Los propietarios que se las vieron en figurillas para vender su vehículo porque encontraron adulterada la documentación de empadronamiento en Colonia, seguramente piensen diferente al Presidente de la República declarando ayer que “no hubo mala fe” en la política de patentes por la que el intendente de Colonia Walter Zimmer terminó tras las rejas.
Las declaraciones presidenciales se suman por estas horas a las apreciaciones increíbles que muchos de los fanáticos zimmeristas escribieron durante estas horas en los muros de Facebook “muchos se pudieron comprar su autito 0 km con lo que hizo Zimmer” y otros disparates por el estilo.
La contadora a la que le hicieron figurar sueldos de 1000 euros y nunca le pagaron tampoco coincidirá mucho con el Presidente que debería explicar donde están los sesenta mil euros de Cooperación Internacional que Zimmer se llevó para su casa entre la primera y segunda gestión, mientras su esposa seguía al frente de esta dependencia. O las matrículas usadas por los gestores en forma irregular, o las extrañas sociedades que se formaron para gestionar los empadronamientos. Entre otros mamarrachos de la gestión que hicieron a la jueza determinar su procesamiento con prisión.
Pero al igual que todos los ciudadanos del país, que estamos acostumbrados a los disparates verbales del Presidente, los colonienses estamos acostumbrados a las pechereadas bravuconas del intendente municipal.
Pero hay un punto específico que me preocupa y que quería dejar anotado en la maraña de datos que surgieron tras el procesamiento de la justicia.
En su fallo la jueza Virginia Ginares dejó clara la igualdad de todos los ciudadanos de la República como rasero de la Justicia “esta resolución no implica más que someter a enjuiciamiento a dos habitantes de la República que por mandato constitucional son iguales al resto de las personas ante la Ley y ante los Tribunales” (Punto 1 Considerandos, del fallo de la jueza).
En este sentido, los abogados de vasta experiencia que fueron consultados durante este fin de semana no dudaron en coincidir en que un plazo de treinta días para resolver una apelación que aún no fue presentada por los abogados defensores de Zimmer “en condiciones normales ese plazo no existe en Penal” afirman por lo que “una apelación demora entre cuatro a ocho meses”.
Esto es en condiciones normales y según reivindicó en su fallo la Dra. Ginares al establecer la igualdad como ciudadanos de los jerarcas procesados.
Sin embargo el sistema político no piensa lo mismo, y tanto la presencia de los intendentes a los que Zimmer abusó al piratearles patentes, como el Presidente de la República al ir a visitarlo, ponen una presión adicional sobre la justicia que se da de narices con el enunciado de igualdad que proclama la Justicia.
Es una presión evidente.
Y en ese sentido va la resolución de la Junta Departamental que , en un acto de futurología digna de Anaclara, establece un interinato de treinta días al frente de la intendencia porque aseguran que en ese plazo, lograrán que el Tribunal de Apelaciones revea el fallo contra el intendente.
Cualquier abogado que se consulte asegura que en condiciones normales, una decisión del Tribunal de Apelaciones en casos penales demora de cuatro a ocho meses.
La política mete la cola sin mostrar ninguna vergüenza, para que sus iguales no sean tan iguales, a los iguales que trata la Justicia.
El blog de Gabriel Monteagudo 
Todo esto me parece increible que muchos pongan en duda el dictamen de un Juez de la Republica, todos se tienen que acordar que tenmos tres poderes El Ejecutivo, El Legislativo y el Judicial y si mal no recuerdo son Independientes y si no se respeta esto tres poderes pasa a ser una Dictadura.-
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