
La Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, firmó la Resolución N° 84.797, que clasifica como reservada la información solicitada por EL ECO sobre las actividades del destacamento militar “Ismail” en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia. La decisión, fundamentada en la Ley N° 18.381 de 2008, argumenta que la divulgación de los datos podría comprometer la seguridad pública y la defensa nacional.
Una solicitud denegada por razones de seguridad
El 30 de abril de 2025, EL ECO presentó una solicitud de acceso a la información pública, buscando detalles específicos sobre el destacamento “Ismail” ubicado en los “Barracones” de Carmelo. Entre los puntos solicitados, se incluían la cantidad de funcionarios asignados, su unidad militar de origen, el tiempo de permanencia en el destacamento, los vehículos utilizados, las tareas asignadas, los horarios de trabajo, la fecha de instalación, los operativos realizados (incluyendo acciones contra el contrabando y el abigeato), los resultados obtenidos y el costo operativo de la unidad. Además, se pidió un informe de evaluación de las tareas realizadas por los superiores.
Tras prorrogar el plazo para responder hasta el 8 de mayo de 2025, el Ministerio de Defensa resolvió el 4 de junio clasificar la información como reservada, invocando el literal A) del artículo 9 de la Ley N° 18.381, que permite restringir el acceso a datos cuya difusión pueda afectar la seguridad pública o la defensa nacional. Según la resolución, la divulgación de los detalles solicitados comprometería “el desarrollo de tareas inherentes a la salvaguarda de la seguridad pública”, justificando la reserva de la información.
Implicaciones para la transparencia
La decisión de Lazo, quien asumió como Ministra de Defensa el 7 de marzo de 2025, refleja la prioridad de su gestión de actuar con “firmeza, respeto y sobriedad”, según expresó en su discurso de asunción. Sin embargo, la clasificación de la información como reservada se da de frente con un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia en la gestión pública. La resolución subraya que el derecho de acceso a la información no es absoluto, ya que debe equilibrarse con la protección de “los altos intereses de la República”.
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Contexto en Carmelo
La solicitud de EL ECO se enmarca en un interés creciente por las actividades del destacamento “Ismail” en Carmelo, una ciudad que enfrenta desafíos como el estancamiento en infraestructura y turismo. La presencia militar en la zona podría estar vinculada a operativos de seguridad, como el control del contrabando o el abigeato, pero la falta de información pública limita el entendimiento de su impacto en la comunidad, comunidad que ve a los soldados salir a correr por la costa de carmelo a partir de las cuatr ode la tarde.
Un equilibrio delicado
La resolución firmada por Lazo seguramente reafirma el compromiso del Ministerio de Defensa con la protección de la seguridad nacional, pero también plantea preguntas sobre los límites del acceso a la información en contextos locales. Mientras Carmelo busca revitalizarse con proyectos culturales y turísticos, la opacidad en torno a las actividades militares en un lugar donde se podría estar realizando un hogar para mujeres en situación de calle por ejemplo, podría alimentar la percepción de desconexión entre las autoridades y la ciudadanía.




