Detalles del saqueo a la redacción de EL ECO

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Diez páginas en blanco, incluyendo la información de tapa y contratapa. Ese es el tamaño de la información que la jueza María Alexandra Facal le escamoteó a los ciudadanos de esta parte del departamento de Colonia. Un verdadero latrocinio de los derechos de los ciudadanos en plena democracia, por parte de quien debe salvaguardar primero los derechos del ciudadano en lugar de anteponerlos a los intereses de corporaciones multinacionales.

Pero además de las computadoras, a las que tendrían que haber sacado solo el disco duro -que es donde se encuentrarían los programas en presunta infracción- se llevaron seis monitores, seis teclados, seis mouses, más un mouse viejo que andaba en la vuelta y una carcasa de CPU antigua que se usaba como apoyo de uno de los monitores. Si la carcasa hubiera tenido una planta, se la llevaban también porque la intención explicitada en el acto, era hacer daño.

Si eso no fue un verdadero atropello a um medio de prensa, que venga alguien experto en Derecho y lo explique. En los hechos, lo ocurrido el pasado miércoles en la redacción de EL Eco de Nueva  Palmira fue un claro intento de sacar de circulación un medio de prensa. Un saqueo que, al escuchar a los compañeros de Palmira, me hizo recordar a los saqueos que hacían las patotas de la dictadura cuando entraban a las casas de los secuestrados y arrasaban con lo que encontraban.

No hay otra explicación posible, a no ser que detrás de la decisión judicial, se encuentre un verdadero error conceptual de parte de la jueza, que haga impostergable su alejamiento de un cargo como el que ostenta. ¿Querrá esta jueza una prensa dócil?, ¿Qué intereses están detrás de su apresurada resolución en medio de la semana de carnaval?, ¿Fue una decisión de pura incompetencia, se cobraba alguna cuenta o le cobraba una cuenta a alquien más?, ¿Quién está detrás del Sr. Fernando Couto y porqué la jueza permite que dirija los procedimientos?

Recién el sábado pude, como periodista, hablar con los directores de EL ECO. Desde el miércoles la prioridad era que EL ECO estuviera en la calle, y entonces, el intercambio de diálogo Nueva Palmira- Carmelo se limitó a las notas que quedaban on line luego del saqueo judicial. Fue el sábado despues del mediodía, entre llamado y llamado de solidaridad, que pude enterarme de la expropiación lisa y llana de la totalidad de sus herramientas de trabajo.

Incluso pude conocer en detalle el episodio de cómo el Dr. Fernando Couto, denunciante y director del procedimiento, hizo borrar las fotos tomadas por una de las directoras de su precencia en el procedimiento. Algo que también quiso hacer pero no pudo en la redacción de EL ECO, aunque amenazó también con una demanda penal por sacarle fotografías. Algo raro, si verdaderametne representa a una Cámara que no es secreta ni se debería regir por las reglas de Alcohólicos Anónimos, donde todos evitan dar a conocer su identidad.

Pude saber además, que se llevaron una computadora que es utilizada para la contabilidad de la empresa, con el programa contable que hizo una empresa de Carmelo que fue diseñado para funcionar en linux como parte de la migración hacia el software libre que ya había iniciado la empresa en Carmelo. Al día de hoy, la empresa perdió sus registros comerciales en este vandálico episodio.

En resumen, el acto de la jueza Alexandra Facal resultó un claro intento de cerrar EL ECO. Porqué incautó las máquinas de Palmira cuando en realidad la ampliación de denuncia presentada siete dias antes por el denunciate Couto solo pedía una inspección en EL ECO de Carmelo -de dónde se fueron con las manos vacías- no tiene mucha más explicación que el hecho de provocar un daño.

Un daño cuasi irreparable al derecho del ciudadano a recibir libremente información de un medio de prensa. Un daño que la justicia deber reparar rápidamente.

En el antiguo Egipto, cuando alguien hacía algo que podía cambiar el STATUS QUO, era “borrado de la historia”. Gran parte de la línea de faraones se ha perdido debido a que los templos y los bajorelieves fueron “borrados” a punta de cincel y martillo. Todo aquello que resultara amenazador para las jerarquías, debía y era borrado, era olvidado por todos, incluso se prohibían las palabras que hacían referencia a esos objetos, personas y sucesos.

En la Argentina, a partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 que dio inicio al proceso de reorganización nacional, se quemaron un total de 1 millón y medio de libros: Uno de estos casos ocurrió bajo las órdenes de el general de división Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, que ordenó una quema colectiva de libros, entre los que se hallaban obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry, Galeano, etc. Dijo que lo hacía «a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas… para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos». (fuente: Wikipedia)

A santo de qué, o para complacer quién sabe a quién, la jueza de Carmelo parece repetir estos tristes capítulos de la historia.

PD: hay una queja formal planteada ante APU por el periodista Guillermo Pellegrino – corresponsal en Uruguay del diario Clarín- sobre el maltrato sufrido por él y su fotógrafo en oportunidad de una cobertura periodística que realizaron en Carmelo.

NdeR: en la audiencia judicial de este 4 de junio se cuestionó esta nota por parte de la Defensa del Dr. Fernando Couto. Espero, para publicar, con gusto, los argumentos que puedan haber ofendido al Dr. Couto, pero la crónica refleja lo que ocurrió ese día en la redacción de EL Eco de Palmira, y CArmelo, y no amerita, a mi juicio, correción alguna. Incluso el episodio con la cámara fotográfica que se cuestionó en la audiencia de conciliación, Couto pretendió impedir que le sacáramos fotos a él, como director del procedimiento,  y nos amenazó con demanda por ello. En ningún momento pretendimos sacar fotografías de los oficiales que se encontraban en el operativo.

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