O se rompe o se abandona.

La gestión del intendente Zimmer se caracteriza por una particularidad: todo lo que no pueden gestionar, lo abandonan o tiran abajo.  En Carmelo hay sobradas muestras de ello: el parador El Refugio parece seguir con ese destino, detrás de los baños de La Rotonda, el kiosco de Plaza Independencia, la doble vía o las barracas de Montes del Plata.

En algunas, como la doble vía, la intendencia manejó mal el dinero que le envió el gobierno central. En otras, simplemente no pudo cuidarlas adecuadamente, y las tiró abajo o las dejó abandonadas.

Los baños que había en la rotonda de Playa Seré son el mejor ejemplo de la ineficiencia de la gestión municipal a la hora de preservar los bienes de todos los carmelitanos. Como no podía cuidarlos adecuadamente, decidieron demolerlos. A ese destino parecen ir varios de los fracasos de gestión que ha tenido la administración Zimmer en Carmelo: como no pueden manejarlos, los tiran al suelo. El Refugio, inaugurado en 1935*, parecía ir con ese destino hasta que, en el último minuto el comerciante José “Pepe” Viera aceptó el desafío y arrancará con chivetería. Pero todavía tendrá que estampar la firma para comprometerse por cinco años y gastar mucho dinero para devolverle el hermoseado que le falta.

Muchos temen y con razón, que El Refugio tenga destino de demolición y, quién entregó la llave luego de entrar al edificio, Heber Giribone, coincide con eso “sólo el techo del salón puede salvarse, después hay que hacer todo el quinchado nuevo” dijo.

El puente sobre el Arroyo Juan González, que la intendencia le reclamó al MTOP para usar como un pasaje alternativo de camiones y luego, cuando se lo construyeron, no le hizo los accesos como se comprometió, tal vez sea el mayor monumento a la ineficiencia de una gestión municipal que desborda deficiencias por todos sus poros.

La evidencia fotográfica hace innecesaria decir algo más sobre semejante axioma.

Pero ni siquiera hay que transitar el camino hacia Calera de las Huérfanas para descubrir que la población de Carmelo ve las deficiencias de la gestión municipal.

Hay monumentos urbanos que muestran eso, aquí mismo, en nuestra ciudad.

En Plaza Independencia, el kiosco octogonal que ha sido característico durante decenas de años se encuentra abandonado. Tras sacar hace años el último concesionario que intentó hacer funcionar un kiosco, la intendencia decidió transformarlo en un centro de información turística. Pero en ese lugar nadie pedía información turística, y desde entonces allí está, como un monumento al abandono, sin otro destino que esperar que el tiempo aplique sobre él la teoría de los cristales rotos.

El ploteado que le hicieron esta semana, luego de años de abandono, remeda en algo esa carencia, pero resulta un parche y no una solución de fondo.

Si no hacen las cosas bien con dinero propio, imaginemos como lo hacen con el dinero ajeno. Sobre todo con el dinero que, como nunca en la historia, les ha enviado el gobierno nacional.

No podemos dejar de mencionar en este recuento de ausencia de gestión, la Avenida Italia, construida con dinero del gobierno nacional. La intendencia sólo tenía que llamar a licitación a una empresa competente y vigilar con sus técnicos que se hiciera bien. Pero resultó tan malo el trabajo, que hasta a la intendencia le da vergüenza recibir la obra, y aún no ha sido inaugurada.

Cortar la cinta y aparecer en la foto, es algo que no podrá hacer el intendente Walter Zimmer en la doble vía de Avenida Italia.

Los barracones de Montes del Plata están ahí, tecleando en cuanto a su destino. Quedó claro tras la edición del pasado sábado de EL ECO, que se abre un espacio de tiempo de sesenta días para que se presenten proyectos de particulares para su funcionamiento. Nadie sabe que pasará si cumplidos los sesenta días, no se presentan ofertas. Pero está claro que la intendencia ya no quiere seguir pagando el costo de la seguridad y mantenimiento del predio. Pero como además, la empresa que las construyó cobra una abultada cifra de dinero para desmantelarlas, es probable que se opte por el empujón de un par de retroexcavadoras para tirar abajo gran parte de esas barracas.

El dicho popular dice que el éxito tiene muchos padres pero el fracaso siempre es huérfano. En el caso de la gestión municipal sobre los bienes de los carmelitanos, el ADN de los hechos, confirma plenamente la paternidad.

* Dato aportado por el historiador Gonzalo Parodi

la empresa que las construyó cobra una abultada cifra de dinero para desmantelarlas, es probable que se opte por el empujón de un par de retroexcavadoras para tirar abajo gran parte de esas barracas.

El dicho popular dice que el éxito tiene muchos padres pero el fracaso siempre es huérfano. En el caso de la gestión municipal sobre los bienes de los carmelitanos, el ADN de los hechos, confirma plenamente la paternidad.

* Dato aportado por el historiador Gonzalo Parodi

Por Gabriel Monteagudo

Desde hace más de veinte años, los carmelitanos disfrutamos o padecemos de un sistema monopólico de los medios audiovisuales en la ciudad. Ya sea por herencia -la radio- o por amiguismo político -el cable-, los carmelitanos hemos tenido como dueño monopólico de la radio y la televisión a un solo dueño, al que conocemos perfectamente y del cual tenemos claramente constatado lo que hizo o no hizo con ese privilegio.

Por eso, la situación de Carmelo es ideal para tratar de explicar en términos sencillos y refiriéndonos a un solo nombre como un genérico, de qué se trata la ley sancionada este martes por los senadores y que antes de fin de año tendrá sanción definitiva en Diputados.

Una precisión necesaria: la ley se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esto es, que hace referencia a la distribución de contenidos a través de radio y televisión. Por eso es mal llamada “ley de medios”, porque no afecta a las empresas gráficas, sino que solo apunta a los medios electrónicos que, para su difusión, utilizan el espectro radioeléctrico que es un bien del Estado, y por ende de todos los uruguayos.

Veamos, entonces, qué le dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Sr. Lobecio.

Esto no es tuyo

Lo primero que dice la ley es que el negocio que tiene montado desde hace veinte años el Sr. Lobecio no es un almacén que él puede manejar a su antojo. “Los servicios de comunicación audiovisual, en tanto servicios culturales, son, a la vez, de índole económica como cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben considerarse únicamente por su valor comercial”. En este sentido se consideran un elemento estratégico para el desarrollo nacional y por lo tanto “son soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información, preexistentes a cualquier intervención estatal”.

Más vale malo conocido

Así hasta el artículo 10. Más allá, la nueva ley le dice al Sr. Lobecio que se quede tranquilo, que nadie le va a sacar nada, ni le va a imponer lo que tiene que decir, y por lo tanto, podrá seguir manteniendo su línea editorial histórica vinculada al herrerismo que todos conocemos. En esta ley el Estado legisla sobre la base del principio de “mejor malo conocido que bueno por conocer” y, entonces el Estado le dice que lo prefiere a él y todos los que como él llegaron a tener radios y señales de televisión, antes que multimedios extranjeros como el Grupo Clarín o la cadena O Globo de Brasil.

Por una razón muy sencilla y que beneficia al vecino: es más fácil cruzarse por la calle del centro con el Sr. Lobecio, y decirle que su servicio de televisión o radio es espantoso, hacerle algún reclamo puntual, porque la señal no llega a tal barrio, o felicitarlo por el servicio que presta. Pero será casi imposible poder llegar al Sr. Clarín o al Sr. Oglobo para hacerle un reclamo similar.

El Estado considera que para insultarlo o felicitarlo, es mejor para el vecino tener a mano al Sr. Lobecio.

Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas. Es deber del Estado, dice la ley, “instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control”.

Aquí, la ley le avisa al Sr. Lobecio que lo que hizo durante 20 años -incluso con ayuda de un amigo cuando se quiso adjudicar otro cable para Carmelo- está muy mal, y que el Estado trabajará para que haya varias empresas radiales y televisivas en la ciudad (art.42).

En el inciso B del artículo 25, le dice una cosa muy interesante: aquí la ley le dice al Sr. Lobecio que el Estado ya sabe que heredó como bien propio un bien del Estado -la onda de radio- y que gracias a su herrerismo militante fue premiado por el cable durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, papá de Luisito.

Aquí, el Estado le aclara, por las dudas, que el Sr. Lobecio no podrá heredarles las ondas del Estado a sus descendientes, que existen plazos para el usufructo del servicio y el Estado podrá cambiar de permisario de las ondas cuando venza el contrato. Por las dudas, le dice a los herederos que no crean que ellos también van a vivir toda la vida a costa de aquel regalo.

Cuidar a la gente

¿Y qué otras cosas le dice la ley al Sr. Lobecio? Bueno, le dice que tiene que trabajar para que su sistema monopólico no sea mediocre, o sea más maravilloso de lo que actualmente es.

Le dice que tiene que cuidar al televidente o al escucha de su radio, que la publicidad tiene que estar diferenciada, que la gente tiene que conocer la programación con tres días de antelación y que deberá respetar los horarios de los programas.

Y luego le pone reglas como la de ofrecer imágenes “respetuosas e inclusivas”, no hacer discriminación por ningún motivo, entre otras cosas, algo que aquí no ha ocurrido -al menos nunca tuvimos noticias de ello-, pero que en algún otro lugar algún otro Sr. Lobecio pudo haber hecho.

Pero fundamentalmente a partir del artículo 30, se establece el Derecho a la privacidad, al cuidado de la imagen que se utiliza de los niños, niñas y adolescentes, a quienes dice claramente “que se respete su privacidad en cualquier circunstancia y muy especialmente en oportunidad en que sus derechos o su integridad física y moral estén siendo o hayan sido vulnerados. Lo mismo aplica en el contexto de hechos delictivos, así como en circunstancias donde se discutan su tutela, guarda, patria potestad o filiación. En todos los casos, los servicios de comunicación audiovisual se abstendrán de difundir nombre o seudónimo, imagen, domicilio, la identidad de sus padres o el centro educativo al que pertenece u otros datos que puedan dar lugar a su individualización”.

En este sentido, la ley apunta más al Sr. Lobecio dueño de medios en Montevideo, donde vemos continuamente por televisión cualquier barbaridad a cualquier hora.

Si es de gusto de unos y otros no, es materia opinable. Pero la intención de regular la imagen de algunos contenidos en la televisión es necesaria, como violencia excesiva, sufrimiento, crímenes, pornografía, actos sexuales en series o películas a las tres de la tarde, difusión y apología del consumo de drogas, y demás.

Nada que cualquier padre normal intente evitar que su hijo vea cuando está frente al televisor.

Para aquellos que dicen “ajá, y qué pasa con internet”, es bueno saber que las computadoras tienen un control parental que impide el ingreso a páginas con determinados contenidos. Sería bueno que los adultos se pusieran a estudiar un poco sobre eso.

El Sr. Lobecio tampoco podrá usar niños, niñas y adolescentes para mensajes publicitarios que puedan producirles daño, incitar a la compra aprovechando su incredulidad o llevarlos a situaciones peligrosas, publicidad no tradicional en programas infantiles, etcétera.

El mundial

El artículo 37 señala el derecho de acceso a eventos de interés general que incluye el derecho del público a acceder a la recepción a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto, en directo, en simultáneo y de manera gratuita, de determinados eventos de interés general para la sociedad.

Y en el siguiente pone algo bien interesante para los carmelitanos y es que, ante un mundial, por ejemplo, el Sr. Lobecio deberá tener un servicio de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo.

Para estos eventos quedará limitado el ejercicio de derechos exclusivos en aquellas localidades del territorio nacional donde no se cumpla esta condición.

Pero, además, le impone al Sodre la obligación de hacer llegar esa señal a todo el territorio nacional “cuando no exista ningún otro prestador interesado en la emisión, el Sistema Nacional de Radio y Televisión Público deberá hacerse cargo de garantizar el derecho establecido en el artículo precedente, siempre que sea técnicamente posible y en la modalidad de retransmisión”.

Conciencia

Para aquellos colegas que muchas veces son enviados por el medio a cubrir eventos que no están dentro de sus parámetros éticos, el artículo 41 establece una cláusula de conciencia que protege al periodista de tener que ir sin chistar donde el medio lo manda.

Producción Nacional

A partir del Capítulo II, la ley habla de la promoción de la producción audiovisual nacional y establece la promoción de la producción nacional de televisión.

Aquí la ley dice que al Estado no le parece bien que los dueños de los canales se hayan gastado el dinero que recaudaron del usufructo del monopolio de radio y televisión en comprar campos en Paraguay o Argentina, vaquitas o soja, o cualquier otra cosa, y que no hayan invertido nada o muy poco en mejorar el servicio de televisión y radio, tener unos buenos micrófonos y cámaras, aire acondicionado en el estudio, buenos salarios a sus trabajadores, etcétera.

Por ello, los servicios de TV comerciales, al menos el 60 % de la programación total emitida por cada servicio deberá ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad, y la autopromoción. Un porcentaje de esta programación, que será determinado en la reglamentación, será de producción local o propia, atendiendo a la diferente realidad de la TV del interior y Montevideo.

Para ello, establece pautas comunes a servicios de TV comerciales y públicos: al menos el 30 % de la programación nacional establecida en los párrafos anteriores deberá ser realizada por productores independientes, no pudiendo concentrar un mismo productor independiente más del 40 % de ese porcentaje en un mismo servicio de radiodifusión de televisión.

Independientes

Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deberán ser estrenos de ficción televisiva y/o películas cinematográficas, y de ésta, al menos un 50 % deberá ser de producción independiente. Para cumplir con este requisito el comienzo de la emisión de estos programas deberá estar comprendido entre las 19 y las 23 horas, lo que no aplicará para el caso de ficción destinada a niños, niñas y adolescentes. Dentro de esta programación, se deberá programar al año como mínimo dos películas cinematográficas de producción nacional, y, en este caso, cada hora de programa se contabilizará como cuatro, a los efectos del cálculo del porcentaje. Estos requisitos mínimos podrán ser incrementados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo de Comunicación Audiovisual.

Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deberán ser programas de agenda cultural, entendiendo por tales aquellos que promuevan eventos y actualidad de las industrias creativas, como ser teatro, danza, artes visuales, museos y patrimonio, música, libros, cine, videojuegos, diseño, entre otros. Por lo menos el 50 % deberá estar dedicado a industrias creativas nacionales. Para cumplir con este requisito, el comienzo de la emisión de estos programas deberá estar comprendido entre las 19 y las 23 horas.

Para los programas nacionales educativos o de ficción dirigidos específicamente a niños, niñas y adolescentes cada hora de programa se contabilizará como una y media, a los efectos del cálculo del porcentaje.

El valor de las repeticiones de los programas de producción nacional, a los efectos del cálculo del porcentaje, será establecido en forma decreciente (primera repetición, segunda, tercera y subsiguientes) en la reglamentación de la presente ley.

En cuanto a las radios, la ley establece que los servicios de radiodifusión de radio abierta, los servicios para abonados en sus señales radiales propias, y las señales de radio establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con autorización o licencia para actuar en nuestro país deberán emitir al menos 30 % de música de origen nacional del total de su programación musical. Esto comprende autores, compositores o intérpretes nacionales, en los diversos géneros musicales existentes.

En síntesis, la ley pone un marco que hace las veces de respuesta de efecto pendular sobre la realidad actual de los medios audiovisuales. Para los señores Lobecio de todo el país, no es una buena noticia, porque van a tener que ponerse las pilas. Tiene mucho de entusiasmo y bastante de voluntarismo, pero no deja de ser un inicio sobre algo que faltaba.

Para los ciudadanos comunes, se trata de una ley donde no pierde nada y termina ganando en derechos y en calidad sobre los productos que recibe cuando se sienta en su sillón, luego de una larga jornada de trabajo.

La dirección de la lista 711 anunció que en febrero hará efectiva la renuncia firmada de antemano por Enríquez, por lo que la banca que debía ocupar le corresponderá a Stella Viel.

Así lo anunció en la jornada el diario El País, tras acceder a un comunicado oficial de la lista 711 donde señala que para la asunción de la nueva Cámara de Diputados, el suplente José Enriquez no ingresará a la cámara como consecuencia de la denuncia penal que tiene por falsificación de documentos.

No fue como dijo Búsqueda el jueves, pero casi. La transparencia debe ser un norte al que no puede renunciar la clase política,  porque si ellos se permiten opacidad, la sombra se extiende rápidamente como ejemplo sobre el resto de la sociedad y pasa a a ser un acto normal en la la vida de la gente. Además del descrédito político que significa.

Bien lo sabemos los colonienses que tenemos un intendente aún procesado por falsificar la fecha de empadronamientos a más de mil vehículos,  y que es investigado por el manejo discrecional del dinero proveniente del exterior, a una Dirección que maneja su actual pareja.

Bien lo sabemos los colonienses por un candidato como Javier Mallorca, cuya causa aún se procesa en la justicia por haber fraccionado el gasto del dinero que disponía -algo absolutamente prohibido en la Administración Pública- y no poder justificar obras en Nueva Palmira y Carmelo, donde utilizó 11 mil dólares para arreglar una plaza que una semana antes había hermoseado gratuitamente una congregación de mormones.

Bien lo sabemos los colonienses, que tenemos un diputado, felizmente no reelecto, que está a un paso de terminar en la justicia por defraudación tributaria, esto es, esconderle a la DGI que trabajaba con un presunto sistema de doble facturación, lo que en buen criollo significa, boletas que venían sin pie de imprenta y por las que no aportaba, lo que  le representó  una multa de 10 millones de pesos.

Ricardo Planchón deberá pagar además,  entre diciembre y marzo,  una clausura de al menos cuatro días de su comercio, que gira en el rubro gastronómico sobre la principal avenida de Colonia del Sacramento. Según publicó EL ECO en su edición papel este sábado, Planchón será uno de los candidatos que se postulará a la intendencia para ayudar a juntarle votos a Carlos Moreira.

Hoy la gente te pasa esas cuentas, y está bien que lo haga. En Colonia se lo hizo en octubre y noviembre  al Partido Nacional,  incluso con sus socios del Partido Colorado, y se lo hará seguramente en mayo de 2015 porque existe una saturación absoluta de un gobierno que desborda mala gestión por todos sus poros.

Y eso  los blancos lo saben.

En el caso del diputado de la 711 que hoy fue noticia , su caso está en el juzgado de la jueza penal Blanca Rieiro, que el viernes pasó los antecedentes a estudio del fiscal Gustavo Zubía.

Enríquez cobró notoriedad el jueves cuando el semanario Búsqueda informó que había contra él un pedido de captura internacional de Interpol Brasil. Este pedido de captura no era tal, y Búsqueda tuvo que aclarar la situación esa misma tarde desde su página en Facebook, pero sí se supo ese día que Enríquez tenía una denuncia penal por falsificación de documentos.

“Búsqueda publicó  que Enríquez era requerido por Interpol-Brasil. Esa información era inexacta ya que la requisitoria de la Policía de Brasil se limita al territorio brasileño” reconoció Búsqueda horas después.

Sin embargo, el detalle técnico-periodístico, no le quita gravedad al asunto.

Tras conocerse  la versión de Enríquez, el semanario Búsqueda publicó un comunicado donde reconoce que «se equivocó» y que «Interpol-Brasil no pidió a la Policía uruguaya la detención de José Enríquez». «Lamentamos profundamente el error cometido y presentamos formalmente nuestras disculpas al Sr. Enríquez, a la Lista 711 y a los lectores del semanario», señaló Búsqueda.

No obstante, el semanario agregó que «las fuentes de Búsqueda informaron en el día de hoy (por ayer) a sus periodistas que el Sr. Enríquez sí está requerido por la Policía brasileña en el territorio de Brasil». Además agregan que una denuncia informando sobre esto fue recibida por la Policía uruguaya el 12 de septiembre.

El comunicado señala que una vez recibida esa denuncia y en el día de ayer la jueza penal Blanca Rieiro, pidió a la Policía uruguaya que le remitiera todos los antecedentes del caso.

En setiembre, la magistrada recibió una denuncia penal presentada por una mujer contra Enríquez por el delito de falsificación de documentos, informaron fuentes del caso a El País. Enríquez todavía no designó abogado defensor y tampoco fue citado a declarar.

Enríquez es el primer suplente del diputado electo por Canelones, Marcos Otheguy, que a su vez es el primer suplente de Sendic en el Senado. Como Sendic pasará a presidir la Cámara Alta en su condición de vicepresidente de la República, Otheguy ocupará su banca en el Senado y Enríquez entraba a la Cámara de Diputados. Ahora la banca que le correspondería a Enríquez la ocupará Stella Viel.

A continuación, el texto divulgado por la Dirección Ampliada de la Lista 711:

En función de los elementos de información con los que contamos hasta el momento, la dirección Nacional Ampliada de la Lista 711 resuelve:

1- Retirar la confianza política al señor José Enríquez, integrante suplente de la Lista 711 de Canelones.

2- Establecer con claridad que, el 15 de febrero cuando asuma la nueva legislatura, el diputado Marcos Otheguy asumirá su banca en la Cámara y se dará trámite a la renuncia escrita con fecha 4 de diciembre presentada por José Enríquez.

3- Solicitamos a José Enríquez su mayor colaboración para dilucidar su situación ante la Justicia.

Dirección Nacional Ampliada de la Lista 711