El árbol envenenado, la justicia y EL ECO

manzanaLa doctrina del árbol envenenado es una metáfora usada en el ambiente judicial para explicar la imposibilidad del uso de pruebas obtenidas de manera ilícita. La misma dice que si el árbol está envenenado, sus frutos son inválidos porque también estarán envenenados.

Pasando raya: la justicia no puede considerar como válidos, las pruebas obtenidas mediante un acto ilícito.

Es lo que ocurrió en el caso del allanamiento e incautación de las máquinas de las oficinas de Semanario EL ECO de Nueva Palmira.

Primera manzana envenenada: el allanamiento fue ordenado por la jueza de Carmelo, pero ella nunca estuvo presente en el mismo, como tampoco algún funcionario de esa sede. La Dra. Maria Alexandra Facal le dio el poder para dirigir y decidir qué se llevaban de EL ECO, y que cosas se quedaban, al Dr. Fernando Couto. Fernando Couto era el abogado que nos denunciaba.

La incautación de una máquina particular, como la de la co directora Nancy Banchero, nos exime de mayores comentarios sobre las garantías que tuvo EL ECO.

Segunda manzana envenenada: lo ocurrido ese día de febrero en la redacción de EL ECO fue un verdadero saqueo. Llevarse teclados, mouses, carcasas de viejas pcs, monitores, etc, no tenía nada que ver ni aportaba nada para preservar la prueba del presunto ilícito que, de existir, estaba en el disco duro de las seis computadoras.

Tercera manzana envenenada. Apilaron las computadoras arriba de una camioneta policial, sin precintar, sin establecer un acta que dejara constancia sobre lo que se llevaban, sin un detalle documental y fotográfico y sin ningún tipo de cuidado en la preservación de la propiedad de EL ECO.

Como sabemos ahora que las fotografías que utilizaron como prueba son las fotografías que tomaron, que no fotografiaron varias pcs, similares y nos “endosaron” algún software más. Buena pregunta, porque además, nos impidieron sacar fotos del acto y obligaron a la colega a borrar una fotografía de los integrantes del “comando”.

¿Como sabemos que no borraron documentación valiosa para el trabajo periodístico, que no rompieron los elementos electrónicos, que están bien preservadas del agua y la humedad? Y que no las alteraron, e incluso si son las mismas que nos llevaron. Nunca le dieron a nuestro abogado la posibilidad de salvaguardar el material incautado o garantías sobre el mismo.

Agravantes.

Evidentemente no pueden salir frutos sanos de este árbol envenenado. Pero además, la causa tiene varios agravantes.

Agravante uno: por el momento que se hizo el allanamiento, el procedimiento judicial golpeó de muerte la continuidad en la salida de EL ECO, actuando como un claro ataque a la libertad de expresion y violatoria de cualquiera de los derechos que preservan al ciudadano de su posibilidad de recibir información. Fue un ataque despiadado a un medio de prensa con una premisa clara, que surge de los hechos y del momento en que se hizo, de impedir su salida.

De esto tendrá que hacerse cargo la justicia.

Agravante dos: la medida fue claramente desproporcionada. Suponga el lector que un funcionario de OSE  va a la justicia y le dice a la jueza que el agua está siendo envenenada con cianuro por el funcionario encargado de la planta. Es lógico que la jueza corte inmediatamente el suministro de agua a la población, hasta que se esclarezca la situación, aunque pasen varios días.

Ahora, supongamos que el mismo funcionario va a la misma jueza para decirle que se está produciendo una estafa millonaria en esa misma oficina y que el jefe se lleva millones de dólares para su casa. ¿Justifica esta denuncia que la jueza ordene durante varios dias el corte del suministro de agua a toda la población?

Facal ordenó una medida extrema que no tiene otra conclusión y efecto inmediato, que impedir la salida de Semanario EL ECO. Probablemente no fue su intención,  pero fue la consecuencia de su acto porque además, debe ser de los pocos medios de prensa del interior, donde sus dueños y sus periodistas trabajan unicamente de periodistas.

Fue la solidaridad de los vecinos, y solo eso, que impidió que la consecuencia de esa medida resultara exitosa. El procedimiento judicial no dio garantía ninguna durante el proceso a EL ECO, y además, lo afectó profundamente.

Agravante tres: No hablemos de que alguien entre como perico por su casa a un juzgado con una versión moderna del cuento del tío, y sea recibido como un duque, y utilice sus encantos para “hipnotizar” a jueza y fiscal, porque nos puede suceder a cualquiera, como seres altamente sugestionable que somos. Pero lo que sí es un agravante, es que la justicia despojara del derecho de EL ECO a que sea preservado el material intelectual, inédito e irreproducible, que contenían las máquinas extraídas irregularmente de la oficina de Palmira de EL ECO. Muchos años de trabajo que están tirados, y vaya a saber en qué manos.

Porque además, no hubo una comunicación sobre el destino que tuvieron las máquinas.

Agravante cuatro: la presentación de Couto de recibos por “honorarios personales” a cambio de un pago de dinero,  para no hacer la demanda judicial,  encuadraría presuntamente en varias figuras del Código Penal. Eso no se puede obviar,  porque se trata de la simple prueba del nueve: nadie contrata un abogado para que lo denuncie, sino para que lo defienda. Entonces ¿como aceptar un recibo por Honorarios Personales de un abogado que te quiere llevar a los estrados judiciales?.

Eso, y la constatación posterior a través del comunicado de Adobe International, desmintiendo cualquiera conexión entre esa empresa y Couto, por la razón del artillero, desarticula y le quita validez a cualquier iniciativa impulsada en ese sentido.

Agravante cinco: La justicia no dio ninguna posibilidad de realizar los descargos a los que habilita la ley para atenuar la posible infracción, esto es,  la compra del software legal. Eso sin mencionar que  cortó el proceso de negociación previo,  y se negó rotundamente a considerar los atenuantes planteados por el abogado de EL ECO. Sencillamente no lo quiso atender.

Agravante seis: Desde EL ECO hemos establecido diversas líneas de investigación vinculadas a la intendencia de Colonia que, casualmente, nos había realizado un juicio payasesco a través de su director de Transito, en el que la justicia de Carmelo nos tuvo un año y medio para darnos una razón que surgió a la semana de iniciada la instancia. Ahora surge que uno de los denunciantes tendría fuertes vínculos con el ex policía y ahora jerarca municipal que no denunció en nombre de la comuna,  y ademas, es de la misma ciudad del intendente. Por otra parte,  un jerarca de la intendencia, de primer nivel, es intimo amigo de los dos integrantes del estudio que dirige Couto, los denunciantes de EL ECO, a los que se puede ver juntos  paseando por el mundo en las páginas de Facebook.

Esta claro, porque la jueza Facal también participó en esa instancia, que hubo un claro operativo judicial contra EL ECO impulsado desde la intendencia municipal con el fin de golpear a esta publicación.

¿Investigará la justicia si en verdad no hubo un complot de tinte político contra EL ECO, la relación de Couto con este jerarca y la “puntería” para definir el objetivo al que hostigar?

Hay una clara actitud de parcialidad en cada una de las instancias decididas por la justicia de Carmelo, claramente contraria a EL ECO.

Personalmente, no tengo dudas, que el caso de EL ECO se estudiará en los foros de Derecho en los próximos años.

La denuncia, los alegatos, la resolución de la jueza, la argumentación de la fiscal, los oficios disparatados que se libran esta semana y los que se hicieron antes por parte de la Fiscalía, serán en el futuro material de consulta, sobre como actuar indirectamente desde la justicia para  cercenar los derechos de la prensa.

En un país que se jacta de la calidad de su democracia, los medios de comunicación no escapamos a las exigencias sobre la rigurosidad de nuestro trabajo.

El Poder Judicial tampoco debería ser impune.

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