Si el Poder Legislativo, que es uno de los tres poderes del Estado, debe recurrir a otro poder del Estado, el judicial, para dirimir sus diferencias, es porque el propio Poder Legislativo no es capaz de resolver sus problemas. Entregarle sus diferencias a un poder desprestigiado y oscuro, de nula representatividad popular como el Poder Judicial es, ni mas ni menos, que rifar la institucionalidad republicana y debilitar las instituciones electas por la gente.
La denuncia, que presentará el senador Pablo Mieres a la justicia por las presuntas irregularidades en Ancap, no es la única pero es un claro ejemplo de ello.
Según él mismo senador señaló a la prensa nacional, llevará a la justicia tres planteos “el proceso licitatorio, otorgamiento de publicidad a una radio que no estaba funcionando, el monto de la factura de la fiesta de inauguración de la desulfurizadora, la existencia de comisiones cobradas por la agencia para buena parte de los proveedores, la ausencia de exigencia de Ancap a la agencia publicitaria para la presentación de tres presupuestos, para chequear que no se cobre más caro de lo que debería».
Todos son temas que una purga gerencial en Ancap y una remoción de directores a través de decisiones políticas podrían solucionar rápidamente. Ergo, la oposición es incapaz de lograr este efecto en el gobierno.
El problema de Mieres.
Pero primero pongamos las cosas en contexto para saber porqué el senador Pablo Mieres, único senador del Partido Independiente, llega a esta instancia y porqué aseguramos que dicha decisión socava la institucionalidad del propio poder del Estado para el que fue electo como representante, y que en buen romance no es otra cosa que darse la piedra contra los dientes. Crisis de representatividad que le dicen.
Los gobiernos son electos para que gobiernen, eso está claro. La ciudadanía uruguaya entendió claramente que los contubernios parlamentarios que hacían blancos y colorados en la cámaras, terminaban perjudicando su vida y la vida del país, y por lo tanto, utilizó la herramientas de mayorías parlamentarias, para darle el poder suficiente que necesita el gobierno para llevar su programa adelante.
Es lo que pasa en las intendencias del interior, donde el intendente que gana, tiene por ley las mayorías necesarias de ediles para gobernar, como es el caso de Colonia con Carlos Moreira. Y con su mayoría de ediles, gobierna durante cinco años, en los cuales la gente confirma su apoyo, o los saca con el voto en la elección siguiente.
Mieres, al igual que el diario El País y subido al carro de la feroz campaña de la oposición para romper las mayorías parlamentarias -que ellos mismos habían inventado en su momento para que no ganara el Frente Amplio-, apostó a que esta fuerza política no tendría mayorías parlamentarias, y entonces él sería el “senador bisagra” del sistema político.
¿Como es esto?, bien fácil. Calculaba que el Frente Amplio sacaría 15 senadores, otros 15 blancos y colorados y que él quedaría como el senador 16 y por lo tanto, con escaso ochenta mil votos, sería quien decidía que cosas se aprobaban, y que cosas no se aprobaban en el senado. Según él mismo explicaba entonces, unas veces decidiría darle mayorías al gobierno y otras votaría con la oposición. El planteo resultaba brillante para Mieres: con pocos votos, era el dueño de las decisiones del gobierno y quién le daba o le quitaba la mayoría en cada tema que se planteaba en el senado.
La estrategia tenía una falla enorme, que fue detectada inmediatamente por el pueblo en el pasado octubre ¿quien le aseguraba al pueblo uruguayo que Mieres, un solo senador con escaso respaldo electoral, sería el iluminado, el hombre sabio que decidiría ecuánimemente por el pueblo, si el apoyo que daba al gobierno o a la oposición, iba a ser el correcto, el que el pueblo quería, o si en realidad sería el capricho o la conveniencia de Mieres, lo que le haría levantar la mano a favor o en contra?
Como el pueblo no es bobo, la gente se dio cuenta rápidamente de esta jugada electoral y, correctamente, decidió una vez más darle la mayoría al gobierno para que pueda aplicar el programa que propuso, y llevar adelante las promesas de campaña.
Sin poder en el Senado, Mieres es hoy un fantasma político, cuya presencia no significa ni chicha ni limonada a nivel parlamentario. Que el Soc. Pablo Mieres esté o no como senador, para la gente común, es totalmente indiferente.
Mieres, el hombre solo.
Mieres no es más que el reflejo de una oposición que resulta incapaz de unirse en un informe común sobre el resultado de la comisión investigadora que formaron para Ancap y que, también es incapaz de presentar una propuesta alternativa que sea efectiva opción electoral. Al igual que el Partido Nacional, y ante la incapacidad para disputarle el gobierno al Frente Amplio con propuestas en las urnas, está optando por venezonalizar la política local, lanzándola por un camino que, en Venezuela, terminó con violencia verbal y física, muertos en las calles, y la imposibilidad de diálogo político.
Como dijo hace pocos días el dirigente comunista Juan Castillo, la oposición “no pudo probar que Sendic se llevó 10 mil pesos de Ancap” en referencia a que, está claro, que una cosa es cuestionar la gestión de una empresa pública como Ancap, y otra muy distinta, señalar que su Presidente se quedó con un solo peso. Algo que el Partido Nacional no pretendía probar con la Comisión Investigadora de Ancap ya que su objetivo era, a falta de propuestas electorales, voltear a Sendic como posible candidato del Frente Amplio para 2020. Misión en la que, hay que decirlo claramente, tuvieron éxito por la feroz campaña mediática, pero también por la incapacidad del Frente Amplio, de articular una estrategia de defensa común ante el embate opositor. El gobierno no pudo hasta ahora explicarle a la gente qué fue lo que pasó en Ancap. Muchos sectores del Frente Amplio aprovecharon incluso la oportunidad para hacerle saber a Sendic, que no lo creían como el mejor candidato para la próxima campaña electoral de 2020.
Para destacarse en un escenario que le es adverso, Mieres, tomó el peor de los caminos.
Es la política.
Jueces que decretan cualquier cosa, gastos de la justicia sin ningún control, funcionarios que se aprovechan de una mala redacción para exigir reparaciones fuera de este mundo, policías que les llevan pruebas a medias, jerarcas que no leen ni los propios procedimientos que redactan sus superiores, son una faceta del Poder Judicial que la gente que tiene que recurrir a la justicia, nota perfectamente cada día que tiene que estar del otro lado del mostrador. Ver que en Carmelo o Colonia hay excelentes funcionarios no debe ser excusa para esconder la realidad de que la justicia es una rifa en donde te irá mejor o peor, proporcionalmente al abogado defensor que puedas pagar.
El Poder judicial es el poder menos trasparente del Estado y por lo tanto, llevarle a él la responsabilidad de atender una causa política, es parte de una estrategia que empareja para abajo la política, lugar del que proviene Mieres. Así las cosas, hay que tener confianza en el Poder Judicial, pero resulta que el Poder Judicial no es un poder confiable.
La independencia técnica que alegan jueces y fiscales es un gran cajón de turco donde entra cualquier cosa: desde la prisión de Zimmer hasta el golpeador que fue dejado en libertad hace unos días en un juzgado de Montevideo. De ahí puede salir cualquier cosa menos un acto de justicia y además, el conflicto injusto, desmedido y fuera de lugar que hacen los jueces de la Suprema Corte de Justicia -basados en una avivada criolla que fue no declarar partidas para que su sueldo quedara por debajo de los ministros de Estado- y que lo enfrentan actualmente con el Poder Ejecutivo, convierten a cualquier causa contra el gobierno en un casi fallo adverso para éste. Hoy por hoy, la venganza parece haberse convertido en el plato frío de la independencia técnica.
Además de temeraria y de desprestigiante del sistema político, la decisión de Mieres va en contra de las más elementales prácticas del juego político que es lograr el efecto querido, esto es el apoyo en las acciones política, a través de la llegada de su prédica con la gente, en el lugar donde están los votos, y no en el oscuro despacho de un integrante del Poder Judicial.
Delegar en la justicia un conflicto del poder político, no demuestra otra cosa que incapacidad de los actores políticos de la oposición para presentar acciones de gobierno que convenzan y movilicen a las grandes mayorías populares, esas a las que no llegan ni con la ayuda del goteo incesante de la política de algunos medios de comunicación, y que les dieron la espalda en noviembre pasado por tercera vez consecutiva.
Una lástima, porque el país necesita una oposición que tenga propuestas que puedan llegar al gobierno, para lograr la normal alternancia que necesita una república, y de la que se terminan beneficiando los ciudadanos.
Lo de Mieres no es más que un acto desesperado de una oposición sin propuestas, como la que ya hemos visto en Venezuela.