Se vendió el avión de transporte sanitario, el Hawker, Modelo: HS-125-700A comprado durante el gobierno de Tabaré Vázquez, por la irrisoria suma de 180 mil dólares.
Como contrapartida, Uruguay acaba de comprar dos aviones Hércules de origen español, a un costo de 21 millones de euros, algo más de 25 millones de dólares.
Los aviones no sirven para transporte sanitario de enfermos, no son reemplazo del avión subastado, sino que son cisternas preparadas para reabastecer en vuelo a cazabombarderos, de las cinco que tiene el Ala 31.
Se trata de aviones del año 73 que fueron modificados para seguir volando en el año 2000.
Los aviones servirán para llevar suministros a la base en la Antártida.
Compramos en un 1.010.000 y lo vendimos en 180.000. Para el comprador fue un negoción porque cualquier especialista en aviones dice que cada motor de ese avión vale alrededor de 250 mil dólares.
Un avión de ese tipo, ahora, cuesta 15 millones de dólares.
Durante este trabajo, pude consultar a algunos expertos en aviones y aviación, y nos confirmaron algo que no sale en la prensa nacional, «es un avión presidencial, y mantener un avión presidencial es caro. Es un avión de mantenimiento caro pero es un buen avión. Cada monitor sale más que el precio en el que lo vendieron” nos dicen.
La que mejor resumió este negocio del actual gobierno no fue un operador político ni del gobierno ni de la oposición: fue la actriz y conductora Cristina Morán “no podés llevar un herido en un Hércules. Haber rematado ese avión por ese dinero es una cuestión de rivalidad política. Es no aceptar lo que hizo el otro” dijo.
El tema del avión fue ampliamente debatido en el parlamento, y de allí, según las actas que pudimos leer, no parece surgir las razones dadas por el ahora Ministro de Defensa Javier García sobre el avión vendido.
Veamos: El 24 de febrero de 2017, el entonces Ministro de Defensa Jorge Menéndez, concurrió a la Comisión Permanente para hablar de la compra del avión presidencial.
El ministro de ese entonces no fue sólo al Parlamento sino que fue acompañado por el director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, José Korzeniak; el director de Políticas, Marti Dalgalarrondo; la asesora del MDN, Josefina Nogueira, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli.
Menéndez defendió la compra y el valor del avión porque la Fuerza Aérea, sí, la Fuerza Aérea, le dijo que era la mejor oferta teniendo en cuenta que no había aviones similares en la región, que en otras partes del mundo constaban menos, pero, o no estaban actualizados, o traerlos y ponerlos al día, costaba más caro que el que se compró.
De la información antes detallada, la Fuerza Aérea extrajo las siguientes conclusiones, le dice el Ministro a los legisladores presentes : a) Las aeronaves ofertadas por debajo de los USD 400.000 ofrecían poco o ningún remanente a las inspecciones obligatorias para continuar el servicio luego de la venta y no se encontraban operativas en la mayoría de los casos. b) Existían ofertas dentro de un rango de entre los USD 500.000 y USD 1:000.000 que podrían ser comparables con el avión de matrícula uruguaya ofertado, pero la ubicación de este último y las modificaciones incorporadas, además de su excelente estado, inclinaban la decisión a favor de la aeronave uruguaya. También existían algunas ofertas por encima del valor de lo ofrecido por la empresa uruguaya, que no ofrecían una ventaja de mérito sobre esta y excedían las capacidades financieras con que contaba en ese momento la Fuerza Aérea Uruguaya. En definitiva, de los casos anteriormente mencionados en ninguno se encontró una aeronave que ofreciera las modificaciones con que cuenta el CX-CIB en cantidad y calidad de mejora, en beneficio de la seguridad de vuelo durante el cumplimiento de las misiones que le pudieran ser asignadas, dijo el Ministro
La compra
La compra no fue por 1.100.000 dólares sino por 1.010.000, de los cuales 890.000 corresponden al precio de la aeronave. Menéndez dijo que el avión tiene mejoras realizadas por sus dueños, estimadas en 1.000.000 de dólares. Se reitera que, a diferencia de cualquiera de las aeronaves ofertadas, esta cuenta con el beneficio de que la Fuerza Aérea dispone de la totalidad de la documentación e historial del avión CX-CIB para el escrutinio de sus técnicos y asesores, por el hecho de encontrarse la aeronave matriculada en el Uruguay.
La Fuerza Aérea recomendó
Fue la Fuerza Aérea la que recomendó la compra “cabe subrayar que con estos fundamentos la Fuerza Aérea Uruguaya solicitó efectuar una compra directa, por excepción, al amparo del Tocaf.
El 29 de abril del año 2015 el Comando General de la Fuerza Aérea elevó el expediente para intervención del Tribunal de Cuentas, el cual por resolución de fecha 13 de mayo resolvió observar el gasto por dos razones. En primer lugar, porque la contratación sólo podía realizarse al amparo de la causal de excepción establecida en el numeral 10), literal C) del artículo 33 del Tocaf («notoria escasez de los bienes o servicios a contratar», ya que el numeral 13) se refiere a la venta de productos y no es aplicable al caso concreto. En segundo término, porque el organismo actuante, la Fuerza Aérea Uruguaya, no había acreditado suficientemente la causal al no fundar debidamente la notoria escasez de aeronaves similares en la región. A partir de estas observaciones –reitero, estamos hablando de la compra directa–, para ampliar los fundamentos, se consultó a la empresa Aero Baires SACI como único servicio regional autorizado por el fabricante, el cual respondió «que según su conocimiento no hay ninguna aeronave Hawker, modelo HS 125-700A a la venta en Argentina, en Uruguay y Paraguay, con la excepción de la aeronave uruguaya CX-CIB». Adicionalmente, la Fuerza Aérea Uruguaya efectuó un análisis de las empresas dedicadas a la venta de aeronaves en páginas web especializadas, procedimiento que habitualmente se lleva adelante en http://www.trade-a-plane.com, http://www.planetime.nl, http://www.findaircraft.com, http://www.globalplanesearch.com, no encontrándose aeronaves de este tipo, fabricantes ni modelos disponibles a la venta en la región, salvo la aeronave ofertada. De modo complementario y para contestar al Tribunal de Cuentas, el departamento jurídico de la Fuerza Aérea efectúa un análisis de la causal de excepción invocada para la compra directa y de la observación del Tribunal de Cuentas con relación a que no se había acreditado la notoria escasez de aeronaves similares en la región. Ese informe está firmado por las doctoras Ana Laura Padilla y Rosana Battagliesse y por el contador Guillermo Ravel. Sus firmas están estampadas en todo el procedimiento. En el expediente están sus nombres, ponen sus firmas en honor a la transparencia del procedimiento. Textualmente expresan: «Desde el punto de vista económico, la escasez se determina en función de factores no solamente cuantitativos sino también cualitativos en las circunstancias concretas que se relacionan con la adecuada identificación de las necesidades y el uso óptimo de los recursos.
Avalan los militares
Las firmas que avalan el informe, de destacados profesionales del área de Defensa, indica que “Por lo tanto, el “bien”, en el caso que nos ocupa, no es cualquier aeronave, sino una aeronave que tiene determinadas capacidades y prestaciones, que satisface las necesidades planteadas, y se adecua a los recursos económicos disponibles para esta adquisición». De acuerdo con los argumentos esgrimidos en los informes técnicos y jurídicos antes mencionados, el expediente vuelve al Tribunal de Cuentas, solicitando el levantamiento de las observaciones. Se trata de procedimientos que están reglados, todos ampliamente transitados en la Administración pública, a nivel del Gobierno central y de los Gobiernos departamentales. Son prácticas comunes de la Administración de hoy y del pasado”
Las razones
Menéndez explicó porque se hizo una licitación pública y no se compró directamente, lo cual lo adjudicó a una cuestión de transparencia.
“me voy a referir al procedimiento de licitación pública internacional y a por qué se decidió aplicar este mecanismo. Como bien saben todos los aquí presentes, legalmente la Administración está facultada a insistir en el gasto y podría haber comprado la aeronave a través del procedimiento de compra directa por excepción. Si el Poder Ejecutivo hubiera decidido reiterar el gasto, quizás hoy no estaría hablando aquí de este tema, porque estábamos facultados legalmente para hacerlo. A pesar de ello y para dar transparencia al proceso, el Poder Ejecutivo resolvió convocar a un llamado a licitación pública internacional. Para esto se contaba con la suma de USD 1:200.000, crédito concedido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que tocaba el límite máximo de compra en la licitación que se debía realizar. En agosto de 2015, la Fuerza Aérea inicia los trámites administrativos para convocar a la licitación pública internacional y para ello confecciona el proyecto de pliego particular de condiciones. Tal como expresa el documento del Comando Aéreo Logístico ya mencionado, de 19 de agosto de 2015, el objetivo es solucionar la necesidad de la fuerza de adquirir una aeronave para complementar sus capacidades ante misiones de traslado sanitario, para lo que se requiere incluir un kit sanitario y de camilla que permita realizar este tipo de traslados, tanto a nivel nacional como internacional, reduciendo significativamente los costos y los tiempos de traslado, hecho de vital importancia en este tipo de misiones. Es de destacar, también, que se estaría adquiriendo la capacidad de realizar este tipo de misiones a países como Brasil, Perú o Bolivia, sin necesidad de escalas. También puede ser utilizado para misiones de traslado de órganos y tejidos, en las que es de vital importancia reducir al máximo los tiempos de demora, puesto que de eso depende que el órgano o tejido llegue en condiciones óptimas. Aeronaves de estas características, dada su velocidad, mejorarán significativamente la capacidad actual de la Fuerza Aérea. Un avión como este permitirá hacer misiones de reconocimiento, en el marco de la función de la Fuerza Aérea como Policía Aérea nacional, reduciendo tiempos y costos. También podrá ser utilizado para las misiones de búsqueda y rescate, dada la responsabilidad de búsqueda y salvamento que tiene nuestro país, no solo en nuestro territorio sino también en las aguas jurisdiccionales que se extienden hasta el meridiano diez. Cada vez que se realiza una misión de búsqueda y rescate o de evacuación sanitaria desde embarcaciones o en mar abierto, es necesario contar con una aeronave que oficie de comandante en escena. Este tipo de aeronave cumple un rol fundamental en las comunicaciones, tanto entre la embarcación y el medio de rescate como entre el helicóptero y el centro de operaciones aéreas. El alcance de esta clase de aeronave permite ampliar significativamente el radio de acción y para este tipo de misión es importante que posea equipamiento de comunicaciones HF, es decir, alta frecuencia, así como teléfono satelital como medio alterno. A su vez, podrá realizar misiones de chequeo de radioayudas. Para ello la aeronave tendrá que tener la capacidad de instalar una consola para la realización de los chequeos periódicos de todas las radioayudas del país: calibración y control de recepción de las mismas en todas las aerovías, tanto a baja como a alta altitud, permitiendo cumplir con las obligaciones mandatadas por la Organización Civil Internacional, de la que dependemos por ley. En cuanto a las misiones de pasajeros y cargas, el avión multipropósito requerido deberá ser apto para ser utilizado para transporte de pasajeros. Respecto a esto, decimos claramente que están contemplados como pasajeros las autoridades nacionales, ejecutivas o legislativas y las distintas comitivas, ampliando el alcance y reduciendo tiempos y costos en forma significativa, señaló.
Todo eso fue lo que vendió el nuevo gobierno.
El blog de Gabriel Monteagudo 