Lo que vivimos ayer en el Parlamento no fue un simple debate técnico sobre cañerías o represas. Fue, en el fondo, un choque de modelos. Mientras algunos intentan reducir la discusión del agua a una planilla de costos o a la conveniencia de la obra en Casupá, hay una memoria que nos quema las manos y que hoy, más que nunca, hay que poner sobre la mesa de cada vecino en Colonia y en todo el país.
Ayer, entre idas y vueltas, se recordó el plebiscito de 2004. Y no es un dato menor. Hay que refrescarle la memoria a los que tienen amnesia selectiva: Uruguay fue el primer país del mundo en poner en su Constitución, por voto popular, que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y que deben estar, exclusivamente, en manos del Estado.
¿Por qué llegamos a eso?
No fue por un capricho ideológico. Fue la respuesta visceral de un pueblo que vio lo que pasaba en Maldonado. ¿Se acuerdan de Uragua y de Aguas de la Costa? Aquella privatización de los 90 que nos vendieron como «progreso» y terminó siendo un saqueo.
En aquel entonces, los ciudadanos de Maldonado pagaban las tarifas de agua más caras del continente por un servicio que era un desastre. El agua se transformó en un lujo de pocos mientras las empresas privadas se llevaban la rentabilidad afuera. Esa indignación fue la que generó la juntada de firmas, la que unió a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y la que terminó con el 64% de los uruguayos diciendo «BASTA» en las urnas.
El peligro del retroceso
Hoy, cuando se debate sobre Casupá, sobre Neptuno o sobre quién gestiona nuestros recursos, lo que está en juego es ese espíritu del 2004. Aquella victoria popular no fue para que hoy busquemos «vueltas creativas» para que los privados vuelvan a meter la mano en el tarro de la OSE.
El agua de nuestra costa, de nuestros ríos, la que sale de la canilla del vecino más humilde de Carmelo, no puede ser el «plus» de un negocio inmobiliario de chacras marítimas ni el botín de una multinacional.
Ayer en la Cámara se tiraron con la Constitución por la cabeza. Pero la Constitución no es un libro para ganar discusiones de oficina; es el escudo que nosotros, los ciudadanos de a pie, forjamos para que nunca más un gerente de una empresa privada nos diga cuánto vale nuestra sed.
El agua es soberanía. Y la soberanía, como el periodismo de trinchera, no se negocia: se defiende.
El blog de Gabriel Monteagudo 