Por Gabriel Monteagudo
Por su situación de precariedad absoluta, su falta de garantías para la vida humana, su inexistencia de infraestructura, y su situación de opacidad ante el mínimo contralor de los vuelos que allí llegan, el Aeropuerto de Zagarzazú no puede funcionar.
O se invierten los millones de dólares que requiere, o de lo contrario debe ser cerrado inmediatamente, o solo permitirse en el mismo ejecutar una operativa de actividad mínima.
Su funcionamiento no solo representa una violación de las normas internacionales, sino que además puede ocurrir un accidente gravísimo en cualquier momento, y provocar un desastre de proporciones considerables en la zona.
No es necesario ser un experto para constatar, clara y meridianamente, que allí no puede aterrizar con seguridad ni un tero tero.
Esa es la realidad, aunque desde diversos sectores a los que les interesa quedar bien con quienes lo utilizan, se pidan reuniones ministeriales, supliquen por prórrogas ante la autoridad aeronáutica, hagan comunicados y declaraciones o digan, olímpicamente como escuchamos la semana pasada, que a Carmelo “le va la vida” con el cierre del aeropuerto.
Una pavada monumental sin dudas, pero coherente con lo que es hipócritamente correcto y aceptado en algunos círculos de la sociedad carmelitana, en donde queda bien manifestar públicamente su preocupación por el posible cese de la llegada directa de las avionetas que algunos pocos utilizan para viajar desde Buenos Aires.
Eso hace que algunos queden bien con otros algunos, que son un grupúsculo de beneficiados con una operativa, repetimos, que es poco transparente, carente de seguridad y peligrosa.
Llamémosle, para darle un nombre identitario al azar “los Canton y Cía” a ese grupúsculo de usufructuarios directos de la libre y poco controlada operativa de sus aeronaves en el Aeropuerto de Zagarzazú.
Los políticos cenan con Cantón y Cía, buscan dinero para las campañas electorales, y hasta le piden un salón del hotel para alguna fiesta particular o como escenario de las fotos del cumple de quince de la nena. Es obvio que harán declaraciones públicas reclamando que el aeropuerto no restrinja su operativa, porque favor con favor se paga.
Son los mismos que aplaudían cuando, con la complicidad del gobierno del ex presidente Jorge Batlle, decidieron llevarse nada menos que el casino completo, e instalarlo en medio del campo.
Con la irrresponsabilidad de quién cree que lo más importante es figurar ante ricos y famosos, afirman que como un vaso de agua, una declaracioncita no se le niega a nadie.
Mas allá de la ironía y de que, efectivamente, la realidad marca que cuantas más vías de llegada y conexión tenga Carmelo, es mejor para desarrollar algunos intereses lícitos, como los que impulsa el sector inmobiliario, o el trabajo absolutamente defendible de algunos pilotos de la zona, el problema del aeropuerto no puede ser un capricho incondicional que se defiende al grito de “mantenerlo abierto sí o sí” porque, el conjunto de condiciones que significan el funcionamiento adecuado de un aeropuerto como el de Zagarzazú, requiere bastante más que buenas intenciones.
Desde 2001 hasta acá, en EL ECO contabilizamos al menos una decena de acciones para evitar el cierre de la operativa directa desde Argentina. Una decena de pedidos en el Parlamento y el Ministerio de Defensa, cientos de declaraciones a los medios locales por parte de los interesados, pero ninguna propuesta de inversión. Todos se quejan, pero nadie habla de lo que hay que hablar, que es quién pone la moneda.
Aquellas vacaciones de invierno fui testigo presencial de como el funcionario de Aduanas dormía en la camioneta mientras una aeronave aterrizaba y su piloto cargaba varias cajas y bolsos en una camioneta que llegó mientras el funcionario aduanero continuaba durmiendo al solcito del mediodía de julio. Desde entonces hasta ahora todos saben que en ese lugar bajan aviones a cualquier hora, de día de noche con o sin personal del Estado controlando.
En Zagarzazú hay un Estado ausente, fundamentalmente en personal que aporte contralor y seguridad, y, también está ausente, el grupo de inversores que deben poner el dinero necesario para que allí no vaya a ocurrir un desastre. El ex Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, hoy fallecido, habló en su momento de unos cinco millones de dólares que son necesarios para adecuar el Zagarzazú a la operativa internacional.
Los mismos que no toleran que falte una gasa o ponen el grito en el cielo cuando se detecta un medicamento vencido en el hospital, no tienen ningún problema en que bajen aviones en Zagarzazú, sin ninguna garantía para pasajeros, pilotos y población cercana “no importa, que bajen” te dicen.
Parece que nadie ya recuerda que el 27 de mayo de 2014 un piloto intoxicado por cocaína y con visibilidad de navegación cero, pudo haber caído en medio de la población del balneario. Quiso la casualidad que fuera a un costado del islote El Matón, en el medio del Río de la Plata.
Aquella aeronave era del dueño de la empresa textil Kosiuko, Federico Bonomi.
En aquel accidente murieron el piloto Leandro Larriera, Gustavo Fosco, de 53 años, director de comunicaciones de la firma Renault; Fernando Sánchez, de 45 y jefe de prensa de esa compañía; Facundo Alecha, de 41 años y director de la firma Royal Canin, y Fernando Lonigro, de 44 años, gerente de TTS viajes.
Probablemente aquí a nadie les importe, porque no eran vecinos, y los “Cantón y Cía” sí.
Personalmente quiero un buen aeropuerto porque a Carmelo lo beneficia, como también quiero buenos servicios de lanchas con Tigre, o buenas carreteras que conecten a Carmelo con la región.
Pero no a cualquier costo. No sólo con declaraciones para quedar bien.
Necesitamos sincerarnos, dejar de lado los intereses personales y sentarnos a hablar de una política aeroportuaria seria, en el marco del desarrollo integral de la conectividad para el turismo de Carmelo y su zona.
Con un aeropuerto que sea seguro para los pilotos y para la tripulación, que esté efectivamente asegurado y controlado para que no corran peligro los propios habitantes del balneario, que tenga la infraestructura necesaria para que sea un aeropuerto en serio, del que no solo se beneficien los Cantón y Cía, sino todos los habitantes de la región.