Pero no nos quiebran

Gabriel Monteagudo.

Realizar actividades de periodismo, involucra el ejercicio de un conjunto de derechos que van desde el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, pero además se incluyen los derechos al trabajo, a un salario y a la libertades laborales en una actividad profesional.

Parte de esas libertades fueron cercenadas a la población a la que llega EL ECO, por una resolución de la jueza Penal de Carmelo Dra. María Alexandra Facal.

Este miércoles, Facal cortó nuestro derecho al trabajo, nuestra libertad y nuestro deber para ejercer como medio de prensa, nuestro derecho a la libertad de expresión y sobre todo, cercenó el derecho de los lectores a recibir la información de EL ECO.

Sin ser erudito en Derecho, se puede decir que Facal le hizo una moña de campeonato, al menos a cuatro derechos constitucionales.

Cortando un proceso de negociación que se llevaba a acabo en su juzgado, y en dónde los directores de EL ECO habían reconocido el uso fuera de la nueva normativa, de una serie de programas que son herramientas necesarias para la edición del semanario, la jueza tomó una resolución, a todas luces disparatada: ordenó la requisa de las computadoras de EL ECO de Palmira que habían sido encontradas en falta en agosto, incluso algunas que eran particulares y no formaban parte de la inspección, y ordenó un allanamiento en la oficina del semanario en Carmelo.

Además, como bien lo presentó en el juzgado este jueves el abogado de EL ECO el Dr. Erramouspe, la jueza tomó una resolución que va más allá de lo que pidió el denunciante. En su afán de ser complaciente con quién denunciaba a EL ECO, la jueza Facal ordenó algo que el denunciante no había pedido, y se salteó la intimación que antes debía hacerse según la denuncia.

Vaya a saber porqué tanto apuro de la jueza para complacer una denuncia contra EL ECO. Tengo mi propia teoría, pero no es momento ahora de difundirla.

Además, toma la resolución al otro día de un feriado de carnaval, mitad de semana, cuando EL ECO está en pleno proceso de cierre para poder enviarlo a impresión y que el sábado esté donde los lectores. Dicho en criollo, si no tuvo la intención, lo hizo con una casualidad espeluznante para quebrarnos en el peor momento.

Como decíamos, EL ECO estaba en plena negociación, ya que el representante de esta Cámara Antipiratería, -que antes fue representantes de videocubles y funcionario del Ministerio del Interior- pretende cobrarle a EL ECO una suma de miles de dólares que es imposible de pagar y que es mucho más que lo que cuestan las licencias de los programas cuestionados.

Facal se saltó todo eso, dinamitó los escalones establecidos en el camino de la negociación y, directamente, nos dejó sin las herramientas de trabajo que permiten a un medio de comunicación gráfico, salir a la calle para cumplir con su tarea de informar al público en tiempo y forma.

La noche del miércoles, mientras recibíamos cientos de llamados solidarios de colegas – el hermano Carlos Peláez por allá, Elio García por acá- de representantes de instituciones del gremio -Apu, Opi, Cainfo- y de decenas de organismos públicos y privados, la desazón entre los integrantes de EL ECO era subsanada por estas muestras de cariño.

Y pese a todas las contrariedades, rasguñados, impotentes ante la injusticia, el equipo del semanario decidió salir igual a la calle este sábado, porque es un equipo de rebeldes, contestarios y porfiados a la hora de informar. Y porque hemos dedicado una vida a publicar noticias, sobre todo esas noticias que molestan a cierta gente poderosa en dinero pero pobre en hombría de bien, que anda por ahí en las sombras y que sin dudas, es a la que el poder de turno le hace los mandados.

Salimos a la calle para estar donde pertenecemos, que es junto a los lectores.

Porque somos respetuosos de la justicia, pero no vamos a permitir que una jueza se lleve puesto así nomás el derecho de la gente a estar informados.

Nos doblan si, pero no nos quiebran.