GM

En los casos de abuso sexual o de abuso de menores, siempre pasan dos cosas en la sociedad: se busca proteger al  abusador, generalmente un hombre poderoso, por suposición económica o por su posición social, y la que es más grave, se intenta quitar credibilidad a la palabra de la víctima.

Así que en el caso de la denuncia contra el padre Ignacio Muñoz no hubo excepción: lo primero que se hizo en el marco del plan elemental básico de ocultamiento, es hacerle inmediatamente una nota al propio denunciado para que diga que es absolutamente inocente. Es de manual.

Lo segundo es hacer un comunicado plagado de eufemismos que fue lo que se hizo desde Mercedes el Obispo …. González, donde primero destaca la distancia en el tiempo de los hechos -si pasó hace tantos años ya no importa-, y luego escapa por la tangente al hablar de abuso sexual, -llámese este desde el uso del poder para estar presente con cualquier excusa ante un niño o niña desnuda, la insinuación con palabras o el tocamiento-, al que califica como “conductas inadecuadas en el marco de una actividad comunitaria de la Parroquia”.

No son conductas inadecuadas, es abuso. Punto.

Y después se señala que “se activó el protocolo dispuesto por la Conferencia Episcopal del Uruguay para estos casos”, excelente y claro documento que parece no haber leído en su totalidad el autor del comunicado.

La víctima

Luego lo siguiente que se hace en cualquier intento de proteger al abusador es cuestionar a la víctima. Así, esta semana escuché de voces de la propia comunidad católica cosas como “fue hace mucho tiempo”, “la muchacha se debe haber confundido”, “parece que no fue tan así” y otras frases por el estilo lo cual vuelve, a los ojos de la sociedad  a la víctima en la verdadera culpable de una situación que no busco no provocó. Así se produce una suerte de revictimización que actúa también como aviso subeptricio de bloqueo a otros que quieran denunciar un hecho parecido.

En cuanto al tiempo, no hay más que remitirse a la nota que EL ECO hizo la semana pasada con la Socióloga Margarita Thove, para constatar que muchas veces las víctimas necesitan muchos años para sacar de adentro y contar lo que les hicieron.

En resumen: los temores que teníamos cuando nos enteramos del caso finalmente se confirmaron, somos una sociedad que tiende a proteger a los abusadores cuando son poderosos u ocupan un alto cargo social. Por eso las víctimas prefieren no hablar y  eligen no exponerse. La constatación es grave, porque por lo que pudimos saber, no sería la única persona que vivió una situación similar por aquellos años. Y me queda la pregunta de cuantos casos más habrá que no se denunciaron, cuantas personas más callando por miedo a la revictimización, quedan todavía en Carmelo.

Por si quedan dudas, el Padre Ignacio Muñoz sigue estando al frente de todos los servicios religiosos. Este miércoles en San Cayetano presidió la procesión y celebró misa. Además está en la novena y misas por San Roque. No hay mayor señal de protección hacia el abuso ni mayor señal de poder del poderoso, que hacer como si no hubiera pasado nada.

Delito grave.

Según el documento que se puede ver en internet bajo el nombre de Guía de Protección de la Conferencia Episcopal del Uruguay , a partir de 2016 la iglesia católica puso barbas en remojo y decidió encarar este tema. 

La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) informó en 2016 que recibió 44 denuncias de abusos sexuales cometidos por 40 sacerdotes de todo el país. Las acusaciones abarcan a un período de 70 años y el resultado de la investigación realizada por la Iglesia fue que, de los 40 sospechosos, 20 están muertos, nueve están en investigación, siete son inocentes y cuatro fueron suspendidos de ejercer el sacerdocio.

En el caso de Carmelo, lo otro que es parte de lo que podría llamarse “Manual Básico de Protección a los Poderosos” es escribir un artículo para destacar que como ocurrió hace 20 años, el caso ya prescribió ante la justicia.

La Iglesia sabe de eso ya que en el informe público donde asumen responsabilidades, dicen también que no elevó ningún caso a la Justicia porque, los casos o bien prescribieron, o bien no son considerados un delito civil. 

El el documento Guía para la protección de menores y prevención de abusos sexuales, la Iglesia considera el abuso de menores y otras personas vulnerables por parte de

ministros ordenados y personas consagradas como “delito grave”. 

La actuación ante las denuncias sigue una serie de pasos (indicados en el Protocolo): recepción de denuncias, investigación previa, proceso penal, que son llevados adelante por las autoridades locales. Las actuaciones son remitidas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que examina las causas y hace un pronunciamiento final sobre cada caso.

Toda persona, cualquiera sea su condición en cuanto a estado clerical o religioso, tiene responsabilidad civil y penal ante sus actos, como cualquier otro ciudadano en caso de prueba del delito.

En un momento de extrema sensibilidad respecto al tema de los abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos, la Iglesia uruguaya ha mostrado que quiere actuar con transparencia y evitar encubrimientos, pidió perdón por los abusos realizados en Uruguay por clérigos y religiosos, y habilitó el teléfono 095 382 465 para recibir denuncias. El teléfono es atendido de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas. También Se ha creado el e-mail denuncia.abusos.uy@gmail.com a los mismos efectos.

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