de Golf, avisos que no se justifican por el hecho de su utilidad para captar clientes locales que nunca podrían invertir aquí pero que sirven claramente para evitar preguntas molestas al empresario.

“Las grandes obras las sueñas los locos visionarios, las ejecutan los luchadores natos, las aprovechan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos” lucen sendos avisos de media página en los medios locales.

La obsesión del juez.

Dicen fuentes que conocen bien el tema que el juez Colmeneros “tiene una obsesión” con este periodista que “lo tiene harto” cuestionando su actuación como magistrado. Pese a que sabe que no va a conseguir una prueba en algo que no ocurrió, dicen estas mismas fuentes que el juez “está juntando datos” para llevar adelante un procesamiento.

Ambos proclives a recorrer los lugares nocturnos de moda, la misma noche del 10 de agosto en que Colmeneros me interrogó, el juez Colmeneros y el empresario Cantón coincidieron en un pub de la noche carmelitana. Días después almorzaron juntos en El Faro, en una reunión íntima entre el denunciante y el juez que debe administrar justicia en la causa en la que aparezco como indagado.

Colmeneros, se enojó con este periodista al difundir su pretención de soltar a los 20 días al hijo de un poderoso caudillo político blanco autor de una estafa en el Casino local. En varios casos he criticado la actuación del juez y fui presionado por él en el juzgado para revelar una fuente en un caso que antes de publicar había puesto en conocimiento del juzgado.

Sus declaraciones a la prensa motivaron en setiembre un mini escándalo en la embajada norteamericana cuando Colmeneros aseguró en la emisora local que él junto a personal de esta embajada investigaba en Uruguay una red de contrabando en Colonia. Cuando las declaraciones del juez fueron difundidas por LA REPUBLICA el magistrado recibió un llamado desde la embajada y tuvo que salir al otro día a aclarar a la radio local que en realidad vinieron “a consultarlo” por la circulación ilegal de cigarrillos Marlboro.

Con la ductilidad de un equilibrista, Colmeneros cambió de un día para otro su rimbombante declaración a la radio local, ante la trascendencia nacional de sus declaraciones, reproducidas en forma textual por LA REPUBLICA.

¿Cómo seguir haciendo periodismo libre de ataduras ante un panorama semejante?, ¿Cómo evitar los procesos internos de autocensura en la cobertura informativa?, ¿cómo lograr la información que cada día el poder de turno le quiere escamotear al público si la justicia se convierte en aliado de quienes debería investigar y pone bajo la lupa a los periodistas?.

Mi hijo de 10 años me preguntaba desde su inocencia porqué estaba tan precupado “si los malos son los otros papá”.

Ayer, por primera vez, no supe que contestarle.