Pese a la oposición privada.
Gabriel Monteagudo
No hay convergencia posible de las comunicaciones, sin posibilidades de acceso a la tecnología. No hay acceso igualitario a la tecnología sin la firme intervención del Estado.
Si usted tiene un teléfono celular pero no tiene acceso al servicio de Internet, no va a poder recibir un mail en su teléfono, mirar la portada de los diarios o bajar el ultimo tema de su artista preferido. Si usted no tiene acceso al sistema de cable y vive en la frontera, no podrá mirar televisión uruguaya.
El plan Cardales instrumentado con buen tino por el gobierno, está siendo bombardeado por el monopolio privado de la televisión, último bastión de resistencia en el interior del viejo statu quo que propaga unilateralmente el modelo tradicionalista.
En los últimos días la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) y la Cámara de Telecomunicaciones de Uruguay coincidieron en criticar con argumentos diferentes pero complementarios, la iniciativa del gobierno de democratización de acceso a la información a través del Plan Cardales.
Este plan, el primero que propone la convergencia y la multidireccionalidad en la plataforma comunicacional en Uruguay, se propone llevar televisión, banda ancha y telefonía a una gran masa de uruguayos que tienen escasas o nulas posibilidades de acceder a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ntic´s), si no es a través de una fuerte política de inclusión del gobierno nacional.
Es lógica la resistencia de los grupos oligopólicos. Ella es hija del modelo de transferencia digitada -no digitalizada- de las nuevas tecnologías que realizó el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Caudillos políticos y amigos partidarios de todo el país tienen en sus manos las políticas comunicacionales cotidianas en cada pueblo del interior.
Un ejemplo: para no escuchar la misma línea editorial volcada claramente hacia el Partido Nacional en la radio del pueblo -cuyo dueño también también monopoliza la señal de tvcable- un ciudadano en Carmelo se conecta a Internet y puede escuchar lo que ocurre a 80 kilómetros en Colonia del Sacramento -corazón político del departamento-, conectándose a una FM… del mismo dueño de los medios locales.
Pero por suerte, también Internet nos permite escuchar los periodísticos de las radios montevideanas, incluso de FM, que tienen más variedad de enfoques en el menú informativo.
Romper esa monocromía del actual espectro es algo que no van hacer los particulares, ni la CUTA ni la CTU, y se vuelve responsabilidad del Estado a través de una política adecuada.
El plan Cardales merece un aplauso en este sentido porque pone en el mismo plano de igualdad el derecho a la información y el deber del Estado en asegura la pluralidad en la comunicación, con derechos básicos como el acceso a educación, salud o trabajo.
La fenomenal red que aseguró durante esto años la difusión de las ideas proclives a quienes entregaron los medios al oligopolio nacional, fue seguida de una tan fenomenal como millonaria trasferencia de dinero desde la sociedad a los privilegiados caudillos locales. Y eso no trajo más igualdad de conocimiento ni aportó mayor acceso a la información, sino todo lo contrario.
Tampoco trajo mejor radio ni mejor televisión a los pagos chicos.
En Nueva Palmira la imagen de un ciudadano que se suicidó mediante ahorcamiento es mostrada durante tan eternos como desagradables minutos, y al mediodía se puede ver en pantalla completa hasta el hartazgo, una plancha azul con el texto de las necrológicas.
En Carmelo el informativo es lo único que tiene como programación el cable local y dura religiosamente la lectura de tres informaciones con sus respectivas imágenes. Si son tomadas en la noche, la mayoría están oscuras porque en 10 años no han invertido en comprar la iluminación necesaria para llevar luz al lugar que enfoca la cámara.
En síntesis: si el Estado no desarrolla planes que incentiven y obliguen a los privados a gastar parte de la enorme masa de dinero que han obtenido en estos años, en inversiones que doten a sus usuarios de la posibilidad de ejercer el derecho al acceso y a interactuar con la nuevas tecnologías, la inclusión de los más sumergidos en la brecha digital será tan inútil como arar en el mar.
Antel debe ser el barco insignia en esta inclusión social a través del acceso a las nuevas tecnologías, ya que proveerá dos de los tres servicios básicos que deben llegar a la mayoría de la población.
Su responsabilidad es tan intransferible como la responsabilidad de los privados es la de participar en este proyecto, y de devolver a la sociedad, aunque sea en parte, la expropiación de una porción importante de la plataforma tecnológica nacional que en materia de comunicación realizaron en beneficio de sus intereses partidarios y particulares.
FIN
