Historias del pasado reciente.

Ex integrantes del entonces desmantelado Partido Comunista, denunciaron en 1974 el asesinato de Aldo “Chiquito” Perrini y la invención de un supuesto desembarco de armas en Carmelo para que los militares pudieran justificar la detención y la tortura de decenas de ciudadanos de esa ciudad. A muchos inocentes, el relato militar les costó años de prisión.

La historia es una de las tantas a las que podemos tener acceso a partir del pedido de la documentación del archivo del CEIU (Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos)  que EL ECO pudo obtener esos documentos originales y que ven la luz pública por primera vez.

El milico recorriendo.

A eso de las cuatro y veinte de la madrugada del 21 de marzo de 1974, el sargento Antenor Ferreira  recorría algunas calles de Juan Lacaze cuando en calle Goes entre Constitución y Democracia se encontraron tirados una gran cantidad de panfletos (ver foto).

Así reza el parte policial enviado enseguida a la temible Dirección Nacional de información e Inteligencia, donde se centralizaban todos los operativos para cazar militantes de izquierda antes y durante la dictadura, documentos que tenemos en nuestro poder. Esa madrugada el sargento de recorrida  “encontró tirados en el pavimento y aceras gran cantidad de panfletos con un texto contra el actual gobierno y Jefes Militares imprimidos (SIC) por el disuelto Partido comunista” señala el informe.

Ellos, los militares,  funcionaban así, iban deteniendo gente conocida militante de la izquierda de la época, los torturaban en el cuartel de Colonia, les arrancaban “confesiones” no importaba si eran ciertas o no, y con eso iban armando el relato que justificaba su accionar. La guerrilla ya estaba desmantelada hacía dos años, pero tenían que seguir encarcelando gente y “encontrando subversivos” para poder justificar que estaba en el poder. De otra forma, si ya el pueblo estaba en calma, la gente iba a pedir elecciones y ellos se tendrían que ir. 

Para eso contaban también con una red importante de delatores en todo el departamento, cómplices de los militares, que les aportan “datos” de los presuntos subversivos.

El volante

Con la escasa información que se filtraba de los cuarteles, además de la conmoción popular que se había generado en CArmelo, algunos ex militantes del Partido Comunista que aún no estaban presos,  hicieron un comunicado y con el título de “Asesinos: Otro crímen del dictador Bordaberry los militares que lo apoyan”.  El panfleto volanteado en la madrugada por héroes anónimos que se arriesgaba para  difundir lo que estaba ocurriendo en los cuarteles señala que “en el cuartel de Colonia en medio de brutales torturas, fue muerto el vecino de Carmelo Aldo Perreti (Sic)” señala. Después de decir que Perrini fue apresado por ser votante de la coalición 1001 señala “fue asesinado por tener ideas distintas al dictador y sus esbirros. Por ser partidario de la libertad para su pueblo” dice.

Más abajo, alerta sobre las mentiras que elaboraba la dictadura “después del asesinato la dictadura inventó un supuesto desembarco de armas en Carmelo, para justiifcar su barbarie y para apresar y torturar a decenas de ciudadanos de esa ciudad” dice el volante difundido (ver foto)

El arreglo.

A las veinte horas del ocho de marzo, es decir cinco días después que habían asesinado a Chiquito Perrini, la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas emite el comunicado 1070 donde da cuenta que “por datos proporcionadas por facciosos detenidos en la ciudad de Colonia” entre los que parecen ciudadanos intachables como Abel Vanni, José Luis Pittamiglio Olmedo, Leonel del Pino y Jesús María Ignacio Battó Irurieta”. Ni más está decir cómo obtuvieron esos datos fue mediante torturas inimaginables y de allí dicen, surgió que se intentó, si, si, dice textual que se intentó, tal cual el informe “se intentó contrabandear armas desde el exterior planificando su entrada, primeramente a través de una lancha de la cual se trasborda rían a una canoa propiedad de Vanni Rosas y así eludir el control de la aduana”.

Un claro ejemplo de cómo se arman los relatos cuando se tiene todo el poder de la comunicación, como era el caso de la eficiente Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas.

El informe es, visto cincuenta años más adelante, increíble en cuanto a cómo justifican las detenciones que habían hecho “reconocieron ser conscientes de haber fallado al no tener respaldo de las masas”, es decir que fueron detenidos y torturados por hablar de un plan que nunca se llevó adelante, y que ya sabían de antemano estaba destinado a fracasar.

En esa redada se llevaron a Walter Martínez Chauvié que era enfermero, Leonel del Pino empleado de Ose, José LuisPittamiglio Olmedo empleado de la CAja de Asignaciones de Carmelo y ex edil socialista, Jesús Battó Irurieta agricultor, Avel Vanni Rosas, profesor de la Escuela Industrial, Ricardo Saturnino Rodriugez, pintor, Edgar Buela Dawson estudiante, Dardo de Rosas Jorge desocupado, Victorio Méndez Vidal empleado de Hidrografía.

La alarma pública sobre lo ocurrido a Chiquito ya circulaba por todo el pueblo y el periódico El Municipio publicaría una nota señalando que se deberían conocer las razones verdaderas de la muerte de quien era un conocido, padre de familia y tranquilo ciudadano de Carmelo.

El segundo informe.

Si bien no se podía decir en voz alta, por el boca en boca todos por aquí en CArmelo

sabían ya a esa altura, que Chiquito había sido asesinado en la sala de torturas del batallón de Colonia.

Así que los militares tenían que justificar esta barbaridad con un relato de que “algo grande” estaba ocurriendo en Carmelo.

Por eso, a las 20 horas del 11 de marzo, es decir ocho días después de la muerte de Chiquito Perrini, sacaron el comunicado No. 1071 donde “ampliaban”  el relato anterior. Allí además del ya invento del contrabando de armas que no fue, crearon tres “células guerrilleras” a cargo de tres de los detenidos que ya venían torturando salvajemente, células que, escribieron,  estaban a cargo de Graciela Castillo, Ricardo Rodríguez y Ruben Lalane. ASí entonces pudieron “blanquear” las detenciones de los carmelitanos CArlos Alberto CAstellanos que en ese momento era empleado, Graciela Castillo estudiante de química, Jorge Bordonne Bremmermann, comerciante, la maestra Ana María Faedo, Juan Cabrera entonces secretario del liceo, Juan cArlos Duarte, Dora Celina Bianchi, Julio Gavilán, Ruben Lalane y Gustavo Pisciontano.

Todos pasarían años en la cárcel, previo paso por el Batallón de Colonia y su sala de torturas, para justificar el relato de los militares que le permitieron mantener la dictadura cívico militar hasta 1985

Que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU)

El Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) fue creado en el año 1985 como un ámbito universitario de investigación, docencia y extensión especializado en el estudio de la historia reciente y la dictadura en el Uruguay desde un enfoque interdisciplinario.

El CEIU dicta anualmente cursos y seminarios tanto de grado como de posgrado relacionados con sus líneas de investigación: Estudios interdisciplinarios sobre la dictadura y la historia social y política reciente del Uruguay, Pensamiento crítico y pensadores radicales, Género y memoria.

Que fue la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNI)

En esta dependencia funcionó la Inteligencia Policial, se organizó el espionaje, la persecución y el secuestro de militantes políticos durante la dictadura cívico militar y la actuación ilegítima del estado.

En este lugar se mantuvieron secuestradas y fueron torturadas personas de diversas organizaciones políticas y sindicales.  Siendo la policía el organismo que comienza a sistematizar y profesionalizar las torturas en sus dependencias, a militantes políticos pero también, a distintas personas en averiguaciones por posibles delitos, desde mucho antes de 1968.

La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNI) comenzó a crearse en 1967 con un fuerte apoyo logístico y económico del gobierno estadounidense. Según decreto del 28/12/1971, la DNII coordinó sus acciones con otros órganos de seguridad del Estado. Esto implicó la vinculación de esta entidad con el SID y la OCOA. Originalmente este organismo dependía de la Jefatura de Policía de Montevideo hasta 1978 pasando entonces a depender directamente del Ministerio del Interior.

Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, en 1971 se designó como director a Víctor Castiglioni, quien había recibido capacitación para la lucha antisubversiva en Estados Unidos, cargo en que se mantuvo hasta 1982.  Ese año un decreto del Poder Ejecutivo determinó que esta Dirección coordinará sus acciones con otros órganos de seguridad del Estado. Esto implicó la vinculación y colaboración estrecha con el SID y el OCOA.

En julio de 2016, a iniciativa de un grupo de ex presos y presas políticas, la Comisión Especial del Ministerio de Educación y Cultura colocó una señalización a modo de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas

Nota: Agradecemos a Telma Orcesi, del CEIU por la gestión y búsqueda de los documentos que solicitamos.