Están preocupados. La inclusión financiera los obligó a prolijar sus cuentas bancarias, la política del BPS y la ley de ocho horas a prolijar a sus trabajadores, los controles del MGAP a prolijar su producción, la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGI a prolijar sus impuestos, por sobre todo, a utilizar la política de beneficios y descuentos ya que para obtenerlos hay que estar al día con todos los impuestos, y así acceder a los descuentos de combustible, iva, ute, etc.

Y encima ahora la Guía Electrónica de carga y el chip en los camiones, los obliga a declarar exactamente la carga que transportan. No se puede evadir ni un grano de soja.

En los hechos y tirando números, pagan mucho menos impuestos que cualquiera de las otras actividades productivas del pais: una tienda, una librería, un almacén o un kiosco en el pueblo, pagan más impuestos que ellos. Si miramos los números, no solo son como dicen “el motor” de la producción nacional sino que también son los grandes privilegiados de la economía nacional.

Y hoy son los que se movilizan buscando mayores beneficios.

Sin embargo, son muy pocos que hablan del tema. Es difícil conseguir testimonios porque hay una especie de presión social que señala que si criticás al campo, estás en contra del país. Y entonces la discusión se rebaja hasta el modelo de cuatro por cuatro que tiene el autoconvocado, o el viaje a Europa que hizo el invierno pasado. Y el tema es bastante más profundo que eso.

Por eso recurrimos a profesionales del área contable que nos indicaron los datos más exactos, y que se pueden encontrar en las páginas de la DGI y el BPS. Están ahí, solo hay que tomarse el trabajo de buscarlos

Vacas gordas.

Hay un fenómeno que ocurrió y en el que todos los consultados coinciden: hubo una época hace tres años atrás o capaz menos, “que se invirtió en maquinaria cara no comprada con capital propio, y para lo que no se estudio realmente si la productividad de la empresa estaba a tiro para afrontar esos créditos”.

En el área rural es una verdad de perogruyo que muy pocas empresas hacen una proyección real de pagos. Esta semana EL ECO consultó con profesionales, contadores, economistas, administradores de empresas, que trabajan con productores rurales que nos decían que “hay productores súper prolijos que hoy le bajaron los rendimientos y es real, pero siguen siendo fuertes y saneados” y agregan “y están los desprolijos, o que con el prestamos invirtieron en mejoras y otro tanto en viajes y vehículos y hoy no tienen claro como van a hacer frente a sus deudas”.

Cambio impositivo.

El gran cambio que ha enfrentado el agro tiene que ver con la formalización impositiva y con la existencia de mayores controles, y no con un aumento de la carga tributaria. El agro no tiene una presion mayor a otros sectores de actividad, incluso es mas baja que la industria y los servicios. No hay un mayor aumento de la carga tributaria” señaló el Economista Gustavo Viñales en entrevista con el programa No Toquen Nada de Fm del Sol. La entrevista aún puede escucharse en www.delsol.uy.

Viñales es Contador público y Profesor en la Facultad de Ciencias Economicas de Udelar.

Nos remitimos a la entrevista radial porque tras comunicarnos con él prefirió no hacer más comentarios sobre el tema.

Los impuestos.

El agro tiene cuatro impuestos, el IRAE previemanete esta el IMEBA para productores hasta 1250 hectareas o ingresos por menos de 250 mil dolares.

Eso abarca muchos grandes productores que ni siquiera tienen que hacer una declararcion jurada. Ese impuesto es mucho mas barato para el productor.

Desoues esta el IRAE ficto, que se tributa sobre las ventas, que es Imeba mas 50%, y permite descontar el iva de todas las compras. Con ventas de hasta 500 mil dolares por año, es el segundo escalon.

Ambos son regimenes simplificados muy amplios que abarcan a muchisimos productores.

Un almacen puede exonerar con el literal E o pequeño contribuyente si no superas una facturación anual de 1.137.010 pesos que son mas o menos 39.000 dólares.

Despues esta el impuesto al patrimonio: tiene una exoneracion, solo tributan aquellos prooductores que su activo agropecuario supere algunos limites.

Si usted paga impuesto patrimonio tiene mas de 1500 hectareas que son mas de 5 millones de dolares.

Si vamos al censo agropecuario 2011 vemos el tipo de productores y hectareas, solo el 9,2% de los productores están por encima de las 1.000 hectareas. Mas del 90% de los productores agropecuarios no pagan el impeusto al patrimonio porque están exonerados.

El impuesto al patrimonio es una manifestacion de riqueza.

Contribucion inmobiliaria rural.

Se crea por ley nacional pero el destino es exclusivo de las intendencias. Las intendencias recaudan y gestionan esos fondos. Si uno mira la grafica la evolucion de la contibucion inmobiliaria rural, a fines de los ochenta era ela40% de los ingresos de la intendencias. En 2014 es del 12%.

UPM paga 20% del total del Impuesto al Patrimonio.

El impuesto al patrimonio recauda 44 millones de dolares para el pais.

Mas del 90% de los productores rurales no paga Impuesto al Patrimonio, pero ademas en el top 5 de los que pagan impuesto al patrimonio está UPM.

Si uno se basa en las 235 mil hectáres de UPM llego facilmente a mas o menos 8 millones de dolares de impuesto al patrimonio.

Solo UPM paga el 20% del total de la recaudacion del Impuesto al Patrimonio del sector agropecuario que percibe DGI.

Un kiosco del pueblo paga más impuesto que un estanciero.

Un comerciante en el pueblo con dos empleados paga más del doble de impuestos al año que un productor rural con mas de 200 hectáreas dedicadas a la soja.

Veamos un ejemplo concreto, para el que recurrimos al auxilio de profesionales del rubro que nos ayudaron, tras hacerle una pregunta concreta: ¿cuanto paga de impuestos un comercio común en carmelo, con dos empleados, y un establecimiento rural, ambos que aporten el mínimo legal en materia de impuestos?

Con esto nos encontramos

Al día de hoy 2.000.000 Unidades Indexadas (3.8284 pesos cada una = $ 7.656. 800) es el tope que se maneja en el agro para dejar de ser Imeba (franja mínima) y en industria para estar en la franja más baja de Irae ficto, son en $ 7.654.600.

Es decir que el ejemplo que sigue está basado en un campo cuya producción no supero los 7.656.800 pesos al año y un comercio cuya facturación no supere lls $ 7.654.600)

Trabajamos sobre  ejemplos que no superen esto.

Industria y comercio:

Ingresos anuales $ 6.000.000

Es irae ficto paga al año 6.000.000×13.2% = 792.000

792.000 x 25% irae = $198.000 (25% paga el primer año, 50% el siguiente y el tercer año ya paga el 100%)

Y de patrimonio suponiendo que al fin de ejercicio tiene un patrimonio neto entre activos (dinero mercadería cuentas a cobrar etc) menos deudas , un patrimonio neto de 430.000$ , paga 1.5% de impuesto al patrimonio anual , son $ 6.450.

En resumen DGI seria 198.000 + 6.450, (se deja el iva afuera porque en si es una agente de retención y pago , pero mensualmente es sabido que financieramente tenes que tener el dinero para volcarlo) .
BPS: con tres empleados con sueldos de 20.000 $ nominal al mes , la empresa paga por mes de BPS $ 26.500 (considerando aportes patronales y personales).

BSE: $3.500 x mes.

Resumen anual :

DGI: $ 204.450

BPS y BSE anual serian : $ 360.000

Total anual industria y comercio: $ 564.450

Agro

Una empresa rural que tenga 280 hectáreas para soja , si se maneja un rinde de 2.500 kg x hectárea a un valor de 300 dólares la tonelada, se tienen ingresos al año de 210.000 dólares , a un Tipo de Cambiio de 29 pesos, son unos $ 6.090.000.

A este productor le corresponde Imeba, no supera el tope para ser Irae ficto, y mucho menos real.

Este ingreso de soja hace que cuando vende le retienen imeba + inia + mevir, un 0.7%.

Serian unos $42.630 que les retienen cuando entregan la soja y se vuelcan directo a DGI.

Eso es lo que pagan en DGI, y no tienen que presentar declaración jurada ni nada mas .

BPS: también 3 empleados (quizás con menos lo puede ser ), a un sueldo nominal de $ 20.000 , estan los aportes personales que son iguales , $ 12.675 por mes, pero no hay aportes patronales por los obreros , el patrón paga $ 2.380 (que es el mínimo aporte patronal hasta 571 ha.), mas $981 de cuota mutual .

En definitiva paga de BPS por mes $ 16.036, al año son $192.432 (el bps del agro en realidad se paga por cuatrimestre, pero es igual a efecto del cálculo)

No se paga BSE, está incluido en los aportes a BPS.

En resumen en el agro :

DGI $ 42.630

BPS $ 192.432

Total anual agro $ $235.062

El costo del asesoramiento profesional en este caso, también es mucho menor, ya que siendo que aporta por Imeba no necesitas asesoría técnica, solo que te liquiden los sueldos y te den la factura para pagar el BPS (lo hacen por lo general las gestorías).

En industria si o si necesitas un contador que te lleve la empresa todos los meses y te registre la contabilidad, te hace el cálculo mensual de impuestos, se presentan declaraciones anuales , etc.

Allí hay un costo más que estos productores no tienen. Como contrapartida están los márquenes de ganancias que en un comercio rondan el 10% y en el agro si pasan causales como la sequía de este año, será muy poco lo que se pueda rescatar de producción.

De cualquier forma, el balance general es claro: el sector de Industria y Comercio es el sector que soporta la mayor carga tributaria, muy por encima del sector agropecuario.

Gabriel Monteagudo

Terminaba el año y se tramitaban las últimas causas del año 2017 en el juzgado de Carmelo. Había sido convocado a declarar el prefecto que estuvo en Carmelo entre 1978 y 1980, en el marco de la causa en la que dos palmirenses en aquella época, fueron secuestrados dos veces por militares uruguayos y argentinos, encapuchados y llevados a islotes del Delta.

La primera vez fueron rescatados por un pescador argentino, luego los encontraron y se los llevaron nuevamente.

La denuncia de una de las mujeres en el juzgado de Carmelo en junio de 1980, ante la actuaria de aquel momento, blanqueó su situación y pudieron volver a tierra firme. La mujer llevaba la capucha y las esposas que le habían quedado al argentino cuando los rescató.

Era diciembre. El entonces prefecto Rubén Heber Martínez estaba citado a declarar porque él estaba a cargo de la prefectura de Carmelo en aquella época y no podía desconocer lo que pasaba en la costa bajo su jurisdicción. Su abogado defensor es el ex fiscal Enrique Moller, que entre otras cosas archivó la causa Gelman que investiga el paradero de los padres de la hoy diputada Macarena Gelman.

No pasó nada. Un extensísimo lago de amnesia cubría la memoria del ex marino cuando se lo consultaba sobre aquellos años, no recordó nada mientras tanto su abogado presentaba un escrito citando la prescriptibilidad de la causa que se investiga.

Este expediente, en realidad tiene un expediente anterior acordonado y produjo un efecto posterior que podría tener efectos en la apelación que en abril se realizará en Roma por la causa por la que se intenta juzgar a 31 militares de la región por su participación en el Plan Cóndor.

El expediente anterior investiga la aparición de un cuerpo en la zona de Punta Gorda, a cinco kilómetros de Nueva Palmira, durante 1980 y que podría ser una víctima de la dictadura. El cuerpo se encuentra en el cementerio y generó un expediente que cuenta con muy poco avance.

A partir de allí se acordonó la denuncia que el año pasado presentaron los dos palmirenses, pescadores y contrabandistas que en aquella época cruzaban habitualmente el Río Uruguay, desde Punta Gorda a los islotes argentinos a pocos kilómetros. Allí, donde gran parte de los habitantes de esta región conseguían alimentos y elementos de limpieza a mitad de precio favorecidos por el cambio, era habitual el contrabando. En aquella época en cualquier casa de la zona se encendían los primus o las cocinas a querosén con fósforos tres patitos y se cocinaba con aceite Cocinero.

En esta causa fue llamado como testigo Rubi “Ruda” Veliz, ex integrante de Prefectura que declaró en varias causas de Derechos Humanso señalando el lugar exacto donde el vio que se realizaba el intercambio de prisioneros, encapuchados y atados que se traían de Argentina y otros, encapucahdos y atados, que las Fuerzas Conjuntas entregaban a sus pares de la vecina orilla.

Allí, donde debería colocarse una estrella de la memoria, hoy es la playa privada de un country y fondeadero de embarcaciones de ricachones argentinos.

Veliz venía contando su historia, la que ya conocemos, como fue testigo del intercambio de prisioneros detenidos-desaparecidos por la coordinación represiva de militares de la dictadura cívico-militar de Argentina y Uruguay. Allí, frente al juez José Vera, Véliz relató que en aquella época supo de la llegada del represor Jorge Tróccoli, a quién reconoció en el reciente juicio que se realizó en Roma.

En ese momento, el juez Vera paró la audiencia y señaló un detalle por el cual puso a disposición de sus superiores su participación en la audiencia: su esposa Soledad Dossetti García, tenía siete meses cuando sus padres fueron secuestrados en Buenos Aires por militares uruguayos entre los que se encontraba Jorge Tróccoli. Soledad fue rescatada por el portero y luego de un largo periplo fue recuperada por su abuela materna según se puede leer en la documentación que tiene on line el Observatorio Luz Ibarburu.

En el procedimiento estaba Jorge Trócoli, según contó a EL ECO el abogado de la causa, L De Césare “ahora veremos como sigue esta instancia, aunque seguramente todo pasará a la Fiscalía Especializada en Crimenes de Lesa Humanidad que dirige el fiscal Ricardo Perciballe.

Véliz está seguro que Tróccoli participaba directamente en el intercambio de prisioneros en las islas del Delta. Su dato podría ser clave para la apelación del próximo mes de abril.

El Juicio en Roma.

Allí fueron juzgados 35 militares del Cono sur, de los cuales 13 eran uruguayos. Solo el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco resultó condenado.

Los uruguayos Gregorio Álvarez, Jorge Tróccolli, Ricardo Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Narbondo, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez estaban acusados en este juicio.

La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia

La historia de Soledad

A raíz de la información que obtuvimos esta semana sobre el vínculo personal que afectaba al juez letrado de Carmelo José Vera con la causa Tróccoli, pudimos recomponer la historia que lo hizo excusar en esta causa.

Su denuncia se puede ver en http://www.observatorioluzibarburu.org/media/uploads/2-2041520007.PDF

En Argentina, Edmundo Dosetti Techeira y Eleana Sara María García Ramos, primero vivieron en un apartamento en Capital Federal y luego de la desaparición de José Hugo Méndez (junio 76) se mudaron a El Palomar, donde en 1977 nació la hija de ambos, Soledad. Luego de la desaparición del matrimonio Michelena-De Gouveia, amigos personales y compañeros de militancia se mudaron nuevamente al barrio Vicente López, en la Provincia de Buenos Aires.

En Argentina ‘el Flaco José’ trabajaba en contabilidad del Laboratorio FLAVORS en Martínez y de Perito Mercantil para diferentes empresas, e Ileana culminó sus estudios de profesorado de inglés.

El 21 de diciembre de 1977 fueron secuestrados de su apartamento (ubicado en la calle Lavalle esquina Maipú) por personas vestidas de civil. En esa oportunidad también fue secuestrado el uruguayo Alfredo Bosco, actualmente desaparecido. En estas circunstancias la hija del matrimonio fue entregada al portero del edificio testigo y denunciante del secuestro-, luego enviada a una Casa Cuna y recién el febrero entregada a su abuela materna.

Según testimonió una sobreviviente, Edmundo y Eleana fueron vistos por última vez en el centro clandestino de detención conocido como ‘Pozo de Banfield’.
Datos extraídos de A todos ellos. Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos , Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Montevideo, 2004.

Su testimonio en Roma

Soledad Dossetti tenía siete meses cuando un grupo de hombres entró al apartamento en el que vivía con sus padres, Edmundo Sabino Dossetti e Ileana García Ramos de Dossetti, y los separaron. Ahora es una mujer de 38 años que se constituyó parte civil en el juicio y relató hechos que le fueron contados por sus abuelos acerca del secuestro, y otros que descubrió en su camino de búsqueda. “Mis padres fueron secuestrados a las 23.00 del 21 de diciembre; mi padre acababa de cumplir 25 años y mi madre 23. Por el testimonio del portero del edificio, personas vestidas de particular con armas largas le exigieron que los acompañara al piso 12 y lo obligaron a anunciarse a la puerta para que mis padres le abrieran. En casa estaba también Alfredo Fernando Bosco, compañero de la universidad que había viajado a Buenos Aires para refugiarse. Él también sigue desaparecido. Según el relato del portero, mi madre se resistía a entregarme, y por eso fue muy golpeada. Me dejaron al portero, que después me entregó al personal policial de la comisaría. Mis abuelos se enteraron a raíz de una carta que escribió un vecino y los primeros días de enero viajaron a Buenos Aires. Me habían entregado a una familia. Mi abuela tardó 15 días en recuperarme y me encontró en un estado de salud muy deteriorado y con un problema de dislocación de la cadera por el cual tuve que tratarme en los siguientes 25 años”.
Edmundo e Ileana Dossetti reaparecieron años después, en una carta escrita por Adriana Chamorro y su esposo Eduardo Corro, argentinos sobrevivientes del pozo de Banfield, que compartieron celdas con el matrimonio Dossetti. Según contó la pareja, en Banfield argentinos y uruguayos eran separados. Cuando Chamorro y su esposo fueron detenidos, las celdas del primer piso ya estaban repletas, así que les tocó compartir calabozos en el segundo piso con los uruguayos: “Chamorro estuvo en la celda con mi madre -dice Dossetti- y se enteró de que todo el grupo había sido detenido en diciembre de 1977. Nos resaltó que los uruguayos, cada vez que volvían de un interrogatorio, decían que las personas que los interrogaban eran uruguayas, y eso les llamaba la atención. En mayo se comunicó a los uruguayos que iban a ser trasladados a una cárcel legal en el sur del país. Salieron todos excepto mi madre, que estuvo allí hasta finales de junio”.
Soledad Dossetti relató también que supo, años después, de Ramón Camps, jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, quien tuvo un rol de primera línea en la represión en Argentina; el Centro de Operaciones Tácticas Nº 1 Martínez, el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes son conocidos como Circuito Camps. La conexión surgió por una prima de su madre que vivía en Buenos Aires y que la hospedó varias veces durante las vacaciones de su infancia: “Sé que parece increíble, pero esa pariente estaba casada con Jorge Alberto Torres, que era un gran amigo de Camps. […] Cuando tenía 13 años esa prima me contó que Camps le había dicho que le daba pena que siguiéramos con la esperanza de encontrar a mis padres, y que él sabía que habían muerto en un traslado entre Argentina y Uruguay”. El nombre de Néstor Tróccoli surgió sobre el final de la declaración de Dossetti, cuando la jueza preguntó si en Uruguay había condenados por estos hechos y el abogado Fabio María Galiani, defensor de Dossetti y del Estado uruguayo, relató las condenas a Gregorio Álvarez y Juan Lacerbeau y la fuga en Italia de Tróccoli para escaparse de la Justicia.
Dossetti señaló a la diaria su satisfacción por declarar en el juicio en Roma. También agregó detalles sobre lo que le contó Adriana Chamorro, la última en ver a sus padres vivos: “Mis padres y los uruguayos que estaban en Banfield no creían que su destino final fuera la muerte. Estaban convencidos de que iban a terminar en una cárcel. Para nosotros fue muy importante saber eso y pensar que no vivieron sus últimos meses con angustia. Chamorro me contó que jugaban ajedrez entre una celda y otra con golpecitos en la pared, que cantaban canciones de Daniel Viglietti, que el día de mi primer cumpleaños, ante el desánimo de mi madre, que pensaba en mí, los otros les enviaron muñequitos hechos con migas de pan y entonaron ‘que lo cumplas feliz’”.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2015/12/migas-de-pan/

Las historias vuelven, una y otra vez. Reaparecen, se entrecruzan y nos sorprenden, como le pasó al magistrado Vera, actuando en un juzgado aparentemente lejos de los temas familiares, del pasado que es presente y del futuro que anhela un merecido acto de justicia.

La verdad, siempre cubierta de impunidad en Uruguay, se cuela por los recovecos más impensados. Incluso por los recovecos de los juzgados menos pensados.

FIN

Sobre justicia, reclamos y periodismo.

En tiempos en que se dice cualquier cosa por las redes sociales, donde se exponen hechos y se opina sin filtros ni conocimiento desde cualquier plataforma electrónica, el fallo de la justicia de Carmelo con el sobreseimiento en el caso que involucró al colega Elio García, pone el justo equilibrio entre la sensatez que debe primar en toda sociedad, y la tarea responsable que deben asumir los comunicadores.

En un pueblo chico, donde todos nos conocemos, quienes están directa o indirectamente trabajando en tareas vinculadas a la órbita pública, deben comprender que la difusión de situaciones vinculadas al Estado es, justamente, de interés de toda la sociedad, y por lo tanto los periodistas nos ocupamos más de ellas que de los temas estrictamente privados. Por ejemplo, es muy difícil que se escuche o lea a un periodista exponiendo sobre la forma en que un almacenero maneja su negocio, pero es sumamente frecuente que los periodistas nos ocupemos de lo que, por ejemplo, ocurre en el hospital, o en el municipio, o en cualquiera de las oficinas del sector público.

Porque se trata de organismos que funcionan con el dinero de los impuestos de toda la sociedad, y por lo tanto, la mirada del periodista sobre ellos, debe ser una mirada escrutadora y escasamente complaciente.

Y como en un pueblo chico nos conocemos todos, como decimos líneas arriba, hay que tener un cuidado adicional, para evitar los malos entendidos o las susceptibilidades. Todos conocemos a Pablo y Sofía, sabemos que son buena gente, y se entiende que se hayan sentido molestos al escuchar y leer algunas cosas vinculados a su trabajo cotidiano.

Pero en realidad no había un cuestionamiento a su tarea lo que estaba en la mira, según lo dice claramente el fallo de la justicia, sino una serie de procedimientos del Estado en este caso de ASSE, que en principio, deberían ser lo suficientemente claros y transparentes para que los periodistas podamos difundirlos sin generar suspicacias ni entre la población, ni entre los mencionados.

En este sentido, el fiscal fue claro en el dictamen “no toda expresión crítica puede dar lugar a demandas o denuncias por delitos contra el honor, aún cuando luego se demuestre que eran incorrectas, aspecto que lateralmente se ha probado en autos por las declaraciones testimoniales, pero no necesariamente conduce a entender que hubo dolo en el denuncia, ya que en aras de proteger la libertad de expresión e información en una sociedad democrática, los denunciantes debían probar que las expresiones que consideraron ofensivas, fueron realizadas con real malicia” señala el texto del fiscal, según exige el art 336 del C. Penal esto es que el denunciado difundió algo a sabiendas de que eran falsas o con temeraria indiferencia de la verdad.

Pablo y Sofía probaron que hubo manifestaciones incorrectas en las publicaciones del periodista, dice el fallo judicial que reproducimos líneas arriba, pero esto, aclara la justicia, no significa que fuera escritas con la malicia de perjudicarlos.

La ley protege especialmente al periodista en este punto, el cual, más en el caso de las cuestiones vinculadas al Estado, debe navegar por un mar de oscura neblina como consecuencia del secretismo que se acostumbra en las oficinas públicas.

Ni la ley de Acceso a la Información Pública ni la certeza de que los funcionarios del Estado deben ser doblemente transparentes en el ejercicio de su función, sobre todo los jerarcas, hace que los periodistas tengamos una información clara a la hora de poner la lupa sobre los asuntos de interés público. Y por ello muchas veces estamos obligados a navegar en un mar de condicionales, fuentes indirectas y testimonios off de récord de involucrados, porque la información documental que aporta las certezas, falta a la cita.

En general, el jerarca esconde los documentos porque cree que no tiene que dar explicaciones por sus actos. Y menos si quien los pide es un periodista.

Por esto, el fallo de la justicia de Carmelo es contundente “se entiende que el denunciado no puede ser responsabilizado por informar o difundir un asunto de interés público, ya que la misma se realizó legalmente, sin abusar de su derecho a la libre expresión, sin real malicia, más allá de la lógica molestia de los denunciantes” señala.

Quienes hemos padecido jueces horribles y fiscales deplorables, en muchas causas similares, saludamos la claridad y la solidez de la argumentación del Fiscal Carlos Chargoñia y la posición concordante del juez José Vera, porque aportan la medida exacta en el juego de equilibrios que en una sociedad, permite el desempeño de una prensa libre.

Algo que es fundamental, para que pueda existir una sociedad mejor informada.