El triste camino de Colmenero

Censura de la justicia a un medio de comunicación y extorsión a la prensa.

En los hechos, lo que le ocurrió a más de una docena de publicaciones e imprentas del interior del país es lo más parecido a una presunta extorsión, es decir, según la propia definición de la palabra, “Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido” que no parece otro que el sentido del dinero “Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho” señala la definición clásica.

Recibos publicados por Brecha y EL ECO este viernes y sábado respectivamente. Dos casos diferentes que revelan una misma metodología.

Después de que EL ECO diera a luz este sábado, un recibo por honorarios profesionales que el Dr. Fernando Couto le cobró al dueño de una imprenta para levantar una querella civil y penal para que luego éste, comprara el software licenciado que Couto personalmente inspecciona, la palabra presunta extorsión utilizada como presión indebida para obtener dinero, parece ser la indicada para definir el procedimiento de este presidente de una cámara anti piratería cuasi inexistente.

Otro recibo similar publicó el Semanario Brecha, lo que en conjunto con el caso presentado este sábado por EL ECO , es prueba de una metodología de uso habitual por parte de Couto, y coincide con el testimonio que recogimos en periódicos e imprentas de todo el país.

Porque sino es una extorsión, ¿para que un comerciante que no conoce a Couto, le va a pagar honorarios personales a un abogado que no lo defiende, sino todo lo contrario?. Couto intima, luego denuncia, dirige el allanamiento y la incautación de las máquinas. Los que evitan llegar a esta última instancia, obtienen un recibo de “Honorarios Personales” por parte del estudio jurídico de Couto, firmado por Couto, por el pago de una suma de dinero en dólares, que clausura las acciones judiciales y compromete al presunto infractor luego, a comprar el software licenciado al que representa.

Este descubrimiento periodístico da una vuelta total a un procedimiento de por si irregular ordenado por la justicia contra EL ECO y otros varios medios de comunicación.

Para que se entienda: cualquier ciudadano en problemas legales le paga honorarios personales al profesional que lo atiende y que es de su confianza, no a un abogado que no conoce, que lo ataca, lo denuncia, lo allana y lo amenaza con incautarlo.

En este marco, el papel de la justicia queda verdaderamente deslucido, ante una incautación que acertadamente ha calificado como “desproporcionada” el Relator de la OEA para la Libertad de Expresión Dr. Edison Lanza y en la que coincidieron la Asociación de la Prensa del Uruguay, la Organización de la Prensa del Interior y el Centro de Acceso a la Información Pública. Desde este mismo espacio señalé que dicha medida era un verdadero acto de despojo que evidencia un claro intento de cerrar un medio de prensa.

Los 25 años de archivos, los materiales de la edición incautada y los programas contables, realizados especialmente para EL ECO por desarrolladores locales y adaptados para una plataforma de software libre, que se pueden encontrar en las máquinas, agravan aún más la decisión judicial.

Me gustaría saber si en estos días, aunque sea en estos días después del despojo ordenado por la justicia, la jueza Alexandra Facal se puso a averiguar la diferencia entre software propietario, software libre, el proceso de migración de uno a otro que cortó por la mitad, las dificultades que estábamos superando para compatibilizar la diagramación del semanario en software libre, y el derecho a la propiedad intelectual de 25 años de trabajo que mandó tirar arriba de la caja de una camioneta policial, sin precinto, sin acta de escribano y sin garantía alguna para EL ECO, como si fueran un cajón de zapallitos de feria.

La “Convención Americana sobre Derechos Humanos” o “Pacto de San José de Costa Rica” de 1969, en el punto 3 del Articulo 13 señala “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

¿Que más se puede agregar a ésto?.

La celeridad en la incautación es destacada por el abogado defensor de EL ECO, Dr. Enrique Erramouspe,  cuando en su escrito ante el juzgado ante el acto de despojo, señala claramente que “por lo tanto, si el propio denunciante no lo solicitó y nada se constató en la Sede de El Eco de Carmelo mal el Oficio pudo sin justificativo alguno a nuestro juicio disponer la incautación de los equipos informáticos de El Eco de Nueva Palmira. En primer lugar porque nadie se lo solicitó ( sin perjuicio de la potestades que le asiste ), en segundo término porque al no constatarse irregularidades en la Sede de Carmelo nada motivaba un allanamiento nuevamente en la sede de Palmira para incautar la maquinaria, equipos informáticos éstos que son y forman parte medular del trabajo de todo semanario o prensa escrita, con lo cual de hecho se está cercenando una fuente laboral, derecho inalienable de todo trabajador y que conforma los más elementales derechos del ser humano”.

Como ciudadano y periodista que observa los hechos, puedo asegurar que el procedimiento de la Dra. Facal incumple y avasalla las garantías del debido proceso que merece EL ECO. En la acción dejó explicitada su clara intención de cercenar la posibilidad de salida de EL ECO, lo que en los hechos es un claro episodio de censura de un medio de comunicación.

En lo personal me da la impresión que la Dra. María Alexandra Facal decidió tomar el mismo camino de ataque frontal a EL ECO que ya conocimos durante el pasaje del ex Juez Carlos Colmenero.

Colmenero se juntó con el más rancio empresariado extrajero de la zona, para desacreditarnos. Facal complace hasta en lo que no pide,  a un abogado que obliga a pagar honorarios profesionales a quienes denuncia.

Si la doctora Facal eligió ese camino de cercenamiento de los derechos y de presión a la prensa, allá ello, pero que sepa que de nada le servirán las opacidades legales para coartar la larga lucha por la libertad de expresión que realizó y realiza EL ECO como medio de comunicación que es un claro puntal de referencia para la información de la gente. Lo que es seguro es que desde nuestro lugar de trabajo, estaremos, una vez más, en la vereda de enfrente. Con la gente a la que nos comprometimos informar cada día a pesar de los Colmenero de entonces y las Facal de ahora.

El camino de Colmenero no es un camino recomendable para la justicia. No al menos para la justicia que necesita la ciudadanía, ni la prensa libre en un país democrático.

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