Del mismo modo que todas las emociones, el asco es algo más que una simple sensación. Las emociones son sentimientos ligados al modo en que se habla acerca de ellos , a paradigmas sociales y culturales que les dan sentido. Así, las emociones, incluidas las más viscerales, son fenómenos sociales, culturales y lingüísticos muy ricos.

El asco es un sentimiento acerca de algo, y que se produce como respuesta a algo, por lo que no se trata simplemente de un sentimiento puro e independiente.

El asco implica necesariamente determinados pensamientos muy molestos y difíciles de desentrañar, sobre la repugnancia y el objeto que la provoca. El asco tiene que presentarse unido a ideas de una clase especial de peligro: el peligro inherente a la contaminación y el contagio, el peligro a ser mancillado o como respuesta hacia un hecho que repelemos.

Los periodistas que trabajamos sólo de periodistas y que dedicamos la vida a servir a la comunidad a través de un medio de comunicación, tenemos umbrales muy bajos de tolerancia respecto a la injusticia, y nos asquea principalmente cuando se comete contra los que menos tienen, contra los que no pueden defenderse, o contra quienes no tienen otra voz para expresarse, que la de los medios que se dedican a escucharlos.

El asco hacia la injusticia es un sentimiento natural que nos provoca el mismo regurgito que le provoca a un ser humano ver excremento ajeno. En ese plano periodístico, la extorsión constatada como un acto asqueroso, no es más que la expresión de un sentimiento, como el que provoca la visión de un moco en la barba de un interlocutor, o una mosca en la sopa.

No puede tener y no la tiene, otro sentido que este que acabo de mencionar, para un comunicador.

Es cierto, la palabra extorsión se encuentra tipificada en el Artículo 345 del Código Penal, y por lo tanto, mencionarla como una acción significa, en la cuadratura de la ley, adjudicarle a la persona de la que se habla la comisión de un delito.

Ni el ECO quiso hacer lo que debe hacer la ley, ni nuestro compañero Daniel Roselli quiso criminalizar las crónicas sobre lo ocurrido en la redacción de EL ECO y con varios colegas a lo largo y ancho de todo el país.

Los reparos sobre este tema, están planteados en causas debidamente presentadas en la justicia.

Los hechos narrados por EL ECO, desde el punto de vista periodístico, son inobjetables. Si una persona hace una denuncia penal, tasa en 20 mil dólares la infracción, pero pide 3.000, 1800 o hasta 600 dólares como ocurrió en algunos casos que hemos recogido en nuestra investigación periodística, y cuando recibe el dinero va corriendo a levantar la denuncia en el juzgado, ¿que nombre le pone el periodista a eso, para que lo entienda ciudadano común?

Expolio, usurpación, expropiación, saqueo, despojo, robo, trastorno, perjuicio, menoscabo, daño, boicot, coacción, amenaza, timo, daño, perjuicio, y hasta chantaje aparecen como sinónimos de extorsión.

Son palabras que quieren decir lo mismo, pero como en periodismo nos enseñan con insistencia a ser claros, concisos y utilizar la palabra que describa mejor un hecho, extorsión es la que seguramente comprenderá la gente a la hora de entender que fue lo que ocurrió como consecuencia del allanamiento en EL ECO.

Para salvaguardar suspicacias, la convención pide que se le coloque la palabra “presunta” antes del calificativo.

Soy de los que cree que si no hubiera verbo, si no existiera el lenguaje, la ley sería cuestión del más fuerte, y por lo tanto, si no hubiera lengua castellana, no habría Código Penal.

Por otra parte, la palabra extorsión vinculada al sentimiento que produce asco, como consecuencia de la denuncia ante una injusticia, queda desvirtuada si se le coloca el adjetivo presunta delante. Nadie tiene un presunto vómito ante lo asqueroso: en todo caso tendrá una arcada que le producirá un vómito, pero la arcada tampoco es presunta ya que presunto es un supuesto, y la arcada una constatación palpable en la realidad.

Por eso a nuestro humilde juicio, la justicia no puede evaluar la palabra en un contexto estrictamente penal, sin considerar el aspecto del sentimiento asqueroso que tiene la palabra extorsión.

¿Que otra cosa que asco, humillación e impotencia puede sentir alguien que ve como se llevan 25 años de su trabajo tirados como fardos arriba de la caja de una camioneta policial?

¿Que otra cosa que asco, puede sentir un periodista cuando encuentra que lo llaman insistentemente para arreglar por dinero, el levantamiento de una denuncia judicial?

¿Que más que asco puede sentirse cuando se constata que situaciones similares vienen ocurriendo en el resto del país y que, mientras los damnificados ante el desconocimiento en temas informáticos, pensaban que pagaban una multa, ven con pavor que terminan obteniendo un recibo por Honorarios Profesionales, de un abogado al que no conocía ni contrató jamás?

El procedimiento estuvo mal hecho.
La leyes las escriben los legisladores y la aplican los jueces, pero en su instrumentación, los jueces deben tratar de tener claro cual es el espíritu que el legislador intentó poner en esa ley. La realidad cambiante, muestra que esas interpretaciones deben expresar matices en la aplicación de la ley a medida que pasan los años. No se interpreta de la misma manera una ley aprobada en 2003 al año siguiente, que en 2015. Y menos vinculada a tecnología.

La jueza del juzgado de Carmelo, que tuvo la gentileza de pasar horas charlando luego de anunciar su retiro de la causa, y de crear un clima muy distendido para intentar una negociación, durante la audiencia del pasado jueves, expresó una opinión en la que humildemente creo que se equivoca.

Facal dijo que el procedimiento realizado en EL ECO estuvo acorde a los que se realizan habitualmente, que no era necesaria la presencia de un representante del juzgado en el allanamiento a EL ECO y que habitualmente -usted lo sabe bien doctor, le dijo mirando a nuestro abogado-, se hace de esta manera.

Sin embargo, como el único procedimiento de este estilo realizado en la órbita del juzgado ha sido el nuestro, al menos por ahora, debo inferir que se refiere a la habitualidad de los allanamientos que por distintos delitos ordena diariamente esta Sede, y no a los vinculados a la ley 17.616 aprobada en enero de 2003.

Eran periodistas, no eran narcos.

En este sentido, debo señalar claramente entonces que, quienes estaban en la redacción de EL ECO el pasado miércoles 18 de febrero no era un grupo de narcotraficantes aprontando las dosis de cocaína para distribuir al día siguiente. Allí había periodistas, trabajando en los temas sobre los que iban a informar a la población el sábado siguiente.

Parece claro que hay una diferencia.

En la redacción de las calles Argentina y Uruguay de Nueva Palmira, no había un montón de motos desguazadas, de origen dudoso que estaban siendo desarmadas para venderlas por partes en talleres clandestinos. Había computadoras con los textos que se preparaban para enviar a la imprenta.

Que el denunciante de El ECO fuera autorizado por el juzgado a dirigir en persona el procedimiento y señalar a los oficiales cual computadora se llevaban y cual no, no parece algo que la justicia permita en otros actos similares.

Que no se respeten los protocolos de incautación de material informático, haciendo copias de los discos duros en presunta infracción, llevándose mouses y teclados, carcazas viejas y monitores es a las claras un exceso que personalmente he calificado de saqueo. Un abuso que permite suponer -periodísticamente, claro- que el fin último era hacer el mayor daño posible, afectando de muerte la salida del semanario a 24 horas del cierre para mandar a la imprenta.

Que no se lacren las computadoras y que se tiren dentro de la caja de una camioneta policial no da ninguna garantía de que las mismas no hayan sido modificadas. Las fotos tomadas en la redacción pudieron ser alteradas, y a las computadoras les pudieron instalar y o borrar cualquier cosa, lo cual no deja otro camino que invalidar absolutamente el procedimiento.

Si el denunciante dice hoy que las computadoras de EL ECO tenían guardados planes de Al Qaeda para tirar abajo la Torre de las comunicaciones de Antel, solo por poner un ejemplo disparatado, la justicia no tendría formas de corroborar que estos archivos no estaban en las computadoras cuando salieron de la redacción de EL ECO.

En definitiva, y dicho esto con el sentido de la más respetuosa discrepancia, está claro que el procedimiento se puede calificar como un diáfano mamarracho más cercano a las carnestolendas que se vivían en esa semana de febrero que al fin de justicia. Ajustado al manual si, pero mamarracho al fin.

Cuando la gente comienza a descreer de los sistemas, no ocurre generalmente que la gente se equivoca. Cuando descree de los sistemas, la sociedad le da la espalada a políticos y a los gobiernos con su voto, se moviliza contra acciones del poder que la lesionan, y se queja cuando se siente abusada en la tienda o el supermercado.

Pero cuando la gente sale de un juzgado y no percibe que haya obtenido justicia, el asco es un sentimiento justificado. Aunque un día aparezca tipificado en el Código Penal.

*La puntualización sobre lo asqueroso, pertenece al libro Anatomía del Asco del periodista William Ian Miller.

Pertenecemos a una generación a la que les vendieron las computadoras con Windows y Word adentro, y, en el mejor de los casos, el técnico del comercio nos preguntaba que Windows queríamos instalar: Windows 3.1, 3.11, 95, después 98 o luego el novedoso y ya masivo Windows XP.

No nos explicaron que “eso” que la computadora traía adentro debía pagarse aparte. Nos enseñaban a bajar los programas de Internet, o venía el técnico del mismo comercio que nos vendió la máquina, con un sobre lleno de cds, y buscaba el “crack” correspondiente del programa para que el programa que había quedado congelado en la pantalla volviera a la vida.

¿Quién no se pasó horas buscando en la web o llamando al técnico amigo para que le instalara el bendito driver que le faltaba para que anduvieran los parlantes externos, la impresora, la disquetera o la compactera más tarde?. ¿A quién de más de 40 años no le pasó algo parecido?.

¿Quién no se pasó horas y horas frente a la computadora reinstalando Windows porque se le había colgado, o lo reiniciaba mil veces a ver si volvía a la vida?.

¿Quién no buscó con un amigo un “disquete de arranque” para reinstalar el bendito Windows en su computadora, o pidió una copia del último antivirus porque la máquina empezaba a sonar con un pitido insoportable, señal que había sido infestado?.

Pertenecemos a esa generación, y aprendimos lo básico de la tecnología para manejarnos con ella. Navegamos en Internet, enviamos y recibimos mails, escribimos cartas en World, imprimimos alguna cosa y usamos el Facebook. Algunos más osados hasta chatean o conversan por Skype. Pero no mucho más que eso.

Todavía hay muchos comercios que venden computadoras con Windows sin licencias, pero el comercio va cambiando a la velocidad de la tecnología y ahora la mayoría ya venden la computadora con el último Windows instalado. Ahora las empresas fabricantes de hardware acordaron con Microsoft y entonces ya vienen con el Windows en el disco duro.

Como nadie en el comercio sabe realmente mucho del tema, la evolución va llegando de a poco, y desde hace dos o tres años, también hay comercios que ofrecen las computadoras con un cartel que dice “Free dos”, una señal para que los entendidos sepan que pueden instalarle otro sistema operativo.

El Estado, a través de la justicia, pretende procesar a un periodista de EL ECO y permite verdaderos saqueos y actitudes intimidatorias a periodistas en redacciones de medios pequeños en todo el país, por una ley aprobada en 2003 que comenzó a apuntar hacia la prensa el Dr. Couto con una Asociación creada en 2014.

Cuando el Estado uruguayo aprobó esa ley, ya hacía dos años que Windows XP estaba en el mercado, y hacía años que muchos gráficos ya trabajábamos con Pagemaker, padre del Indesign de hoy, en Windows 3.1 primero y Windows 95 después. Eran doce disquetes que se necesitaban para instalar el sistema operativo en la computadora.

Pero además, en 2003, las computadoras se importaban y se vendían en los comercios con el software incluido. Los avisos de la época promocionaban la novedad del Windows XP. La ley ya estaba aprobada, pero a nadie se le ocurría entonces reclamar en el comercio la licencia del software que venía con la máquina,  porque para el usuario lo importante era tener la PC y para el comercio lo importante era vender muchas computadoras.

A esa generación, muchos de los cuales tienen pequeños periódicos, semanarios o publicaciones en el interior del país, un día les aparece un señor de corbata, con una delegación de varios policías y otros que no se sabe quienes son porque no se identifican, que les dice, como dijo en EL ECO, que representa a empresas de software, que lo que tienen en sus computadoras para trabajar es ilegal y que les cotiza en 40 mil dólares la infracción, como le hizo al colega de Libertad, o que le podía cobrar 200 mil dólares como le dijo a EL ECO.

Solo las cifras decretan por si solas el inmediato cierre de la casi totalidad de los medios gráficos del interior del país. Inmediatamente y sin ninguna otra consideración.

Entonces aparece alguien y les dice ¿si no quieren pagar porque no usan software libre?

La mayor parte de la gente de esta generación que hoy anda entre los 40 y 60 años, aún no tiene la más mínima idea de que significa el término software libre, ni menos linux. Por lo tanto arrancamos en desventaja.

Hoy ya hay formadas varias generaciones educadas en el software libre gracias al Plan Ceibal, pero para nosotros que ya estamos grandes, la palabra Linux bien puede ser un buen sinónimo de chino.

El proceso de cambio no puede ser compulsivo.

El proceso de cambio no es fácil, y en esto puedo contar mi propia experiencia.

El último Windows que tuve fue un CD original de Windows XP que venía con la computadora que te vendía Antel. Así que en las computadoras de la redacción de EL ECO teníamos “software legal” gracias a un amigo que seguía aferrado al Windows 98 y que me regaló el CD*.

Cansado de los cuelgues, que nunca tenías memoria suficiente para que funcionara como debía, que el disco duro nunca era el del tamaño que precisaba el sistema operativo, y otros etcéteras más, fue que comencé, hace más de diez años a buscar otras opciones y me choqué con linux.

Horas de mi vida pasé leyendo códigos, programas, particiones de disco, sectores de arranque, y otros detalles sobre aquel sistema que no tenía virus, que no precisaba el último modelo de computadora para funcionar, ni gran cantidad de memoria RAM para que no se colgara.

Ahí aprendí de versiones de linux, Red Hat, Mandrake luego Mandriva, Fedora, Suse, Debian, Turbolinux y muchas otras, ahí aprendí de Gnome o KDE, Openoffice en lugar de Word, de Gimp en lugar de Photoshop, de Kwrite o Gedit en lugar del bloc de notas, de Gwenview en lugar del Photo Image, y de cientos de programas muchos más rápidos y eficientes que los que existían en el mundo Windows.

Años pasé con la computadora con doble booteo, esto es con los dos sistemas operativos instalados, linux y Windows, coexistiendo.

Pero lo tenía claro por el uso: linux era por lejos mejor que Windows 98, el XP, el Vista, y todos los que siguieron sumados.

Sin embargo, cada periférico, como la impresora, la cámara web, el escaner, y todos los demás, venían con su CD con los famosos “drivers” solo para Windows, entonces conseguir que esos periféricos funcionaran en linux era una tarea de búsqueda y consultas de muchas horas.

Linux está hecho por una comunidad de desarrolladores y entonces linux es gratuito, y no requiere licencias. Pero mientras las grandes empresas tenían acuerdo con Windows, cada aparato nuevo que surgía para conectar a la PC, necesitaba de un programador independiente que decidiera hacer ese mismo driver para que el aparato conectado a la computadora también funcionara en linux.

En resumen, recién pude migrar definitivamente a linux y borrar el Windows de todas mis máquinas hace pocos años, cuando linux pudo reconocer la grabadora digital como si fuera un pendrive, y así poder sacar el audio para escuchar las notas.

El proceso de aprendizaje, de ensayo y error me llevó varios años de esfuerzo voluntario, tiempo dedicado y trabajo intelectual.

El caso de EL ECO.

Por eso puedo decir que esta generación a la que pertenece gran parte de los editores de medios gráficos de todo el país, está siendo víctima de abuso por el Dr. Fernando Couto, por la ley que lo ampara y por la justicia que permite estos atropellos.

Porque el proceso de migración y de re aprendizaje para quienes fuimos criados informáticos en la cuadratura de Windows, es lento, tiene ritmos distintos y lleva tiempo.

Y no se lo puede forzar ni poner plazos perentorios como se hizo en el caso de EL ECO.

Hacer el cambio en la redacción de Carmelo fue más fácil porque allí no usan programas de diseño gráfico, el navegador es el mismo que se usa en Windows en su versión para linux, el Libreoffice u Openoffice son casi idénticos o mejores que Word, y los programas de correo funcionan igual que en Windows.

El problema es en la redacción de Nueva Palmira, donde se hace el diseño. La redacción de EL ECO de Palmira se encontraba en un proceso de migración a linux que llevaba el ritmo que ellos podían darle, con el tiempo que podían dedicarle y con el esfuerzo intelectual que podían ponerle al cambio por “eso nuevo” que es línux, y me consta que es algo en lo que venían trabajando luego del cambio en la redacción de Carmelo.

El programa de contabilidad está creado por un docente carmelitano que hace años tiene una academia que funciona solo con software libre, y por lo tanto este programa estaba diseñado pensando en esa migración.

Ya se estaban probando los programas que reemplazarían al Word y a los de diseño gráfico. Para migrar totalmente a software libre, a la redacción de Palmira les está pasando algo parecido a lo que me ocurría a mi cuando no conseguía el driver para que linux reconociera mi grabadora: les falta quién les enseñe como migrar las plantillas del diario desde Indesign, -programa privativo que necesita licencias y que es hijo del viejo Pagemaker que uno bajaba de Internet sin problemas-, hacia Scribus, versión del mismo programa pero en software libre.

Se puede decir que han aprendido demasiado rápido para la complejidad del cambio, pero aún dependen del software privativo. La justicia y el Dr. Couto cortaron abruptamente ese proceso con la incautación irregular de las máquinas.

Por eso el cambio de un sistema a otro no depende del tiempo que imponga el Dr. Couto ni del tiempo que determine la justicia, ya sea juez o fiscal, desde su escritorio.

Somos hijos de la generación Windows, nos metieron en la cabeza que hacer todo lo que se hacía en Windows estaba bien y ahora, de un día para otro, nos vienen a decir que eso es ilegal y nos quieren cobrar fortunas, o que aprendamos en diez minutos lo que puede llevar hasta años desaprender y reaprender.

Couto se aprovecha de esa falla del sistema, hace su negocio y como la gente se asusta porque no entiende, paga, y después se pregunta porqué le dieron un recibo de Honorarios Profesionales en lugar del recibo de multa.

Personalmente no me parece mal que Couto y su asociación antipiratería lleven adelante una cruzada para informar a la gente que usa Windows, que es ilegal no tener las licencias del sistema operativo y de los programas que tiene instalados.

Pero esa cruzada no puede ser compulsiva, coaccionada, con la vidriosidad que emana de los procedimientos, y en los tiempos que Couto decida con la anuencia de la justicia. Por eso digo que la justicia termina siendo cómplice del acoso a una generación, que no hace otra cosa que lo que durante décadas le permitió el Estado y enseñó la misma industria informática.

Avalar legalmente las acciones de Couto y su asociación, no solo es condenar a muerte a gran parte de la prensa gráfica nacional por costos de licencias que le son imposibles de pagar, no sólo es dejar sin trabajo a cientos de editores y periodistas que muchas veces trabajan por el puro placer de realizar una tarea de compromiso social como es la de un periódico del interior, sino que es quitarles la posibilidad de coincidir en conocimientos con la generación Ceibal que ya viene con el software libre en la sangre.

En los hechos, el Estado conforma una complicidad, que conspira contra la misma libertad informática que el Estado le dio al ciudadano.

Y eso no tiene nada de justicia.