Por Gabriel Monteagudo

Preocupa que Javier Mallorca crea que está bien lo que hizo. Es preocupante para la salud de la política departamental que, además, la bancada del Partido Nacional de Colonia le diera el respaldo, habilitando así a Zimmer a devolverlo a su cargo en un juego de va y viene en el que nadie resulta responsable.

Preocupa que los blancos le dieran mayoría cuando ediles como Edmundo Roselli y Alfredo Álvarez habían anunciado que pedirían su renuncia. El primero levantó la mano cambiando lo que le dijo a la prensa; el otro pidió licencia y mandó al suplente.

Nadie, ni oficialistas ni opositores, cree que Mallorca pudo quedarse con dinero de la administración. Eso está claro. De la misma forma, nadie podría desmentir que el palmirense puso a amigos de su lista que armaron empresas de apuro y elaboraron facturas disparatadas, cobrando lo máximo posible al filo de lo que legalmente se podía cobrar.

No sólo fraccionaron el gasto, no sólo violaron las normas del Tocaf. También pusieron otra  perla a una administración municipal que se pasa por ahí mismo, donde usted piensa, las normas de buena administración.

La desprolijidad de Mallorca en el manejo de la dirección a su cargo no justifica el fin al que estaban dirigidas. Dicho de otra manera: que haya limpiado las playas a tiempo para la temporada,  no justifica que fraccionara las boletas. O que pusiera 11 mil dólares en boletas por un arreglo de la Plaza del barrio Saravia sin detallar los cientos de cuadras que dijo que arregló también con ese dinero.

El fraccionamiento bueno que señaló Dellpiazo en su informe, es probablemente el invento más desopilante de la jurisprudencia nacional. Algo así como hablar del efecto benévolo de la radiación producto de la bomba atómica.

Pero Delpiazzo es una anécdota en un episodio grave como el que se vivió en la última sesión de la Junta Departamental.

Con actitudes de respaldo como las que tuvieron los blancos,   pese al informe del Tribunal de Cuentas, el ciudadano no hace más que reforzar su idea de que los políticos son todos iguales y que la democracia es un concepto cada día más desvalorizado.

No se puede sostener en un cargo a un jerarca que no está capacitado para llevar adelante ese cargo cumpliendo con las normas legales que el puesto exige, por más buenas que sean las intenciones del jerarca en cuestión.

La Intendencia de Colonia no puede seguir siendo una sucursal de Almacén Don Manolo.

Por otra parte, cabe preguntarse:  ¿fueron los cargos de Marcelo Roselli, el de  Miguel Fernández o el de Oscar Villanueva la moneda de cambio para que el grupo de Moreira levantara su mano e hiciera en Sala lo que dijo una y otra vez a la prensa que no iba a  hacer?

Fue justamente uno de sus ediles quien dijo a EL ECO en la edición pasada que Mallorca no estaba capacitado para ser Director de Limpieza.

Y de eso se trata. De capacidad para realizar las cosas que necesita la gente, haciéndolas de la forma correcta.

Una cosa es ser campechano, otra muy distinta es cobrar 180 mil pesos para poner una canilla en Punta Gorda.

Está claro que la dirigencia no escuchó lo que dice la gente en la calle y está convencida de que pese a tantas macanas, la gente de Colonia les renovará una vez más la confianza en las próximas elecciones.

Es necesario un modelo diferente, que no sólo cumpla con la gente, sino que lo haga cumpliendo con la ley, para que el resfrío democrático que sufre  esta administración no termine convirtiéndose en una pulmonía que comprometa la salud de la política departamental.