El asco, la extorsión y la ley

ascoDel mismo modo que todas las emociones, el asco es algo más que una simple sensación. Las emociones son sentimientos ligados al modo en que se habla acerca de ellos , a paradigmas sociales y culturales que les dan sentido. Así, las emociones, incluidas las más viscerales, son fenómenos sociales, culturales y lingüísticos muy ricos.

El asco es un sentimiento acerca de algo, y que se produce como respuesta a algo, por lo que no se trata simplemente de un sentimiento puro e independiente.

El asco implica necesariamente determinados pensamientos muy molestos y difíciles de desentrañar, sobre la repugnancia y el objeto que la provoca. El asco tiene que presentarse unido a ideas de una clase especial de peligro: el peligro inherente a la contaminación y el contagio, el peligro a ser mancillado o como respuesta hacia un hecho que repelemos.

Los periodistas que trabajamos sólo de periodistas y que dedicamos la vida a servir a la comunidad a través de un medio de comunicación, tenemos umbrales muy bajos de tolerancia respecto a la injusticia, y nos asquea principalmente cuando se comete contra los que menos tienen, contra los que no pueden defenderse, o contra quienes no tienen otra voz para expresarse, que la de los medios que se dedican a escucharlos.

El asco hacia la injusticia es un sentimiento natural que nos provoca el mismo regurgito que le provoca a un ser humano ver excremento ajeno. En ese plano periodístico, la extorsión constatada como un acto asqueroso, no es más que la expresión de un sentimiento, como el que provoca la visión de un moco en la barba de un interlocutor, o una mosca en la sopa.

No puede tener y no la tiene, otro sentido que este que acabo de mencionar, para un comunicador.

Es cierto, la palabra extorsión se encuentra tipificada en el Artículo 345 del Código Penal, y por lo tanto, mencionarla como una acción significa, en la cuadratura de la ley, adjudicarle a la persona de la que se habla la comisión de un delito.

Ni el ECO quiso hacer lo que debe hacer la ley, ni nuestro compañero Daniel Roselli quiso criminalizar las crónicas sobre lo ocurrido en la redacción de EL ECO y con varios colegas a lo largo y ancho de todo el país.

Los reparos sobre este tema, están planteados en causas debidamente presentadas en la justicia.

Los hechos narrados por EL ECO, desde el punto de vista periodístico, son inobjetables. Si una persona hace una denuncia penal, tasa en 20 mil dólares la infracción, pero pide 3.000, 1800 o hasta 600 dólares como ocurrió en algunos casos que hemos recogido en nuestra investigación periodística, y cuando recibe el dinero va corriendo a levantar la denuncia en el juzgado, ¿que nombre le pone el periodista a eso, para que lo entienda ciudadano común?

Expolio, usurpación, expropiación, saqueo, despojo, robo, trastorno, perjuicio, menoscabo, daño, boicot, coacción, amenaza, timo, daño, perjuicio, y hasta chantaje aparecen como sinónimos de extorsión.

Son palabras que quieren decir lo mismo, pero como en periodismo nos enseñan con insistencia a ser claros, concisos y utilizar la palabra que describa mejor un hecho, extorsión es la que seguramente comprenderá la gente a la hora de entender que fue lo que ocurrió como consecuencia del allanamiento en EL ECO.

Para salvaguardar suspicacias, la convención pide que se le coloque la palabra “presunta” antes del calificativo.

Soy de los que cree que si no hubiera verbo, si no existiera el lenguaje, la ley sería cuestión del más fuerte, y por lo tanto, si no hubiera lengua castellana, no habría Código Penal.

Por otra parte, la palabra extorsión vinculada al sentimiento que produce asco, como consecuencia de la denuncia ante una injusticia, queda desvirtuada si se le coloca el adjetivo presunta delante. Nadie tiene un presunto vómito ante lo asqueroso: en todo caso tendrá una arcada que le producirá un vómito, pero la arcada tampoco es presunta ya que presunto es un supuesto, y la arcada una constatación palpable en la realidad.

Por eso a nuestro humilde juicio, la justicia no puede evaluar la palabra en un contexto estrictamente penal, sin considerar el aspecto del sentimiento asqueroso que tiene la palabra extorsión.

¿Que otra cosa que asco, humillación e impotencia puede sentir alguien que ve como se llevan 25 años de su trabajo tirados como fardos arriba de la caja de una camioneta policial?

¿Que otra cosa que asco, puede sentir un periodista cuando encuentra que lo llaman insistentemente para arreglar por dinero, el levantamiento de una denuncia judicial?

¿Que más que asco puede sentirse cuando se constata que situaciones similares vienen ocurriendo en el resto del país y que, mientras los damnificados ante el desconocimiento en temas informáticos, pensaban que pagaban una multa, ven con pavor que terminan obteniendo un recibo por Honorarios Profesionales, de un abogado al que no conocía ni contrató jamás?

El procedimiento estuvo mal hecho.
La leyes las escriben los legisladores y la aplican los jueces, pero en su instrumentación, los jueces deben tratar de tener claro cual es el espíritu que el legislador intentó poner en esa ley. La realidad cambiante, muestra que esas interpretaciones deben expresar matices en la aplicación de la ley a medida que pasan los años. No se interpreta de la misma manera una ley aprobada en 2003 al año siguiente, que en 2015. Y menos vinculada a tecnología.

La jueza del juzgado de Carmelo, que tuvo la gentileza de pasar horas charlando luego de anunciar su retiro de la causa, y de crear un clima muy distendido para intentar una negociación, durante la audiencia del pasado jueves, expresó una opinión en la que humildemente creo que se equivoca.

Facal dijo que el procedimiento realizado en EL ECO estuvo acorde a los que se realizan habitualmente, que no era necesaria la presencia de un representante del juzgado en el allanamiento a EL ECO y que habitualmente -usted lo sabe bien doctor, le dijo mirando a nuestro abogado-, se hace de esta manera.

Sin embargo, como el único procedimiento de este estilo realizado en la órbita del juzgado ha sido el nuestro, al menos por ahora, debo inferir que se refiere a la habitualidad de los allanamientos que por distintos delitos ordena diariamente esta Sede, y no a los vinculados a la ley 17.616 aprobada en enero de 2003.

Eran periodistas, no eran narcos.

En este sentido, debo señalar claramente entonces que, quienes estaban en la redacción de EL ECO el pasado miércoles 18 de febrero no era un grupo de narcotraficantes aprontando las dosis de cocaína para distribuir al día siguiente. Allí había periodistas, trabajando en los temas sobre los que iban a informar a la población el sábado siguiente.

Parece claro que hay una diferencia.

En la redacción de las calles Argentina y Uruguay de Nueva Palmira, no había un montón de motos desguazadas, de origen dudoso que estaban siendo desarmadas para venderlas por partes en talleres clandestinos. Había computadoras con los textos que se preparaban para enviar a la imprenta.

Que el denunciante de El ECO fuera autorizado por el juzgado a dirigir en persona el procedimiento y señalar a los oficiales cual computadora se llevaban y cual no, no parece algo que la justicia permita en otros actos similares.

Que no se respeten los protocolos de incautación de material informático, haciendo copias de los discos duros en presunta infracción, llevándose mouses y teclados, carcazas viejas y monitores es a las claras un exceso que personalmente he calificado de saqueo. Un abuso que permite suponer -periodísticamente, claro- que el fin último era hacer el mayor daño posible, afectando de muerte la salida del semanario a 24 horas del cierre para mandar a la imprenta.

Que no se lacren las computadoras y que se tiren dentro de la caja de una camioneta policial no da ninguna garantía de que las mismas no hayan sido modificadas. Las fotos tomadas en la redacción pudieron ser alteradas, y a las computadoras les pudieron instalar y o borrar cualquier cosa, lo cual no deja otro camino que invalidar absolutamente el procedimiento.

Si el denunciante dice hoy que las computadoras de EL ECO tenían guardados planes de Al Qaeda para tirar abajo la Torre de las comunicaciones de Antel, solo por poner un ejemplo disparatado, la justicia no tendría formas de corroborar que estos archivos no estaban en las computadoras cuando salieron de la redacción de EL ECO.

En definitiva, y dicho esto con el sentido de la más respetuosa discrepancia, está claro que el procedimiento se puede calificar como un diáfano mamarracho más cercano a las carnestolendas que se vivían en esa semana de febrero que al fin de justicia. Ajustado al manual si, pero mamarracho al fin.

Cuando la gente comienza a descreer de los sistemas, no ocurre generalmente que la gente se equivoca. Cuando descree de los sistemas, la sociedad le da la espalada a políticos y a los gobiernos con su voto, se moviliza contra acciones del poder que la lesionan, y se queja cuando se siente abusada en la tienda o el supermercado.

Pero cuando la gente sale de un juzgado y no percibe que haya obtenido justicia, el asco es un sentimiento justificado. Aunque un día aparezca tipificado en el Código Penal.

*La puntualización sobre lo asqueroso, pertenece al libro Anatomía del Asco del periodista William Ian Miller.

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